El médico Benjamín Luna recuerda el día en que el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos estrechó su mano para entregarle el título de tierras que su pueblo de pescadores esperaba desde hacía siglos. Fue la tarde del domingo 15 de abril de 2012, en una ceremonia llena de la magia y el color del Caribe colombiano. También de símbolos históricos.
La plaza de San Pedro Claver, en el Centro Histórico de Cartagena de Indias, fue el escenario. Cuatro siglos atrás, este icónico sitio había sido el epicentro de la diáspora africana. Las murallas de piedra fueron el telón de fondo para la tortura y venta de hombres, mujeres y niños como mercancías.
Pero ese cordón amurallado también había sido testigo de la mayor obra humanitaria a manos de san Pedro Claver, el sacerdote jesuita que, entre 1617 y 1651, curó y calmó el hambre y la sed de millones de esclavos traídos de África en barcos negreros durante la Colonia.
Para resarcir un ápice de este episodio de la humanidad, esa tarde de abril de 2012, una veintena de niños viajaron desde las poblaciones de La Boquilla (Cartagena) y San Basilio de Palenque (municipio de Mahates, Bolívar) para acompañar al médico Benjamín Luna y al profesor palenquero Sebastián Salgado. Ambos recibieron, de manos del presidente Barack Obama, la Resolución 0467 del 30 de marzo de 2012, emitida por el Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras – ANT).
Aquel documento era un hito por sí mismo: otorgaba los dos primeros títulos colectivos a comunidades afro del Caribe colombiano, desde que había sido promulgada la Ley 70 en 1993. Esa norma les da reconocimiento y propiedad sobre el territorio ancestral a las comunidades preservadoras de las tradiciones cuyas raíces en América se remontan a la llegada de los pueblos africanos.
Esta comunidad celebra las fiestas del pescador todos los años en el mes de junio. Fotografía: John Montaño.
El presidente Obama estaba allí porque había sido uno de los 32 jefes de Estado invitados a la VI Cumbre de Las Américas, que se celebró en Cartagena del 9 al 15 de abril de ese año.
“Ahora nuestras tierras están blindadas y la comunidad tiene garantías de que no será desplazada por empresarios que tienen la mira puesta en hacer proyectos turísticos e inmobiliarios en el territorio que nos pertenece como comunidad afrocolombiana”, pronunció aquella tarde el médico Luna durante su discurso de agradecimiento ante los asistentes que llenaron la plaza de San Pedro Claver.
Las palabras de Luna vuelven a tener eco hoy, cuando La Boquilla, esa población afrodescendiente de 6.000 habitantes, que tiene más de dos siglos de ancestralidad entre el mar Caribe y la ciénaga de La Virgen, en el norte de Cartagena, sufre el más prolongado y silencioso proceso de gentrificación en toda su historia. Un despojo a cuentagotas que conduce a la desaparición inexorable de una cultura y un modo de vida.
Lucha y pérdida de la titulación del pueblo boquillero
La Boquilla siempre ha peleado por su territorio. Lo hizo inicialmente en la primera mitad del siglo pasado contra la familia Paz, quienes reclamaban propiedad sobre una amplia parte de esta zona Caribe. Esas reclamaciones ocurrieron en dos oportunidades: 1924 y 1943.
La población, sin embargo, demostró su ancestralidad y que a esta familia solo le correspondía un fragmento de tierra del puente de La Bocana, hacia donde hoy opera la pista del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.
En la investigación ‘La Boquilla: caracterización socioambiental y cartográfica’, realizada por el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, queda testimonio de esa “resistencia ejercida, a inicios del siglo XX, por los boquilleros frente a las pretensiones de la familia Paz, élite de la ciudad de Cartagena y dueños de la Hacienda de Crespo, quienes reclamaban a La Boquilla como parte de su propiedad”.
“Luego fue el obispo de la ciudad, Pedro Adán Brioche, quien reclamó La Boquilla como propiedad, argumentando que estas tierras habían sido recibidas como pago por parte de la familia Paz por deudas adquiridas tras la prestación de servicios religiosos”, cuenta el Observatorio en su indagación.
Las danzas tradicionales, con el tambor como eje central, se han convertido en un símbolo de este pueblo. Fotografía: John Montaño.
