En lo que va de pandemia por coronavirus, la Alcaldía de Cartagena ha destinado $23.178 millones en mercados para los ciudadanos más pobres, una suma que hasta ahora representa el mayor rubro del gasto público de esta capital por la emergencia sanitaria y que la ubica como la capital del Caribe que más ha invertido en ayudas humanitarias.
Intentar llevarle alimento a los cartageneros más necesitados ha sido un verdadero desafío en una capital con el 34% de sus habitantes en situación de pobreza monetaria, según cifras recientes del Dane.
Dicho de otra manera, en Cartagena hay unas 345.000 personas que no logran obtener ingresos mensuales mínimos de $355.004 para pagar vivienda, servicios públicos, transporte ni alimentación.
A esa población se suman 35.229 habitantes más que viven en indigencia, ya que sus ganancias mensuales ni siquiera alcanzan los $141.843 necesarios para alimentarse a diario.
Aunque la compra de mercados es una suma millonaria, esa inversión realizada por el gobierno de William Dau se terminó convirtiendo en ‘pañitos de agua tibia’ que, junto a los auxilios del Gobierno Nacional, no solucionan el problema de fondo: garantizarles los ingresos continuos a familias que viven del día a día y que desde 2020 los han visto disminuir por el confinamiento y el cierre de la economía.
En la más reciente medición de Pulso Social del Dane, el número de cartageneros que tenía alimento garantizado tres veces por día cayó del 70% al 39%. Cartagena ocupó el último lugar en seguridad alimentaria entre las 23 capitales donde esa entidad aplicó la encuesta.
Esas cifras explican, en parte, las noticias del año pasado sobre cartageneros que rompieron la cuarentena para intentar llevar el pan diario a sus casas o que recurrieron a la solidaridad de vecinos u organizaciones privadas para comer. Subsistir en medio de la pandemia se volvió para muchos de ellos toda una hazaña.
Especialmente para las familias que viven en Nelson Mandela y El Pozón, dos de los barrios pobres de Cartagena, cuya cotidianidad está lejos de tener el brillo del Centro Histórico: allí las calles están sin pavimentar, las casas no tienen estándares mínimos de construcción, faltan puestos de salud, no todos sus habitantes tienen acceso a agua potable, el deterioro ambiental aumenta cada día. Todas estas problemáticas evidencian el abandono histórico que ha caracterizado a estas zonas.
La mayoría de quienes viven allí obtienen su sustento diario del mototaxismo o las ventas ambulantes. De hecho, en una encuesta del Dane el 55% de los cartageneros ocupados dijo haber obtenido informalmente sus ingresos, entre noviembre de 2019 y enero de 2020.
Eso quiere decir que hasta antes de la cuarentena más de la mitad de la población trabajadora de Cartagena solventaba su situación económica con lo que lograba conseguir a diario en la calle.
Por eso, para los habitantes de estos barrios la cuarentena fue una encrucijada: desafiar la orden gubernamental de confinamiento para salir a buscar comida, pero con un alto riesgo de contagio, o quedarse en casa con menos probabilidades de contagio, pero sin el pan diario asegurado.
Cuando Cartagena vuelve a tener altas cifras de contagios y muertes por Covid-19 y varias ciudades colombianas enfrentan nuevas medidas de confinamiento, La Contratopedia le pone rostro a lo que experimentaron dos familias de la Cartagena más pobre durante la cuarentena del año pasado, evidencia de que quedarse en casa sin afugias es un privilegio de pocos.
A Nelson Mandela la comida llegó con asistencialismo público y privado
Nelson Mandela es un barrio ubicado en el suroriente de Cartagena, fundado por desplazados de la violencia a finales de los años 90 y compuesto por 32 sectores. Es una de las zonas más grandes de esta capital, donde reside gran parte de la población pobre de la ciudad.
Ellos, junto a los habitantes de El Pozón, Olaya Herrera, La María, La Esperanza y otros barrios más, suman el 20% de la pobreza multidimensional de la ciudad, según el Dane, un indicador que, a diferencia de la pobreza monetaria, muestra la pobreza más allá de la falta de ingresos, por lo que se centra en definirla a partir de las carencias de las personas en educación, salud, trabajo, seguridad social o vivienda.
Una de las habitantes de Nelson Mandela es la lideresa comunal Ana Milena Villa. Además de su labor social comunitaria, Ana dedica sus días a impulsar su emprendimiento de venta de quesos y sueros: se los compra a un proveedor, los promociona entre familiares y conocidos y los distribuye ella misma entre sus compradores.
