Ana María González, en el centro, es la secretaria del Interior de Cartagena y la cofundadora de FEM. /Foto: Ofiprensa Alcaldía de Cartagena.
Los contratos del círculo de la Secretaria del Interior en el gobierno de Dau
Diecinueve OPS que la Alcaldía de Cartagena ha firmado, desde noviembre de 2020, con personas que en el pasado trabajaron con Ana María González evidencian que la contratación por amiguismos persiste en el autoproclamado gobierno transparente de Cartagena.
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Las contrataciones por orden de prestación de servicios (OPS) en la Alcaldía de Cartagena de, al menos, cinco asociados y tres exmiembros de la Fundación por la Educación Multidimensional (FEM), cofundada por la actual secretaria del Interior, Ana María González, evidencian que a esa organización y a gente del círculo de la funcionaria les ha ido bien en el gobierno de William Dau.
Parte de esos contratos los reveló, esta semana, el programa radial Después de las Noticias y ya fueron discutidos este jueves por el Concejo Distrital.
Se trata de una práctica que no es nueva en Cartagena ni exclusiva de esta capital, y ha sido una constante en las administraciones distritales, incluida la del alcalde anticorrupción Dau.
De hecho, la vinculación por OPS en su gobierno ya había sido noticia en 2021, cuando salieron a flote las cuotas burocráticas de la exzarina anticorrupción y actual enlace con el Concejo Lidy Ramírez, y las de Salvemos a Cartagena —trampolín político de Dau— y grupos aliados como el Moir y el Partido Verde.
Las vinculaciones por OPS son legales, a menos que los seleccionados no cumplan con el objeto de sus contratos (corbatas). Sin embargo, son más cuestionadas durante el gobierno de Dau porque él era un crítico recurrente de ellas antes de llegar a La Aduana.
Y en el caso de la Secretaría del Interior, varios de estos contratos sugieren una puerta giratoria del sector privado al público, y un fortalecimiento institucional de una entidad privada con recursos públicos.
A partir de la información periodística publicada, La Contratopedia Caribe revisó la documentación legal de FEM y los contratos alojados en el Sistema de Contratación Pública (Secop) de personas que tuvieron o tienen relación con esa organización.
Este medio encontró 19 OPS, firmadas entre noviembre de 2020 y febrero de 2023, que suman $390.500.000 y muestran que:
- Cuatro miembros de esa organización (Marcy Luz Miranda, María Elena Torres, Dilia Flórez y Karen Judith Gutiérrez), y una antigua asociada (Paola Benavides) tuvieron contratos en 2022 en la Secretaría del Interior, después del nombramiento de González.
- Las cuatro integrantes que siguen activas en FEM volvieron a ser contratadas en la Secretaría del Interior en febrero de este año.
- Un exintegrante de la organización (Miguel Manga) es el actual director de Cooperación Internacional, cargo que antes ostentaba la secretaria González.
- Y otras dos personas que han sido asociados de FEM (Wilfrido Pérez y Mauricio Torres) han tenido contratos en la Secretaría de Planeación desde 2020. Uno de ellos continúa como contratista de esa dependencia.
Los lazos de FEM con González
FEM es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en julio de 2007 por la hoy secretaria del Interior Ana María González y William Keith Bookwalter.
La organización nació, en Cartagena, con la misión de ejecutar programas y proyectos para el desarrollo y mejoramiento educativo integral en Colombia. Desde entonces, sus miembros trabajan con las comunidades cartageneras.
En octubre de 2007, FEM fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, donde estuvo domiciliada durante una década sin perder su sede en Cartagena. En 2017, cambió su domicilio a esta capital.
Hasta noviembre de 2019, González fue miembro clave de esa organización, según las actas de las asambleas que reposan en el expediente de FEM en la Cámara de Comercio. Con su voz y voto tomó decisiones de tipo legal, financiero y administrativo.
En una reunión extraordinaria, celebrada el 15 de noviembre de 2019, González renunció a su cargo como representante legal suplente de FEM, más no a su estatus de fundadora de esa organización. Un mes después, el entonces alcalde electo Dau la anunció como miembro de su gabinete desde la oficina de Cooperación Internacional.
González ha reconocido en redes sociales su rol de fundadora vitalicia en FEM “para evitar que la vendan y la conviertan en una ONG de garaje”.
En esa misma declaración pública del año pasado también dijo que nadie en Cartagena podría asegurar que ella hubiese hecho algo para favorecer, desde sus cargos públicos, a personas de esa organización.
Esa declaración pública, realizada en la plataforma Meta (antes Facebook), la hizo en respuesta a cuestionamientos de diferentes voces, como la férrea opositora del gobierno Dau y hoy precandidata a la Alcaldía de Cartagena Jacqueline Perea, por la participación de FEM en los procesos electorales junto a la Misión de Observación Electoral (MOE).
Ese asunto quedó resuelto hace unas semanas, cuando la MOE Cartagena informó que FEM no formaba parte ya de sus procesos de veeduría electoral para evitar “cualquier riesgo de conflicto de interés”.