Fue Concepción Miranda, aguerrida líder afro del corregimiento de Rocha, municipio bolivarense de Arjona, en las ardientes orillas del canal del Dique, quien radicó la primera solicitud de titulación colectiva para su pueblo, después de asistir a un taller sobre la Ley 70 liderado por el Incoder.
Aunque Concepción nada tiene que ver con el pueblo boquillero, sí puso la semilla para que sus habitantes comenzaran a luchar por el reconocimiento de su territorio.
Fue así como La Boquilla fundó su primer Consejo Comunitario de Comunidades Afro en junio de 2009, que tuvo entre sus primeras tareas reclamar los títulos colectivos del territorio. Esta reclamación vio la luz en aquella ceremonia presidida por el entonces presidente estadounidense Barack Obama. Un evento simbólico, porque además de los corregimientos de La Boquilla y Palenque (en Mahates), también despejó el camino, igual de esperanzador, para otras comunidades cartageneras en busca de titulación.
A Cartagena llegaron después, en 2014, los títulos colectivos de Orica, el pequeño poblado que se levanta sobre una arena suave en Isla Grande —la más extensa de las islas del Parque Nacional Natural Archipiélago de Islas del Rosario y San Bernardo—; Tierrabaja, en 2016; y Caño del Oro, en la isla de Tierrabomba, en 2017. Para entonces, medio centenar de comunidades del Pacífico ya habían sido tituladas en Colombia.
La larga lucha por el derecho al territorio del pueblo boquillero sufrió su más dramático revés el 31 de julio de 2020, en plena pandemia por coronavirus. Ese día, el Tribunal Administrativo de Bolívar, en sentencia de primera instancia, con firma del magistrado Roberto Mario Chavarro Colpas (Q. E. P. D.), declaró nulo el título colectivo del Consejo Comunitario de La Boquilla, como respuesta a una tutela elevada por un grupo de ciudadanos.
En sentencia de primera instancia, como respuesta a una demanda de restablecimiento del derecho elevada por los abogados Carlos Cárcamo y Hugo Garrido (Q. E. P. D.), declaró la nulidad del título colectivo de La Boquilla, al considerar que la resolución había sido expedida con infracciones a las normas. Según el Tribunal, el acto administrativo mediante el cual se hizo la titulación (la Resolución 467 de 2012 del Incoder) desconoció una restricción de la Ley 70 de 1993, que impide efectuar titulaciones colectivas en áreas urbanas.
“El territorio ancestral titulado al Consejo Comunitario de las comunidades negras de La Boquilla se encuentra dentro de un predio de carácter urbano y, de acuerdo con esta norma (Ley 70 de 1993), la autoridad agraria solamente puede titular colectivamente a comunidades negras de terrenos baldíos rurales (no urbanos)”, señala el fallo en uno de sus apartes.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT), reemplazo del Incoder, y la Procuraduría General apelaron el fallo pasada la pandemia por coronavirus. Luego lo hizo el Consejo Comunitario Afro de la población, con ayuda del colectivo de abogados Dejusticia y la Universidad Javeriana. La población espera con ansias el pronunciamiento del Consejo de Estado, que tiene la responsabilidad de fallar en segunda instancia.
El fallo de primera instancia contra La Boquilla se ha convertido en un motivo más de lucha del pueblo afro por el territorio. No solo de esta población nativa, sino de otras comunidades afro en todo el país, pues según Dejusticia, “la legislación colombiana es clara en que la titulación colectiva de las comunidades negras es inembargable, inextinguible e imprescriptible. Es decir, su territorio es a perpetuidad”.
La Procuraduría General se pronunció a inicios de 2023 y respaldó la lucha de este pueblo negro.
“El hecho de que en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena se hubiere contemplado dicho territorio como de ‘expansión urbana’ no modifica jurídicamente su categoría de área rural, ni se constituye en una contradicción entre las dos normativas, en la medida en que la categoría de expansión urbana, precisamente, hace referencia a suelos rurales que tendrían la vocación de urbanizables”, señaló el Ministerio Público a inicios de 2023 en un comunicado de prensa.