A ese negocio le pone todo su empeño porque ella es una de las tres personas que aporta económicamente en un hogar conformado por siete integrantes, incluidos niños. Los otros dos miembros encargados de llevar ingresos al hogar son su hermano, que trabajaba con la desaparecida Electricaribe, y su padre, quien utiliza un viejo camión para hacer viajes por encargo.
Con la llegada de la cuarentena, ni Ana ni su hermano ni su papá podían salir a trabajar para garantizar el alimento de la familia.
“En la parte inicial de la pandemia comíamos una vez al día: si hacíamos almuerzo no hacíamos cena, y así lográbamos que rindiera la comida. Tuve episodios de depresión, no dormía pensando en cómo conseguir plata”, relata ahora Ana, casi un semestre después de que el confinamiento llegó a su fin.
Aunque en su familia no estuvieran pasando por su mejor momento, como lideresa, Ana nunca dejó de preocuparse por el bienestar de sus vecinos en medio de la pandemia.
A finales de marzo, entre varios líderes comunales hicieron un llamado a la Secretaría de Participación Distrital para que les llegaran ayudas humanitarias a los adultos mayores del sector, especialmente porque gran parte de ellos se dedican a las ventas ambulantes y por el aislamiento no podían salir a la calle ni tenían con qué sostenerse.
Ante la falta de una respuesta inmediata, los líderes organizaron colectas y contactaron a empresas como Tubo Caribe para conseguir mercados y bonos alimenticios. Además, pese a que tenían pocos alimentos en sus alacenas, entre los vecinos primó la solidaridad y trataron de llevarle un poco de comida a los más necesitados.
La familia de Ana logró subsistir durante la cuarentena gracias a las ayudas entregadas por distintas instituciones públicas y privadas. Primero recibieron bonos canjeables, por hasta $80.000 mensuales en alimentos, del Colectivo Canta, un proyecto de la Fundación Nuestra Orquesta del que hacen parte jóvenes músicos de Mandela. Sayuris, la hija de Ana, es una de ellos.
Después, esta familia recibió bonos entregados por la Alcaldía de la Localidad 3 y la Armada Nacional. Los mercados de la Alcaldía Mayor de Cartagena llegaron al barrio en abril. Sin embargo, la repartición de esos paquetes de alimentos fue cuestionada por líderes y residentes.
La Secretaría de Participación citó a los líderes comunales de cada sector para que ayudaran a entregar los mercados en sus respectivos sectores. Aquella reunión se celebró en el Colegio Jesús Maestro, ubicado en el sector Las Vegas.
Un día antes de que la Alcaldía comenzara la repartición de mercados, cada líder recibió un cronograma de entregas. Sin embargo, cuando la entrega inició el cronograma no se respetó.
“Cuando llegamos en la mañana, delante de nosotros, (Armando Córdoba) nos escogió a dedo y determinó por dónde íbamos a empezar. Eso generó desorden y malestar, porque prácticamente lo que hizo fue priorizar a los (líderes) que habían votado por Dau. Él sabía quiénes éramos los que habíamos votado por otro candidato“, recuerda Ana sobre cómo el secretario de Participación le dio luz verde a las primeras entregas.
Según ella, esa decisión perjudicó a su sector porque allí viven muchos líderes que no votaron por Dau sino por William García (ella incluida) y terminaron recibiendo los mercados casi 20 días después de que el Distrito comenzó la repartición en Mandela. Por esas demoras, varios vecinos no dudaron en reclamarles.
“A los líderes esa situación nos puso en riesgo. A mi casa, que queda en la avenida principal, llegaban a preguntar por qué si estaban (funcionarios de la Alcaldía) en el sector repartiendo mercados, todavía no les habían entregado el suyo. Preguntaban si nosotros nos habíamos robado los mercados. Me amenazaron hasta con tirarme piedras. A los líderes nos tocó decirle a la gente que no era nuestra culpa y que nos ayudaran a exigir a lo que teníamos derecho”, menciona ella.
Fue así como en Nelson Mandela los habitantes salieron el 17 de abril a pedirle al Distrito explicaciones por la demora de sus mercados. Lo hicieron con cacerola en mano y llamando la atención de los medios de comunicación. También para aquella época clamaron por comida desde Ciudad Bicentenario, Villa Fanny y El Pozón, otras barriadas de la Cartagena periférica.
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Sobre esas demoras, la Alcaldía informó que obedecieron a inconvenientes logísticos y que los mercados los entregó con criterio técnico, según los indicadores de pobreza de cada barrio.
