A siete meses de que los cartageneros acudan a las urnas para elegir al sucesor del alcalde William Dau, la campaña electoral en la capital de Bolívar está marcada por la adecuación de escenarios deportivos, la entrega de folletos en espacio público y las denuncias de supuesto descrédito de uno de los aspirantes.
Esas movidas y el último reporte de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Cartagena, que muestra la inscripción de 19 grupos significativos de ciudadanos para avalar candidaturas, evidencian que la competencia por la principal silla del Palacio de La Aduana será reñida.
Al amplio abanico de aspirantes se suma la expectativa generada por la posible candidatura de la exalcaldesa Judith Pinedo, absuelta por la Corte Suprema de Justicia por la venta de un lote en El Laguito cuando era mandataria.
Si decide lanzarse, Pinedo deberá resolver una sanción fiscal que le impuso la Contraloría, por casi $70.000.000, que hoy la tiene inhabilitada para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado.
En el más reciente paneo al panorama político de La Heroica, La Contratopedia revisó las estrategias proselitistas de tres de los aspirantes a la Alcaldía.
Las “obras” de un aspirante
La falta de megaobras de infraestructura en el gobierno Dau ha sido uno de los reclamos ciudadanos a esta administración, que terminará en diciembre próximo. Por eso, se ha convertido en uno de los caballitos de batalla de quienes aspiran a sucederlo.
Más allá del discurso y de lo que publica en redes sociales, un aspirante ha realizado obras, sobre todo en escenarios deportivos, como parte de su estrategia para posicionar su nombre como una alternativa para La Aduana.
Se trata del exgobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz. Desde sus redes sociales él ha publicado supuestos llamados “espontáneos” de varios sectores de la ciudad, que le “piden” su apoyo para adecuar escenarios deportivos y de recreación.
El último de esos espacios que Turbay “ayudó” a adecuar, en medio de celebraciones y el cubrimiento de varios medios de comunicación de Cartagena, fue el parque La Felicidad, en el barrio Huellas de Alberto Uribe, en el sur cartagenero.
Hasta ese lugar el exgobernador llegó con varias personas que pintaron y adecuaron algunas zonas.
Consultado sobre la procedencia de los recursos con los que realizó esa intervención, el exgobernador respondió: “Lo que hago es pedir apoyo para la campaña de recuperación”.
Por “apoyo”, Turbay aludió a donaciones entregadas por sus allegados y mano de obra de constructores locales que conoce y de la propia comunidad.
Turbay detalló que esos gastos no los reportará a Cuentas Clara, el aplicativo donde deben reposar los aportes y gastos de campañas políticas, según los topes establecidos por ley, “porque no lo son”, según él.
Esta no es la primera vez que el exgobernador interviene algunos escenarios deportivos de Cartagena, como parte de su carrera por la Alcaldía.
En octubre del año pasado, Turbay cuestionó el deterioro de una cancha de fútbol en el barrio San Fernando, espacio deportivo construido durante el cuatrienio pasado con recursos de su gobierno departamental y la Alcaldía de Cartagena.
Semanas después de las críticas ciudadanas por el evidente deterioro de ese escenario, él mismo lideró la intervención en esa cancha de fútbol.
Esos recursos los obtuvo a través de aportes de empresas y fueron coordinados por la Liga de Fútbol de Bolívar, según Turbay le dijo a La Contratopedia Caribe en aquel entonces.
Dentro de las empresas amigas de Turbay que aportaron están: Dotta SAS, José Monterrosa Ingeniero, Hotel Blue Concept y Juan Carlos Ayala abogado.
Esa necesidad de inversión en infraestructura seguirá siendo, por ahora, el principal discurso de Turbay quien, sin mostrar claramente de dónde obtiene los recursos para hacerlo, no se ha quedado sólo cuestionando el deterioro y abandono de algunos espacios sino que ha pasado a las obras.
Es además lo que están moviendo en redes los políticos que se montaron en el bus de esa aspiración. Por ejemplo, el exsecretario distrital Jaime Hernández Amín, ha compartido en sus perfiles imágenes de las adecuaciones lideradas por Turbay.
Otro aliado político del exgobernador, el senador de Cambio Radical, Jorge Benedetti, también ha compartido en Twitter los videos de los ciudadanos que piden la ayuda de Turbay y las imágenes de espacios como el parque de La Felicidad.
Ya desde otros sectores cartageneros como La Esperanza, algunos líderes comunales le están pidiendo a Turbay que haga lo que hizo en Huellas de Alberto Uribe y en San Fernando.
Como lo ha contado La Contratopedia, Turbay llega a esta contienda con líos a cuestas: es señalado por la Fiscalía, junto a su primo el senador liberal Lidio García, de un presunto desvío de dineros en la construcción del alcantarillado de El Carmen de Bolívar, de donde ambos son oriundos.