De acuerdo con Dejusticia, si el Consejo de Estado ratifica la nulidad del título colectivo de La Boquilla, quedaría abierto un peligroso precedente y otros pueblos afro podrían perder sus territorios en los estrados judiciales, especialmente ante poderosos grupos económicos que ven en estas zonas inmejorables oportunidades para la industria del turismo (en el caso de La Boquilla) o el extractivismo (en el Pacífico).
“Estamos ante una decisión más política que jurídica, que no corresponde a la realidad. Nuestra población no es urbana, ¡es rural!, lo dice el Plan de Ordenamiento Territorial. Detrás de este fallo lo que hay son intereses de empresarios poderosos para entrar al territorio”, alega el médico Luna.
Y las comunidades exigen que esa decisión trascendental se dé este año, cuando se cumplen tres décadas de la promulgación de la Ley 70, que implementó los títulos colectivos de terrenos baldíos de la nación para las poblaciones que demuestren la ancestralidad sobre su territorio. Una norma fruto de la histórica resistencia afro por la tierra, desde que se liberaron del yugo español.
“El artículo 55 transitorio de la Constitución Política de 1991, que resaltaba la defensa del territorio para las comunidades afro, dio paso a la Ley 70 de 1993, pero es una ley que no incluía a las comunidades afro del Caribe. Fue pensada para la gente del Pacífico. Gracias a la Corte Constitucional y a la Universidad Javeriana, la ley incluyó a Cartagena y el Caribe”, explica la abogada María Helena Torres, coordinadora de asuntos étnicos del Distrito de Cartagena.
Dejusticia señala que a la apelación de sentencias como esta se le concede el efecto suspensivo; es decir, a pesar del fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo de Bolívar, por ahora esa decisión no produce efectos y se tiene como válido el título colectivo de la comunidad hasta tanto no resuelva de fondo el Consejo de Estado.
Además de la amenaza por la declaratoria de nulidad de su título, los habitantes de La Boquilla están divididos sobre el futuro de su territorio. Un fenómeno que, según la Secretaría del Interior de Cartagena, se repite en las 32 comunidades afro de esta capital registradas ante la Alcaldía. De esas, 28 están en algún punto del proceso para alcanzar la titularidad colectiva de sus tierras.
Sin embargo, las divisiones entre miembros de sus consejos comunitarios o con otros líderes por el destino de sus tierras los tiene en una constante confrontación que no los deja avanzar. Hoy, de estos 32 consejos comunitarios de Cartagena, 17 fueron impugnados ante el Distrito por otros líderes. Por lo tanto, no poseen Gobierno. Dirimir cada conflicto representa un proceso administrativo y jurídico que puede tomar incluso años.
Situación contraria ocurre en Isla Grande. A ellos los boquilleros los ven como un ejemplo. Gracias a la titulación y a su organización política para manejar el territorio, los isleños consiguieron —entre una larga lista de derechos adquiridos— que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) les entregara este año en concesión varios lotes baldíos recuperados de ilegales que los usufructuaban con hostales de lujo.
Los poderes legales e ilegales ponen sus ojos en el territorio
Las tradiciones de este pueblo han pasado de generación en generación, lo que ha transmitido en niños y jóvenes su sentido de pertenencia. Fotografía: John Montaño.
De la decisión del Consejo de Estado dependerá si la gentrificación se detiene en La Boquilla y, con ella, la acelerada urbanización de un territorio con una ubicación geográfica privilegiada: a 15 minutos del centro histórico de Cartagena y a 10 del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.
Una acelerada urbanización potenciada por una Cartagena que busca crecer en la zona norte, por la Vía al Mar hacia Barranquilla. Una apuesta desde los sectores público y privado por un turismo cada vez más internacional y masivo. A ese modelo económico se le atraviesa la titulación colectiva que ordena la protección de 39 hectáreas de tierra, entre el mar y la ciénaga de La Virgen, que el Estado colombiano otorgó a los boquilleros.
Con sus calles destapadas y las cloacas malolientes alborotadas cuando llegan las lluvias, La Boquilla es un pueblo pobre, rodeado de vecinos ricos: limita al norte con los exclusivos hoteles y apartamentos del balneario Los Morros; al sur, con el proyecto urbanístico Serena del Mar, que se autodenomina la ciudad soñada, con condominios para estratos 4, 5 y 6; y a solo cinco minutos está el complejo hospitalario Serena del Mar, manejado por la Fundación Santa Fe, y una moderna sede para estudios de posgrado de la Universidad de los Andes.
