Una unión temporal y un consorcio, integrados por cinco empresas, fueron los dos únicos proponentes que enviaron cotizaciones a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para la ejecución de las obras de una nueva fase del esperado proyecto de protección costera de Cartagena.
El anuncio de esas dos ofertas lo hizo ayer la Unidad, encargada de ejecutar los $160.000 millones que la Nación y el Distrito invierten para mitigar la erosión en todo el litoral cartagenero, luego de que la veeduría Funcicar advirtió que la entidad nacional no había publicado la información, a pesar de tener esas cotizaciones desde el 25 de agosto.
La fase dos del proyecto de protección costera contempla la intervención de 2.5 kilómetros del litoral desde el barrio El Cabrero hasta el túnel de Crespo.
El primer componente de esta nueva fase, que será el que ejecute el contratista seleccionado, comprende la intervención de 500 metros de litoral en los que deben construirse dos espolones, una escollera para la conformación de playas y un acceso a las mismas, y sembrar vegetación nativa en esa zona.
Para estos trabajos hay un presupuesto de $21.244 millones y un plazo de ejecución de cuatro meses a partir de la adjudicación.
Dos de las empresas que pujan por esta nueva fase de obras se ganaron la primera etapa, que comprende trabajos entre El Laguito y el Centro Histórico.
Sin haber comenzado, esa primera etapa ya generó manifestaciones de los trabajadores informales del turismo, quienes esta semana protestaron frente al Palacio de La Aduana al no tener certezas sobre cómo el Distrito y Gestión del Riesgo les garantizarán su trabajo una vez las obras comiencen en noviembre próximo.
Las empresas
Tras casi dos meses de haber abierto el proceso para recibir cotizaciones, Gestión del Riesgo recibió dos propuestas.
La primera, por $20.306 millones, la envió el 23 de agosto el Consorcio Protección Fase II, representado por Osvaldo Rodríguez Luna y conformado por las empresas:
- A & D Alvarado & During SAS, con el 50% de participación, y
- Dinacol SA, con el 50% restante.
Esas dos empresas se ganaron, junto a la firma guajira Dicon Ingeniería e Inversiones SAS, la primera fase de la protección costera, por $136.398 millones, como integrantes del consorcio Proplaya. Una selección que generó dudas por la solidez financiera de ese consorcio para ejecutar las obras.
Las dudas sobre el músculo financiero de Proplaya vienen justamente de la empresa bogotana Alvarado & During SAS, que ahora es una de las interesadas en ejecutar la fase dos de este millonario proyecto. Desde junio de 2019, esa firma está en “reorganización empresarial, adjudicación o liquidación judicial”, un proceso al que acuden las empresas colombianas cuando no pueden atender sus obligaciones o están próximas a dejar de pagarles a sus acreedores.
Sin embargo, tras una petición de la Vicepresidencia de la República, Gestión del Riesgo volvió a revisar las características financieras de ese consorcio y confirmó que sí tiene capacidad y fortaleza financiera para ejecutar las obras adjudicadas en mayo pasado.
A & D Alvarado & During SAS fue fundada en 1963 por el ingeniero Jorge Alvarado Cañón. Tiene cinco accionistas:
- Ilse During de Alvarado
- Jorge Alvarado Cañón
- Ilse Alvarado During
- Alejandro González Alvarado y
- Juan Carlos Monzón Alvarado.
Su representante legal es Juan Carlos Monzón Alvarado y hoy tiene sedes en Bogotá y Cartagena.
El otro integrante del Consorcio Protección Fase II es la empresa cartagenera Dinacol SAS, con 14 años de experiencia en obras civiles. Además de la construcción, esta compañía se dedica a la fabricación de estructuras metálicas.
Su representante es Osvaldo Rodríguez Luna.
Desde 2014 está inscrita en el registro único de proponentes, que permite contratar con el Estado Colombiano. En el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) registra 11 contratos firmados con distintas entidades públicas por $31.048 millones.
En 2016, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, le adjudicó la construcción e instalación de muelles flotantes en Barranquilla, Mompox y Bucaramanga por $1.656 millones. Esas obras le generaron ruido a esta empresa porque el muelle de la terminal Yuma, en Bucaramanga, presentó fallas 10 meses después de haber sido instalado.
La otra cotización que recibió Gestión del Riesgo fue la de la Unión Temporal Espolones El Cabrero, por $20.258 millones.
La integran tres empresas de personas naturales con trayectoria en la construcción de obras civiles en el país. Ellas son Antonio Bernardo Cure Yunez, con 70% de participación; Francisco Ramón Ríos Danies, con 20%, y William Torres Mayorga, con el 10% restante.
La firma Antonio Bernardo Cure Yunez está matriculada en la Cámara de Comercio de Barranquilla desde 1994, como una empresa dedicada a la construcción de carreteras y otras obras de ingeniería civil.
Entre los contratos públicos que se ha ganado hay nueve para la construcción de vías en el Atlántico y el dragado de varios tramos del río Magdalena, que suman $13.535 millones. Seis de ellos se los adjudicó Cormagdalena.
Otra firma de la unión temporal es Francisco Ramón Ríos Danies, de origen guajiro. Desde su creación en 1998 se ha dedicado al comercio de productos de construcción, a la construcción de carreteras y de otras obras civiles.
Como contratista público ha ejecutado varios trabajos como integrante de consorcios y uniones temporales. En junio pasado, como miembro del Consorcio PEAD DFV, obtuvo un contrato de la Gobernación del Atlántico para la construcción de redes de alcantarillado en la zona rural del municipio de Sabanalarga, por $2.937 millones.
La tercera firma integrante de la unión temporal es William Torres Mayorga, de Bucaramanga, dedicada a las obras civiles y al alquiler de equipos para la construcción y demolición de edificios.
Desde 2019 está inscrita en el registro único de proponentes, donde reporta contratos con privados como Consorcio Obras Especiales Ruta del Sol, MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles, entre otros.
No ha firmado contratos con entidades públicas a nombre propio.
Lo que sigue
Aunque la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres no reveló de inmediato la agenda con las fechas exactas del proceso de contratación, posteriormente detalló que hasta el próximo 13 de septiembre tiene plazo para evaluar las dos cotizaciones que recibió.
De esa forma podrá establecer si debe solicitarles a los oferentes alguna subsanación, trámite que deberá adelantar hasta el 16 de septiembre.
Luego de eso, la entidad tendrá que convocar a un comité de evaluación para definir si los dos privados cumplen o no con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros y posteriormente escoger a la mejor oferta o declarar desierto el proceso si ninguna de las dos propuestas cumple con los requisitos, algo que se sabrá el 20 de septiembre.
Si una de las dos cotizaciones es seleccionada, el comité evaluador tendrá hasta el 24 de septiembre para informarle al oferente, vía correo electrónico, de su elección y este último deberá responder, a más tardar el 28 de septiembre, si acepta o rechaza esa invitación.
La parte final, es decir, el perfeccionamiento y la firma del contrato será el 30 de septiembre.