En un verdadero laberinto administrativo se ha convertido la finalización de cinco de los 17 puestos de salud, inconclusos desde 2015 en la Cartagena más pobre. La Alcaldía ahora le apuesta a una convocatoria de licitación pública, pese a haber dicho semanas antes que movería esos elefantes blancos con los mismos contratistas que comenzaron a construirlos hace seis años.
El capítulo más reciente de ese embrollo lo escribió, el pasado 30 de octubre, el Concejo Distrital al aprobar una adición presupuestal.
Ese visto bueno, pedido en julio por la Alcaldía para terminar las obras con los viejos contratistas (Salud Heroica y Salud Caribe 2020), llegó cuando el alcalde William Dau ya le había anunciado a los cartageneros su intención de liquidar el contrato vigente para que fueran otros privados, seleccionados por licitación, los encargados de terminar los hospitales Pozón y Canapote; los Centros de Atención Prioritaria (CAP) Bayunca y Barú, y la Unidad Primaria de Atención (UPA) Daniel Lemaitre.
Con la reciente decisión del Concejo y el anuncio de licitación de la Alcaldía se abren, al menos, tres escenarios. Primero, que la administración Dau vuelva a su proyecto inicial de terminar las obras con los mismos contratistas. Segundo, que siga adelante con su idea de liquidación y enfrente eventuales consecuencias en los tribunales. Tercero, que pueda convocar a una nueva licitación pública, después de haber sorteado varios obstáculos jurídicos.
Mientras eso pasa, los ciudadanos en los barrios, corregimientos y zonas insulares de Cartagena sufren porque no tienen garantizado el acceso a un buen servicio de salud. Especialmente, en tiempos de pandemia, cuando la atención sanitaria de primer nivel es clave para ayudar a descongestionar los hospitales de mayor nivel, más demandados por pacientes con coronavirus.
Un padecimiento por el que no deberían estar pasando esas comunidades si los casi $100.000 millones contratados en 2014, por la administración de Dionisio Vélez, se hubieran ejecutado sin problemas. En aquel momento, el Distrito contrató la intervención de 25 puestos de salud, pero ninguna obra estuvo lista antes de 2015. Las administraciones siguientes comenzaron a terminarlas. Hoy sólo están funcionando ocho. Esos recursos salieron de un crédito de $250.000 millones que Cartagena debe pagar hasta 2022.
Escenario I: Finalizar las obras con los mismos contratistas
El semestre pasado, comenzaba a despejarse el camino para terminar cinco de esos puestos de salud. Así parecía después de semanas de trabajo de la Contraloría General y la Alcaldía de Cartagena como parte de ‘Compromiso Colombia’, iniciativa con la que la Contraloría busca terminar los elefantes blancos. Nombre con el que se les conoce en el país a las obras públicas inconclusas y por las que Cartagena ocupa el segundo puesto nacional después de Ibagué.
En junio, la Contraloría y la Alcaldía de Cartagena anunciaron que las obras se reactivaban bajo las condiciones pactadas hace seis años y que estarían listas antes de diciembre.
Eso implicaba terminarlas con los mismos contratistas que las dejaron inconclusas: Consorcio Salud Heroica y Coinses. Como este último está inhabilitado por la Procuraduría por cinco años, le cedió su contrato al Consorcio Salud Caribe 2020. La cesión es una figura legal usada en contratación pública, que le permite a un privado negociar con otro sus obligaciones.
Esa cesión no cayó nada bien en Cartagena. Una de las voces que manifestó su preocupación fue Funcicar, que desde 2014 le ha hecho veeduría a los puestos de salud. Para esa entidad genera dudas que las obras sigan en manos de quienes no las terminaron en 2015.
La cesión fue posible después del visto bueno que el gobierno de Dau le dio a Coinses. El pasado 10 de junio, esa firma pudo ceder sus obligaciones al Consorcio Salud Caribe 2020, integrado por la cucuteña Constructora Maticces P&B Ltda, con el 60% de participación, y la bogotana Soluciones Instrumentales de Colombia – Sicol SAS, con el 40% restante.
Aceptando la cesión del contrato, el gobierno de Dau fue en contravía de la recomendación que le dejó su antecesor Pedrito Pereira. En el informe de empalme, la saliente administración manifestó que debía liquidarse el contrato porque uno de sus contratistas está inhabilitado (Coinses).
La Contraloría y la Alcaldía le apostaron a seguir con los mismos contratistas en lugar de liquidar, le dijo en julio a La Contratopedia Caribe el entonces secretario de Infraestructura Gonzalo Jácome, para evitar más retrasos y tener que actualizar los costos a 2020 de ese contrato, tasados según los índices de precios de construcción (IPC) de 2014. Con esa actualización, dijo el exsecretario, la plata disponible para terminar esas cinco obras no alcanzaría.
Terminar esos cinco puestos de salud cuesta $36.597 millones, $14.639 millones están en poder de uno de los contratistas y los $21.958 millones restantes, en una fiducia a nombre del Distrito. Para poder disponer de ellos, el gobierno Dau necesita obtener un visto bueno del Concejo que no se lo dio en julio, cuando presentó inicialmente el proyecto de acuerdo, pero que se lo terminó dando en octubre, cuando ya el alcalde había cambiado de decisión.
