El poder que está en juego en la Universidad de Cartagena

Desde hace dos semanas, la Universidad de Cartagena ha ocupado los titulares de la prensa local y nacional por varias grabaciones reveladas por W Radio, en las que quedan en evidencia prácticas corruptas en la adjudicación de contratos en esa institución de educación superior. 

Los audios datan de 2016 y en ellos se escuchan conversaciones privadas entre Venancio Porras, contratista y exdirector de proyectos de infraestructura de esa universidad; William Malkun, ex vicerrector de Extensión, exdelegado para la Contratación Administrativa y actual candidato a rector, y el docente Jorge Álvarez, quien en la época de las charlas ejercía como supervisor de contratos. 

Por esas revelaciones, el rector Édgar Parra Chacón, quien sale salpicado en ese entramado de corrupción, pidió a las ías (Fiscalía, Contraloría y Procuraduría) investigar los hechos, y también a la oficina de control disciplinario de su universidad. 

Por haberse revelado en medio del proceso de consultas para la elección de un nuevo rector, los audios han sido calificados por Malkun y por algunos portales periodísticos cartageneros como parte de una estrategia para tratar de torpedear el proceso electoral. 

En el pulso por el cargo que ostenta Parra desde hace ocho años hay tres candidatos: además de William Malkun, están Gerardo Rodríguez y José Morelos.  

Más allá de las investigaciones que desencadenen las revelaciones de W Radio, debido a la coyuntura electoral es clave conocer el poder que representa la rectoría de la universidad pública más importante de Bolívar, en cuyas 10 facultades estudian 23.000 estudiantes y trabajan 1.089 docentes de planta y catedráticos.

Entre los factores que la hacen apetecida están:  

• La discrecionalidad de quien sea su rector para manejar parte de la planta de personal, pues puede crear jefaturas o vicerrectorías y disponer de los cargos de libre nombramiento y remoción.
• Las relaciones (no solo académicas) que permite forjar con instituciones públicas y privadas a nivel local, nacional e internacional.
• Su generoso presupuesto.
• Su músculo institucional para firmar acuerdos interadministrativos con entidades públicas en toda Colombia y actuar como contratista público.
• Y millonarios recursos para influir en la agenda mediática, vía pauta publicitaria.

La Unicartagena maneja todos esos recursos amparada por la autonomía universitaria —artículo 69 de la Constitución— y el régimen especial que existe en Colombia para las universidades del Estado —Ley 30 de 1992 o de Educación Superior—. 

El fornido músculo económico 

Uno de los aspectos que más hace a esta alma máter una institución poderosa es su presupuesto. Para este 2022, el Consejo Superior lo aprobó por $337.015 millones, una cifra similar a la que ejecuta este año la Gobernación de Arauca o la asignada por la Alcaldía de Cartagena a su Secretaría General.

Del presupuesto de Unicartagena, el 45%, es decir, $152.000 millones, están destinados a gastos de personal y el 31%, $105.000 millones, a adquisición de bienes y servicios. 

El Consejo Superior, máxima instancia de dirección y gobierno de la universidad, aprobó ese presupuesto, en noviembre del año pasado. En ese órgano colegiado de 11 sillas tienen asiento el gobernador de Bolívar y representantes del Presidente, el Ministerio de Educación, los gremios, los estudiantes, los docentes, los egresados, los exrectores y las directivas académicas. También el rector y el secretario general.

Las vías de financiación de ese presupuesto son variadas. Entre ellas hay:

• Aportes de la Nación y del Departamento.
• Pagos por matrículas, exámenes de admisión y derechos a grado.
• Recursos por estampillas.
• Devoluciones de IVA.

Quien ocupe la rectoría puede realizar traslados presupuestales o cuantas modificaciones al presupuesto sean necesarias porque suele tener luz verde del Consejo Superior para tales movimientos. 

Otro aspecto que convierte a la principal universidad pública de Bolívar en una institución apetecida es su capacidad de prestar servicios a entidades públicas y, por tanto, actuar como contratista estatal. 

En las plataformas I y II del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) registra $195.324 millones en contratos firmados desde 2008 con varias instituciones del país, para ofrecer distintos servicios, como diseños, interventorías, consultorías o garantizar los estudios de estudiantes afectados, económicamente, por la pandemia por Covid-19.

Con la Alcaldía de Cartagena, por ejemplo, ha firmado 59 convenios interadministrativos por cerca de $25.000 millones desde 2008. Dos de esos contratos han sido, especialmente, cuestionados por el gremio de ingenieros por la calidad de los diseños realizados y por no haber tenido interventoría, asuntos que impactarán la cotidianeidad de los cartageneros tan pronto esas obras se ejecuten. Se trata de los planes de Drenajes Pluviales y Protección Costera.