El modelo de turismo masivo para esta ciudad hace aún más apetecibles los 5,9 kilómetros de playas de La Boquilla, las más seguras de la Cartagena continental, según el cuerpo de salvavidas del Distrito, porque no tienen espolones en roca que generen remolinos ni corrientes peligrosas para los bañistas.
La lucha por la tierra entre los boquilleros y los poderes económicos lleva décadas y se remonta al siglo pasado, cuando esta población se convirtió en potencial turístico. Primero fue el Anillo vial que conectó a Cartagena con Barranquilla, cuya construcción inició en 1984, edificado sobre cientos de hectáreas de manglar. Después llegó el Hotel Las Américas, que luego atrajo a otros capitales e inversionistas hoteleros a una zona considerada, hasta entonces, aislada.
El médico Benjamín Luna sostiene que fue un poderoso empresario hotelero, cabeza de una reconocida familia de políticos de Cartagena, los Araújo, quien adquirió el lote de bajamar justo antes del inicio de la construcción del Anillo vial y luego se benefició económicamente al levantar el Hotel Las Américas en ese predio.
Fueron históricos los dos pronunciamientos de la Dirección General Marítima (Dimar) por esa construcción: el primero se dio por el uso de la playa, en 2000, cuando esa entidad y la Capitanía de Puerto de Cartagena declararon un área de La Boquilla como zona de bajamar que debía ser recuperada por su condición de espacio de uso público.
Luego, el 11 de octubre de 2019, la Dimar ratificó que la Torre del Mar y el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas habían sido edificados sobre terrenos de bajamar y zona de manglar.
Sin embargo, en 2021, la misma autoridad le dio la razón al poderoso complejo hotelero, en una resolución que dejó más dudas que claridad.
“Pese a que en las áreas objeto de investigación se identifican características técnicas de terrenos de bajamar, las pruebas documentales acreditaron una línea de tradición con arreglo a la normatividad vigente en cada época y anterior al año de 1972. Es decir, previo a la entrada en vigencia del régimen establecido”, sostuvo la Dimar. No obstante, la primera etapa del complejo turístico se ejecutó a inicios de la década de los noventa.
De hecho, las dos obras sobre las cuales la autoridad marítima ponía la lupa, el Centro de Convenciones y la Torre de Playa, se construyeron en 2004 y 2011, respectivamente, según información que entrega el mismo conglomerado y que es de público acceso.
El complejo hotelero siempre ha respondido que fueron “pioneros en el desarrollo urbano del sector con las playas más hermosas de la ciudad: la zona norte”. En 1995 estos empresarios crearon la Fundación Proboquilla, desde la cual capacitan a niños, jóvenes y adultos en diversas actividades recreativas, deportivas y productivas.
Gloria Sánchez, una de las grandes defensoras de la ciénaga de La Virgen. Fotografía: John Montaño.
Otra intervención reciente en La Boquilla fue la construcción del viaducto sobre la ciénaga de La Virgen, durante el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Esa obra encerró al pueblo boquillero: para ingresar a su territorio, los habitantes tienen que recorrer 70 metros en contravía de vehículos y buses que transitan a alta velocidad por la Vía al Mar.
Y a la par de esas intervenciones legales han estado los urbanizadores piratas, quienes invaden miles de hectáreas baldías para edificar cinturones de miseria en zonas de bajamar.
Fue así como comunidades pobres, azuzadas por inescrupulosos, llegaron hace menos de dos décadas para invadir la margen izquierda del Anillo vial, con la intención de reclamar indemnizaciones ante la inminente construcción del viaducto. No recibieron ni un centavo del Estado y, por el contrario, ayudaron a ensanchar el cinturón de miseria de La Boquilla.
Todavía hoy hay quienes ofertan lotes, que le roban con relleno a la ciénaga de La Virgen, por $6.000.000.
