Es una figura o un tipo de contratación establecido en el Estatuto de Contratación Pública de Colombia al que alcaldes, gobernadores y demás ordenadores del gasto pueden recurrir si fenómenos naturales (o pandemias como la del nuevo coronavirus) impiden la prestación de un servicio público, el suministro de bienes o la ejecución de obras. Por tanto, esta figura les permite a los gobernantes contratar sin tener que licitar y hacer traslados presupuestales sin necesidad de autorizaciones del Concejo o la Asamblea, en el caso de alcaldes y gobernadores.
Como el riesgo de corrupción aumenta, la Contraloría y la Procuraduría, en su rol de órganos de control, vigilan aún más la ejecución de la plata pública.