La universidad, además, fue noticia en 2005 porque hasta ese año había firmado tantos convenios millonarios con gobernaciones y alcaldías que Revista Semana la llamó “la gran constructora” y encontró que esas negociaciones formaban parte de un portafolio de servicios, para que las entidades públicas ejecutaran sus “presupuestos sin los engorrosos trámites que exige la ley” al contratar con un particular. 

Es decir, la universidad les sirvió de atajo a distintas administraciones municipales y departamentales para simplificar los trámites a los que deberían hacerle frente si contrataban a través de sus dependencias.

También forma parte del músculo institucional de la Unicartagena su posibilidad de influir en las agendas periodísticas, especialmente de Cartagena, a través de pauta publicitaria y atenciones a periodistas (la última semana de marzo, por ejemplo, la Jefatura de Prensa organizó un almuerzo con un nutrido grupo de comunicadores).

De hecho, la universidad ha intentado bajar el tono a la corrupción que salió a flote con los audios publicados por W Radio a través de comunicados de prensa, reproducidos en su mayoría por portales digitales y espacios radiales locales, en los que el rector Parra niega conocer las transacciones en las que es mencionado y, en cambio, saca pecho por la reciente acreditación internacional de la alma máter.

El poder de un rector

Ese poder en juego, por las elecciones que se celebrarán los próximos días, lo ostenta desde 2014 el médico tolimense Edgar Parra Chacón, elegido después de haber sido vicerrector administrativo durante la rectoría de German Sierra Anaya. Parra llegó a la rectoría con el respaldo de Sierra.

Tras salir de la universidad, Sierra —quien fue rector entre 2007 y 2014— mantuvo poder vía Parra y en octubre de 2015 volvió a tener presencia directa en el Consejo Superior como representante de los exrectores en ese órgano colegiado de decisión.

En enero de 2016, Sierra fue nombrado secretario de Educación por el entonces alcalde de Cartagena Manolo Duque. A través del poder que mantenía en la Unicartagena y el que ostentaba desde la cartera distrital de Educación, el exrector avaló la firma de tres convenios entre la Secretaría que dirigía y la alma máter.

Por ese asunto, la veeduría Transparencia Caribe lo denunció ante la Procuraduría porque su actuación constituía una especie de ‘yo con yo’, al favorecer a la universidad en la que aún tenía asiento. 

Entre 2018 y 2019, por las  irregularidades en el contrato de alimentación escolar que firmó con  el Consorcio Proescolares, Sierra estuvo cinco meses en la Cárcel de Sabanalarga (Atlántico) y después tuvo casa por cárcel.

Ese fue el operador que cobró $40.000 por cada pechuga de pollo. Por ese caso de corrupción y presiones de estudiantes y sindicatos de la universidad, Sierra fue removido de la representación de los exrectores en el Consejo Superior.

Justamente, luego de la reelección de Parra en 2018 y del escándalo por su captura, Sierra perdió poder al interior de Unicartagena. 

“Parra no aguantó la injerencia de Sierra y hasta ahí llegó esa relación. Él lo que tiene para mantener el poder es una especie de colación con vicerrectores, decanos y docentes que ejercen gobernanza”, le dijo a La Contratopedia una fuente que conoce por dentro cómo funciona este poder universitario.

El actual rector ha fortalecido su gobierno  con el nombramiento de algunos de sus aliados en las vicerrectorías que creó tan pronto llegó a la dirección de la alma máter, pues influye sobre parte de la planta de personal, especialmente, los perfiles que cumplen labores administrativas. 

En 2015, en medio de uno de los paros estudiantiles más largos que ha enfrentado la Unicartagena durante la última década, aumentaron las suspicacias por varias movidas burocráticas de Parra, interpretadas por sus críticos como el pago de favores por su elección.

Parra creó cinco jefaturas de sección y cuatro vicerrectorías. Hoy la Unicartagena tiene siete vicerrectorías, tres más que Uniatlántico y Unimagdalena y cuatro más que la Unicórdoba, también universidades públicas del Caribe. Varios de esos cargos los ocupan personas de libre nombramiento y remoción.

Entre los vicerrectores que Parra nombró en 2018 están docentes cercanos a él, como Gaspar Palacio Mendoza, actual vicerrector Administrativo, y William Malkun, quien hasta el semestre pasado fue vicerrector de Extensión y es ahora su carta para las próximas elecciones y a través de quien busca mantener su poder.