Sin embargo, los contratos que desde octubre —tres meses después de la designación de González como Secretaria del Interior— han conseguido asociadas y directivas de FEM evidencian lo contrario.
Incluso, plantean una puerta giratoria del sector privado al sector público, porque varios de esos contratistas hoy trabajan desde la Secretaría del Interior proyectos con comunidades locales afro, que forman parte de los grupos objetivos de FEM.
Las asociadas de FEM en la Secretaría del Interior
Cuatro asociadas de FEM hoy tienen contratos en la Secretaría del Interior para trabajar en programas étnicos. También los tuvieron en octubre de 2022.
Una de esas directivas es la contadora pública Marcy Luz Miranda Cassiani, directora ejecutiva y representante legal suplente de FEM y hoy vinculada a la Oficina de Asuntos Étnicos de la Secretaría del Interior. Ella ha firmado dos contratos con esa dependencia, que suman $34.400.000.
Ambos contratos tienen por objeto diagnosticar las prácticas socioeconómicas de las poblaciones afro y palenquera en Cartagena. El último de esos contratos lo firmó en febrero pasado, por $26.400.000 millones, por ocho meses.
Además de ser representante legal suplente de FEM, Miranda Cassiani es la administradora de la agencia de viajes Forero Zuleta Travel, ubicada en la misma dirección de las oficinas de FEM en Cartagena y propiedad de la empresa Forero Zuleta SAS.
Esta última fue constituida en 2022 y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá. Sus accionistas principales son la mamá de la secretaria González (Sandra Forero) y su hija (Rosario Zuleta).
Forero Zuleta SAS es el reemplazo del antiguo brazo económico de FEM: la incubadora de empresas Trakti SAS, creada por FEM en 2014 y ya liquidada (su proceso de liquidación comenzó en noviembre de 2020).
Trakti SAS fue creada para solventar los costos de funcionamiento de FEM. De esta empresa nació el establecimiento Insider’s Tour, sede de Cartagena Insider, una agencia que ofrece servicios de turismo cultural en Cartagena y sus alrededores.
En la incubadora de empresas Trakti SAS también eran accionistas varios asociados de FEM. Entre ellos, Ana María González, y sus hijos, Rosario y Rodrigo Zuleta, en aquel momento menores de edad.
Otra contratista de la Secretaría del Interior es Dilia del Carmen Flórez, bachiller académico y líder indígena de la etnia Zenú, quien ejerce la representación legal de FEM este año, cargo que ya había ostentado en 2019.
Flórez tiene una OPS vigente desde el 11 de febrero pasado. Es el más reciente de tres contratos, que suman $46.000.000.
- El primero data de octubre de 2022, por $6.000.000, para apoyar el proyecto de atención diferencial a la población negra, afro, raizal y palenquera del Distrito durante tres meses.
- Los otros dos son de febrero de este año, por $20.000.000 cada uno, y con el mismo objeto: prestar servicios para el proyecto de fortalecimiento de gobernanza de las comunidades indígenas de Cartagena.
La abogada María Elena Torres Muñoz, asociada y asesora jurídica de FEM, quien ha actuado como su representante legal en el pasado, también ha firmado contratos con la Secretaría del Interior ahora que está en cabeza de González.
El primero de esos contratos data de octubre de 2022, por $12.000.000 y con una vigencia de tres meses, para prestar sus servicios como abogada en el programa de fortalecimiento de la población afro, raizal y palenquera de Cartagena.
En febrero pasado, Torres Muñoz volvió a ser contratada, esta vez por ocho meses, para realizar las mismas labores. El valor de este contrato es de $36.000.000.
La cuarta miembro de FEM contratada por la Secretaría del Interior es Karen Judith Gutiérrez, abogada y parte del área legal de esa fundación. También comenzó a trabajar desde octubre de 2022 en el Distrito.
Con un contrato de tres meses, por $12.000.000, la abogada se unió al programa de fortalecimiento para la población afro, raizal y palenquera de Cartagena.
Como las demás asociadas, en febrero Gutiérrez volvió a ser contratada por ocho meses para cumplir las mismas funciones, esta vez por $28.000.000.
Además de las actuales miembros de FEM, la exasociada Paola Benavides Vásquez también integró el equipo de la Oficina de Asuntos Étnicos los últimos tres meses de 2022.
En octubre pasado, cuando firmó una OPS por $9.000.000 con la Secretaría del Interior, era la directora del área legal de FEM.
A diferencia de las actuales asociadas, Benavides no volvió a ser contratada en febrero pasado. Días antes de que comenzara el mes, el 28 de enero, FEM publicó un comunicado en redes en el que anunciaba que ella no continuaba más como directora legal de la organización.
La Contratopedia le preguntó a la secretaria González por la vinculación de este personal a través de OPS y respondió que lo hizo por la confianza que les tiene, “y porque son las personas idóneas para trabajar en estos temas”.
“Mi organización es respetada en estos temas”, dijo al referirse al trabajo con grupos étnicos que las asociadas de FEM realizan con esa organización y ahora como contratistas de la Secretaría del Interior.
