La Cárcel de Mujeres de Cartagena ya tiene operador de alimentos

La Secretaría del Interior de Cartagena seleccionó, el pasado 11 de febrero, al contratista de alimentos de la Cárcel Distrital de Mujeres para los próximos 30 días, mientras elige al operador del resto del 2022. El ganador fue la Unión Temporal Alimento Nutritivo, un privado conformado por dos corporaciones ‘de todito’, es decir, con amplio objeto social.

Ese privado deberá asumir los desayunos, almuerzos y cenas diarias de las 60 internas, quienes comenzaron este 2022 sin contrato de alimentos y han podido comer gracias a donaciones de empresas y ciudadanos.

La cárcel no tenía contrato de alimentos desde el 1 de enero porque quien fue su operador hasta el 31 de diciembre pasado, Inversiones Ramfor, no aceptó la propuesta de la Secretaría del Interior de seguir trabajando, mientras esa dependencia contrataba los alimentos de 2022. 

La Unión Temporal Alimento Nutritivo, que está terminando de firmar documentos para iniciar la entrega de alimentos esta semana, llegará a la cárcel después de dos intentos fallidos de contratación, iniciados por la Secretaría del Interior en enero:  el primero no tuvo oferentes idóneos, mientras que el segundo no recibió oferta alguna.

El contratista temporal

El nuevo operador de la alimentación de la cárcel es una unión temporal que presentó una oferta por $93.687.000. Fue el único de los cuatro oferentes que cumplió con todos los requisitos jurídicos y técnicos de la convocatoria de mínima cuantía.

De esa unión temporal forman parte dos corporaciones: una para el Desarrollo Nutricional (Cornutrir) y otra para la Asistencia Integral (Corporasin).

Cornutrir es una entidad sin ánimo de lucro de origen cartagenero, que nació en 2005 como Corporación para el Desarrollo Sostenible y Sustentable de Promotores Ambientales de la Localidad de la Virgen y Turística.

En 2011 cambió su nombre por su actual razón social y un año después su domicilio. Hoy está registrada en Barrancabermeja. 

Desde 2016 tiene inscripción en el Registro Único de Proponentes, trámite que le permite contratar con el Estado. 

Ese año, además, cambió sus estatutos y terminó con un variopinto objeto social —que popularmente la convirtió en una institución ‘de todito’—: pasó de desarrollar actividades ambientales a dedicarse, entre otras posibilidades, a la administración de alimentos para poder aspirar así a contratos públicos de alimentación.

Su representante legal es Julieth Camargo Camargo.

La otra corporación es Corporasin. Está matriculada en la Cámara de Comercio de Cartagena desde 2005 y está habilitada para contratar con el Estado desde 2013. Su representante legal es Juan Carlos Solano Ortega y desde su creación ha tenido cuatro nombres.

Antes de tener por razón social Corporasin, se llamó Corporación Alianza Comunal para Colombia, Corporación Alianza por Colombia (Corpoalianza) y Corporación Alianza.

Al igual que Cornutrir, tiene un amplio objeto social, que incluye:

• Coordinar y desarrollar programas dirigidos a la tercera edad.
• Coordinar y desarrollar programas dirigidos a la niñez para, especialmente, lograr disminuir la desnutrición ejecutando proyectos como administrador de Hogares Comunitarios. 
• Suministro de desayunos, almuerzos, cenas, refrigerios y paquetes alimenticios a programas de adultos, primera infancia y adolescentes escolarizados y no escolarizados. 
• Coordinar y desarrollar programas dirigidos a mujeres vulnerables.
• Compra y venta de textos de papelería, implementos de oficina, textiles y confecciones de todo tipo de prendas de vestir.
• Construcción de obras civiles.
• Promoción de campañas de vacunación.

Corporasin ha sido operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Gobernación de Bolívar. Entre sus contratos recientes tuvo a cargo la entrega de alimentos en los municipios de la Depresión Momposina y Loba.

Además fue parte de la unión temporal Ananias Santander, que se ganó en 2014 el contrato para operar la alimentación escolar en 82 municipios de ese departamento, por $16.573 millones. Contrato que la Gobernación de Santander suspendió tras recibir reportes de incumplimientos.

Según un informe de la interventoría, la unión temporal no cumplió con la capacitación reglamentaria a las manipuladoras para el suministro de alimentos ni con la entrega en algunas escuelas, mientras que en otras instituciones la cantidad de comida no fue suficiente.

Tras ese rosario de irregularidades y luego de audiencias en las que la unión temporal tuvo espacio para su defensa, el 11 de agosto de 2014 la gobernación santandereana la multó por el incumplimiento parcial de los compromisos adquiridos.

Por ese mismo contrato, en agosto de 2015, el Ministerio del Trabajo formuló cargos en contra de la Gobernación y de cada integrante de la unión temporal, por la presunta evasión en la afiliación y el pago a la seguridad social de los empleados que ejecutaban el PAE.

El proceso que sigue

Ahora, con el operador de los próximos 30 días elegido, la Secretaría del Interior busca contratar la operación de alimentos del resto del año (de marzo al 31 de diciembre). El recurso disponible es de hasta $1.062 millones.

Este año, la Alcaldía de Cartagena no acudirá a la Bolsa Mercantil, como lo hizo en 2021, sino que contratará a través de su unidad de contratación por un proceso de selección abreviada de menor cuantía.

Ese proceso le puede tomar a la Secretaría del Interior un mes, fecha que la secretaria encargada, Paola Pianeta, busca hacer coincidir con la terminación del contrato temporal para que haya empalme inmediato y las internas no se vuelvan a quedar sin comida contratada.

La Secretaría del Interior tiene el desafío de escoger a un operador que garantice comida de calidad en la cárcel, pues las quejas por los alimentos entregados han sido una constante los últimos años en esa institución.

El contratista del año pasado, por ejemplo, salió en medio de acusaciones por una intoxicación y de quejas por comida cocinada sin condiciones mínimas de higiene.