Más tiempo duró la lucha de los habitantes de Mandela por recibir el primer mercado distrital que lo que éste les rindió. A los 15 días de la entrega nada les quedaba. Ana y sus familiares siguieron recibiendo los bonos del Colectivo Canta y otras ayudas ocasionales. Sin embargo, muchos otros hogares no contaron con su misma suerte.
Pese a que desde septiembre pasado comenzó la reactivación económica, muchas familias todavía viven los estragos de tantos meses de confinamiento y siguen sin tener garantizadas las tres comidas diarias. Desde agosto pasado, el Dane lo viene evidenciando con los resultados de su encuesta Pulso Social.
Ingreso Solidario y préstamos, salvavidas para una familia en El Pozón
A hora y media de Nelson Mandela se encuentra El Pozón, otro de los barrios del gran cordón de pobreza de Cartagena. También uno de los sectores más estigmatizados de la ciudad: para muchos El Pozón solo es sinónimo de violencia y delincuencia.
A los pozoneros, la pandemia los afectó más que a la mayoría de los cartageneros. El Pozón se convirtió en el barrio con más casos de Covid-19 en un abrir y cerrar de ojos, y las mismas instituciones asociaron este aumento de contagios con la “indisciplina social”.
Durante la primera ola del virus, entre mayo y junio pasados, este barrio acumulaba más de 200 casos, cuando en ese momento el total de la ciudad apenas llegaba a los 600 confirmados.
Sin embargo, tildar a sus habitantes de “indisciplinados y marginales” —como los llamaron en algunos medios de comunicación y redes sociales— o de personas que se la pasaban “pendejeando” —como el alcalde Dau ha calificado públicamente a los ciudadanos que no siguen la cuarentena al pie de la letra—, le dio más combustible a la estigmatización.
Marlídez Navarro vive en el sector 19 de Febrero de El Pozón, con su esposo José Morelo y su hijo José de Jesús, de 25 años y quien padece parálisis cerebral. En este hogar los ingresos llegan con los trabajos que José realiza como albañil. Marlídez se queda en casa asumiendo las labores domésticas y cuidando a José de Jesús.
Con la llegada de la pandemia, José dejó de trabajar. Por mucho que él y los suyos necesitaran el dinero, prefirió no exponerse al virus por miedo a contagiar a su hijo. La única entrada económica que tenía la familia desapareció por varias semanas.
Aunque tenían unos cuantos pesos ahorrados y unos pocos más que lograron prestar, debían escoger entre comer o pagar los servicios públicos. Para Marlídez y José no fue tan difícil tomar una decisión: tenían que velar por su hijo José de Jesús, su adoración, quien requería de una alimentación especial, por lo tanto, si era necesario dejar de pagar y comer menos para que su hijo satisficiera sus necesidades, lo harían.
Fueron tiempos difíciles, pero como familia se aferraron a su fe cristiana para salir adelante. José de Jesús, quien estaba consciente de toda la situación, notaba cómo la falta de ingresos afectaba a sus padres.
“Él se daba cuenta de todo porque yo se lo contaba. Aunque en el momento no tuviéramos, yo le decía que todo estaba bien. Él se angustiaba, pero poníamos una alabanza y nos poníamos a cantar y a orar y se tranquilizaba“, cuenta esta abnegada madre.
Los Morelo Navarro lograron sobrellevar las semanas de cuarentena gracias a Ingreso Solidario, un programa de subsidios del Gobierno Nacional del cual Marlídez es beneficiaria que busca mitigar el golpe económico entre las familias más vulnerables del país por la emergencia sanitaria.
Los Morelo Navarro también lograron asegurar comida durante el confinamiento gracias a la solidaridad de sus vecinos y a las ayudas humanitarias que les brindó la Corporación Mar Adentro, una organización sin ánimo de lucro que promueve la participación ciudadana de las personas con discapacidad y sus familias.
Aunque hoy Marlídez y José tienen deudas acumuladas por los meses que dejaron de pagar los recibos y las cuotas de los préstamos con los que compraron comida y solventaron las necesidades de su hijo, ahora que José volvió a trabajar como albañil esperan tener pronto una nueva “normalidad” económica, una en la que al menos los pesos alcancen para pagar los servicios públicos, la comida diaria y las cuotas atrasadas.
La pandemia por Covid-19 ha llevado a que muchas más personas vivan en pobreza extrema en el mundo y a que por primera vez en 20 años ese indicador aumente: para este 2021 serán 150 millones, según cálculos del Banco Mundial. Para un país de ingresos medios como Colombia será un gran reto apostarle a un plan de acción que ayude a disminuir el número de pobres y que no solo dé soluciones pasajeras para saciar el hambre.