El exmiembro que ahora es director de Cooperación Internacional
El contrato por prestación de servicios más millonario entregado a un miembro del círculo de Ana María González, en lo que va del gobierno de William Dau, lo firmó el politólogo Miguel Manga, actual director de la Oficina de Cooperación Internacional.
Se trata de un contrato por $45.000.000, firmado en febrero de 2021, por diez meses, para —entre otras tareas—:
- Identificar eventuales cooperantes internacionales
- Socializar con esos eventuales cooperantes la oferta de programas del Distrito que podían financiar
- Y promocionar las actividades del programa Más Cooperación Internacional.
En octubre de ese mismo año, Manga firmó otro contrato por $10.000.000 para desempeñar labores similares por dos meses más. Y en enero de 2022 volvió a ser contratado por siete meses, por un valor de $33.600.000.
Tras ese contrato, Manga fue designado, en reemplazo de González, como nuevo director de Cooperación Internacional del Distrito. Cargo que ejerce desde julio de 2022.
La relación de Manga y González data desde 2009, cuando Manga era estudiante de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, en la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), y la actual secretaria del Interior era profesora de ese programa académico.
Posterior al grado de Manga, el politólogo entró a FEM como voluntario en el área de formulación de proyectos, entre 2013 y 2015.
Tras salir de esa organización, Manga trabajó como consultor en la Fundación Saldarriaga Concha y luego como asesor del Centro de Referenciación y Atención a Población Retornada y Migrante del departamento de Bolívar para la Cancillería Colombiana, entre 2018 y 2020.
Además de haberlo buscado para contratarlo como asesor de Cooperación Internacional, cuando ella fue la directora de esa oficina, González le sugirió a Dau el nombre de Manga para que la reemplazara, le contó a La Contratopedia una fuente del Palacio de La Aduana que pidió no ser citada.
Consultada por este medio sobre los contratos de Manga, González respondió que ella sí lo buscó por su buena hoja de vida. “Él ha trabajado conmigo en varias partes. Es un profesional excelente”, dijo.
Sin embargo, no confirmó haberle sugerido su nombre al alcalde Dau para que la sucediera. “No recuerdo. (…) el alcalde decide él mismo sus asesores. Miguel conoce, perfectamente, el trabajo de la oficina de Cooperación”, le respondió a La Contratopedia vía WhatsApp.
El socio y el exmiembro que llegaron a la Secretaría de Planeación
Durante el gobierno Dau, un exsocio y un socio de FEM fueron contratados para prestar sus servicios como contratistas en la Secretaría de Planeación.
El exsocio es el arquitecto Mauricio Alberto Torres, quien fue accionista y representante legal de Trakti SAS, empresa que durante años sostuvo económicamente a FEM.
Torres entró a la Secretaría de Planeación, en noviembre de 2020, con un contrato de $8.000.000, por dos meses, para trabajar en los planes de Ordenamiento Territorial (POT) y Especial de Manejo y Protección (PEMP).
Desde entonces, este arquitecto ha firmado otros tres contratos como parte del proyecto de fortalecimiento a la reglamentación urbanística del ordenamiento territorial en Cartagena:
- Uno es de marzo de 2021, por $30.800.000, por siete meses.
- Otro data de enero de 2022, por $36.000.000 y ocho meses de servicio.
- Y el último es de febrero de este año, por seis meses, por $27.000.000.
La otra persona que ha tenido vínculos con FEM es Wilfrido Pérez Luca, bachiller, guía turístico y líder indígena de la etnia Zenú, contratado en la Secretaría de Planeación, en junio de 2021, por seis meses, como parte del proceso de formulación del POT y el PEMP. Su OPS fue por $9.300.000.
En enero de 2022 tuvo otro contrato, para la misma labor. Esta vez, por ocho meses y $12.400.000. Este año no tiene OPS.
Sobre estas dos contrataciones, González le dijo a La Contratopedia Caribe que conoce a ambos contratistas, pero que no sabía que Mauricio Torres estaba en Planeación Distrital “hasta mucho después” de su vinculación.
Aunque, para la fecha en que Torres entró como contratista en la Secretaría de Planeación, González y él seguían teniendo contacto, ya que en ese momento la empresa Tratki SAS, de la que ambos eran accionistas, estaba comenzando su proceso de liquidación.
A Pérez sí le recomendó postularse —dijo— tan pronto supo de la vacante. “A Wilfrido le propuse presentarse a la convocatoria por su experiencia y trabajo en el Museo Zenú y su conocimiento del tema indígena”, explicó.
Todos estos contratos, llenos de vasos comunicantes con la secretaria González —funcionaria clave en el gobierno distrital y mano derecha de Dau—, no son ilegales. Sin embargo, sí evidencian que el alcalde no logró cumplir una de sus primeras promesas tan pronto fue elegido: acabar con los amiguismos asociados a la vinculación de personal en el Distrito.
En varias de estas OPS, por el contrario, primaron los vínculos pasados entre los contratistas y la secretaria González.