Ese alcantarillado aún sigue en obras.
Aunque ha militado en el partido Liberal y ha recibido respaldos de cuestionadas casas políticas de Bolívar, a las que incluso les dio burocracia en su administración departamental, el exgobernador Turbay busca ahora mostrarse como alternativo en estas regionales.
Para lograrlo ya consiguió que un nuevo movimiento político —En Marcha, del exministro Juan Fernando Cristo, político tradicional de los Santanderes— le diera su respaldo y le garantizara el aval.
Con ese aval busca, además, participar en una eventual consulta del llamado Frente Amplio, que agrupa al Pacto Histórico y a otros movimientos que apoyaron a Gustavo Petro en su camino a la Presidencia.
A la par de esas movidas del exgobernador, un exgerente de Corvivienda, que intenta, por tercera vez llegar al Palacio de La Aduana, usa un supuesto video de señalamientos falsos en su contra, para mostrarse como un líder atacado.
Los supuestos ataques a un aspirante investigado
En medio de sus correrías recolectando firmas por su movimiento ‘Los Tres Golpes’, con el que espera ser avalado, el economista y exgerente del Fondo de Vivienda (Corvivienda) William García Tirado ha denunciado un supuesto video en el que lo acusan de hechos que él niega.
Aunque ese video no ha sido ampliamente difundido —La Contratopedia no lo encontró en redes sociales y sólo pudo obtenerlo a través de un periodista—, García Tirado lo ha usado para mostrarse como un aspirante al que los adversarios buscan derrotar, según él, “por el gran fervor, aceptación y respeto popular” del que goza en la ciudad y en sus áreas rurales.
“No tengo ningún tipo de investigaciones en mi contra, ni conozco una tal ‘caja de la Alcaldía de Cartagena’, ni he realizado ningún evento cultural por el cual se me haya cuestionado”, dijo en un comunicado.
Pero más allá de lo que él diga, lo cierto es que a García la Procuraduría General de la Nación sí lo investiga por presuntas irregularidades en un contrato de vigilancia que firmó cuando fue director de Corvivienda.
De hecho, ese ente de control le profirió pliego de cargos en octubre pasado porque, supuestamente, amañó las condiciones para contratar ese servicio de vigilancia en los proyectos de vivienda del Fondo cartagenero.
Resulta que García fijó esos puntajes teniendo en cuenta unas condiciones que, según la Procuraduría, no tenían un criterio técnico claro. Por el contrario, “habrían limitado la participación de oferentes interesados en brindar ese servicio”.
Aunque aún el ente de control disciplinario no ha emitido una sanción o inhabilidad en su contra, ese proceso le hace ruido en medio de su recolección de firmas y refuerza la imagen de político tradicional que tiene entre un amplio sector cartagenero.
Aspirar con un movimiento ciudadano y no con el aval de un partido —como lo hizo en la contienda de 2019, cuando se lanzó con el aval del movimiento cristiano Colombia Justa Libres— es parte de su estrategia para vestirse de candidato popular.
Sin embargo, la relación de García con los clanes políticos es bien conocida. De hecho, en 2019 era el candidato a la Alcaldía de Cartagena de la cuestionada casa política Blel, liderada por el condenado exsenador Vicente Blel Saad, padre del gobernador Vicente Blel Scaff; y el de otros grupos con investigaciones a cuestas que lo veían con ventaja ante el resto de aspirantes.
Las movidas del alfil de Quintero
El otro aspirante que está haciendo divulgación con volantes en mano es el abogado José Luis Osorio, una de las cartas con las que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, busca ganar poder por fuera de la capital de Antioquia en las regionales de octubre.
Osorio reparte, desde hace más de un mes, una regla de papel con su imagen, varias postales de los contrastes de Cartagena, y un memo en el que les consulta a los ciudadanos qué harían si fueran alcaldes por un día. Ese volanteo lo ha hecho a las afueras de la Universidad de Cartagena y en estaciones de Transcaribe.
Más recientemente ha compartido un “afiche” con la imagen de la emblemática Torre del Reloj. Detrás de ese afiche hay fotos del aspirante, información sobre sus postulados, y datos de su vida personal y su carrera profesional, incluido su paso por la Secretaría de Educación de Medellín.
El volanteo de Osorio dibuja una línea difusa sobre posible publicidad electoral extemporánea, según dos fuentes que consultó La Contratopedia.
Si bien sobre esa entrega de volantes no hay un concepto unánime sobre publicidad, lo que sí es cierto es que sus movidas desde la Universidad de Cartagena y Transcaribe le dan cierta ventaja para promocionar su nombre frente a otros aspirantes.