Esta historia forma parte de la serie ‘Así van los cinco ‘elefantes blancos’ de la salud priorizados en Cartagena’.
El Hospital de Canapote, ubicado en la zona nororiental de Cartagena, es una de las cinco obras de salud que dejó inconclusas el gobierno del exalcalde Dionisio Vélez y que la administración de William Dau priorizó para terminar y poner en funcionamiento antes de que termine 2023.
La intervención en este centro asistencial, abandonado desde hace seis años, la retomó en marzo pasado el Consorcio Salud Caribe 2020, privado al que el contratista original, la empresa barranquillera Coinses, le cedió el contrato por una inhabilidad de la Procuraduría.
Cuando se reanudaron las obras, el avance de la intervención era del 40%. Hoy esa ejecución es del 60%.
El Distrito invierte $16.359 millones para adecuar un área de 3.877 metros cuadrados, repartidos en tres pisos. Aquí, la comunidad del barrio y sectores aledaños (Cerro de la Popa, Santa Rita y San Francisco) podrá contar con diversos servicios como urgencias, hospitalización, medicina general, vacunación, toma de muestras y odontología.
Aunque el Distrito anunció que la obra estará lista el 15 de octubre de este año, el avance de los trabajos muestra que ese plazo puede incumplirse. De las cuatro obras de salud que la Alcaldía de Cartagena interviene, es el más atrasado porque, según le dijo el contratista a La Contratopedia, hay escasez de ciertos materiales, como el PVC. Asunto por el que no descarta pedirle prórroga al Distrito.
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La comunidad comienza a preocuparse. “Mi inspección ocular me dice que está atrasado, y que no se va a lograr entregar en diciembre”, le dijo Luisa Pacheco, presidenta de la Junta de Acción Comunal y veedora de la obra, a La Contratopedia Caribe.
Siete años de espera
Desde hace siete años, la comunidad del barrio Canapote y los sectores aledaños espera que algún día la administración Distrital les cumpla la promesa de una infraestructura de salud digna que supla las necesidades de más de 100.000 personas de la zona noroeste de Cartagena.
Esta promesa comenzó en 2015, cuando el gobierno del exalcalde Dionisio Vélez anunció la intervención del Hospital de Canapote. Ese mismo año, la administración Distrital demolió los dos quirófanos, la sala de partos y las habitaciones para hospitalización, como parte de las intervenciones a la red pública hospitalaria que contrató por $100.000 millones ese gobierno atípico. Sin embargo, las adecuaciones del Hospital quedaron en el limbo y duró seis años sin ser intervenido.
Desde entonces, la población de este sector recibe atención médica en una pequeña casa de dos pisos, que arrendó la Alcaldía a pocos metros del Hospital. Esa infraestructura es insuficiente para toda la población y además no se ofrecen todos los servicios de salud.
“Es una situación caótica lo que está sucediendo en esta parte de la ciudad con la salud. El Hospital [de Canapote] cubre la unidad comunera 1, 2 y 3, y a toda Cartagena, porque cuando hay un accidente en cualquier parte terminan acá. [Sin el Hospital] la afectación es total. Imagínense los residentes de las faldas de la Popa, ¿a dónde pueden ir?”, le dijo Luisa Pacheco, presidenta de la Junta de Acción Comunal, a La Contratopedia Caribe.
En 2021, luego de un primer proceso fallido, la administración de William Dau anunció que terminaría cinco de los centros de salud inconclusos que dejó el gobierno de Dionisio Vélez. El Hospital de Canapote fue uno de esos.
Aunque inicialmente Dua había prometido que esas obras estarían listas a finales de 2021, fallas en algunos trámites de su administración impidieron que esa promesa se cumpliera.
La historia del Hospital de Canapote se repitió en los otros 24 contratados por el exalcalde Vélez. No terminó ninguna de las obras y fueron los alcaldes que lo reemplazaron quienes pudieron entregar nueve de esas intervenciones. Aún faltan 16.
Todas los puestos de salud distritales quedaron paralizados por una seguidilla de líos legales, administrativos y financieros. La Alcaldía los contrató sin haber hecho una buena planeación: por ejemplo, no legalizó los títulos de los terrenos ni gestionó las licencias de construcción.