En diciembre de 2022, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Cartagena emitió la primera condena en la historia de esa ciudad por los delitos de daño a los recursos naturales agravado y concierto para delinquir, precisamente por rellenos y venta ilegal de predios sobre la ciénaga de La Virgen. Fue condenado a cuatro años de prisión Lewis Altamar Gómez, quien lideraba una red para talar el manglar, rellenar y luego vender los terrenos.
“Identificaba las zonas de bajamar, predios con ecosistemas de manglares o cenagosos, contrataba personas para la logística del relleno, hacía las consignaciones pertinentes para los viajes de las volquetas y pagaba a los trabajadores que llevaban a cabo la actividad”, señala uno de los apartes del fallo.
Y si hay un monumento a toda esa acelerada y desordenada urbanización de La Boquilla es el edificio ‘Transformers’, una mole de siete pisos que incumplió todas las normas de construcción y fue suspendida desde 2017 por la Inspección de Policía de La Boquilla.
“No tenía ninguna valla ni notificación, y en mi concepto, que soy ingeniero civil, es una estructura débil y sin el soporte adecuado”, dijo Gregorio Rico, alcalde de la localidad dos, quien lideró el operativo de sellamiento en marzo de 2017.
Edificio ‘Transformers’. Fotografía: John Montaño.
La contaminación ambiental, otra consecuencia del territorio tomado
Toda esa locomotora de cemento que avanza avasallante sobre La Boquilla le ha dejado a este territorio una huella ambiental irreparable, una mella que también es económica porque les cambió la cotidianidad a los boquilleros, acostumbrados por décadas a tener una rica despensa pesquera en la ciénaga de La Virgen.
A este cuerpo de agua se le vino encima el desarrollo y hoy está en condiciones críticas, por cuenta de la sedimentación, los rellenos para aumentar los cinturones de miseria, las aguas residuales que vierten tanto millonarios como pobres y las altas temperaturas.
Medio siglo atrás, al otro extremo de la ciénaga de La Virgen, se asentaron los barrios Pozón, Olaya, La Candelaria y una docena más que dibujan el retrato de la Cartagena más pobre y son antítesis de las postales turísticas del Corralito de Piedra de ensueño. Hoy son barrios legalizados, pero lejos de tener indicadores en verde que representen buena calidad de vida.
La historia sigue repitiéndose en el extremo boquillero de la ciénaga, lugar en el que el delta natural por donde el mar Caribe entraba para purificar y fecundar las aguas terminó invadido por comunidades que fundaron los barrios Marlinda y Villa Gloria: 3.000 familias que deben ser reubicadas por el Distrito de Cartagena.
Así lo señala un fallo del Consejo de Estado que ordena “restituir el espacio público ocupado” y reubicar a las familias “en viviendas dignas, construidas para ese fin y dotadas de todos los servicios públicos domiciliarios; las cuales deberán ser construidas en un predio ubicado a una distancia mayor a 30 metros de la línea de mareas máximas y a no más de 2 kilómetros del litoral”. Sin embargo, este traslado es una utopía ante la falta de recursos distritales para cumplir una decisión judicial. De hecho, líderes de Marlinda y Villagloria, como Gloria Sánchez, hoy luchan por conseguir su propia titulación colectiva.
Mientras tanto, el deterioro ambiental de la ciénaga se agudiza. “Hace un poco de años sacábamos pescado de toda clase: mojarra blanca, róbalo, chango, pargo, jurel, lebranche, sábalo. Lebranche de 5 kilos, sábalo de 10 y 12 kilos”, recuerda Eligio Ortega Sánchez, un pescador boquillero de 76 años ya retirado de las faenas.
La ciénaga de La Virgen también era fuente inagotable, todo el año, de camarón, jaiba, pulpo y caracol.
Rellenos e invasiones en la ciénaga. Fotografía: John Montaño.
Mientras tanto, el grito afro de esta comunidad lo eleva la cantadora boquillera Yadira Gómez de Simanca, conocida como ‘Chamaria de los manglares’, quien a ritmo de tambora compuso y canta el himno de la lucha de este pueblo por la tierra:
“Yo no me voy, yo aquí me quedo. Yo no me voy, yo aquí me quedo. A criar gallina, marrano y cordero”.
Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) como parte del proyecto ‘CdR/Lab Periodismo para investigar las rutas de la corrupción’. Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad del autor y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de estas organizaciones.