Consultado por La Contratopedia, el concejal César Pión dijo que ese proyecto de acuerdo surtió su trámite dentro del Concejo y por tanto su aprobación en segundo debate solo fue posible hasta octubre pasado.
Esa adición presupuestal, sin embargo, no es vinculante. Le corresponderá al alcalde Dau decidir si sanciona el proyecto y lo convierte en acuerdo distrital para que esos recursos se incorporen así al presupuesto de este año o si, por el contrario, desiste del visto bueno del Concejo y sigue con su intención de liquidación.
Escenario II: La liquidación
El pasado 2 de septiembre, tras un anuncio escueto hecho por el alcalde William Dau a El Universal, tanto contratistas como funcionarios distritales que trabajaban en la reactivación de los puestos de salud se enteraron de que el mandatario quería liquidar el contrato y convocar a nuevos privados a través de una licitación pública. Ese anuncio también sorprendió a los concejales, que en ese momento estudiaban la adición presupuestal pedida por el alcalde y que ya la habían aprobado en primer debate.
Dau cambió de opinión porque las cifras de contagios y muertes por Covid-19 habían bajado en Cartagena y ya no era tan urgente terminar esas centros de atención. Otra de las razones para ese cambio de opinión del Alcalde fue que era “coherente con su discurso anticorrupción”, le dijo un funcionario a La Contratopedia.
Tan repentino fue ese anuncio de Dau, justo cuando su equipo de gobierno trabajaba con la Contraloría para reanudar las obras con los actuales contratistas, que causó molestias en el ente de control e incluso al interior de su equipo, quienes se enteraron formalmente de la decisión semanas después del anuncio en prensa.
“Lo único que dijeron es que la decisión del alcalde era liquidar y que ahora había que trabajar en eso”, le dijo a La Contratopedia una fuente que asistió a la reunión en la que asesores de contratación del alcalde Dau informaron sobre el nuevo camino adoptado por el mandatario.
Pero más allá del malestar de la Contraloría y de la sorpresa entre funcionarios del Distrito, la decisión unilateral de Dau tiene ahora empantanada la finalización de los cinco elefantes blancos de la salud, porque uno de los contratistas (el Consorcio Salud Caribe 2020) lo recusó.
Esa recusación, que es la posibilidad que tiene una de las partes involucradas en un proceso para apartar a otro de los actores por su relación con los hechos en cuestión, ya está siendo estudiada por la Procuraduría Regional de Bolívar, que deberá determinar si la Alcaldía tendrá que delegar a un funcionario distinto del alcalde para realizar la liquidación o si él puede seguir al frente de ese trámite.
Salud Caribe 2020 recusó a Dau argumentando violación del debido proceso. Según Raymundo Marenco, abogado de ese consorcio, antes de proceder a liquidar el contrato y de anunciarlo en medios, la Alcaldía debió citar a los contratistas, exponerles sus razones para liquidar y escucharlos. Sólo así estarían dadas las condiciones para una liquidación por acuerdo bilateral o unilateral, en caso de que el contratista rechazara los argumentos del Distrito.
Dado que el contrato de los puestos de salud está suspendido, pero no terminado, antes de anunciar la liquidación el Distrito debió iniciar un proceso de terminación, que regularmente tarda entre tres y cuatro meses. “En esos casos, se hace un acta en la que se establece hasta dónde llegó la obra, cuánto se le debe al contratista y cuánto se le alcanzó a pagar; y entonces sí se procede con la etapa de liquidación”, le dijo a La Contratopedia un experto en contratación de obras civiles.
El abogado Marenco le dijo a La Contratopedia que los contratistas solo fueron citados a una reunión en el Palacio de la Aduana, el 25 de septiembre, donde estuvieron el entonces secretario de Infraestructura Gonzalo Jácome, la directora del Departamento de Salud Johana Bueno y los representantes de la firma interventora, “para resolver todo lo relacionado con el contrato”.
Sin embargo, lejos de tener espacio para exponer su postura –dijo Marenco– solo fueron notificados de la decisión unilateral de liquidar. Una decisión que se materializó mediante un oficio emitido por el Secretario de Infraestructura (despedido días después por Dau y reemplazado por el ingeniero Luis Villadiego).
Por ahora la liquidación está estancada, pues la Procuraduría debe decidir la recusación presentada por Salud Caribe 2020.
Escenario III: La remota licitación
El último de los escenarios para la culminación de las cinco obras es aún más incierto, porque aunque Dau anunció que convocaría a una licitación para escoger a un nuevo contratista, hacerlo depende de la liquidación del actual contrato.
Como el Distrito comenzó el proceso de liquidación de forma unilateral, el contratista podría entablar acciones judiciales que implicarían más demoras. Especialmente, porque las condiciones estaban dadas para el reinicio de obras, este semestre, después de que la Alcaldía autorizó la cesión del contrato.
Sin el actual contrato liquidado, la administración Dau no podrá apostarle a una nueva licitación.
Cuando la liquidación sea un hecho y no haya pleito alguno entre el Distrito y los contratistas, quedaría despejado el camino para la licitación pública. Por la naturaleza de las obra que deben terminarse, la sola estructuración de los pliegos puede tomar hasta un semestre, mientras que el proceso de convocatoria hasta la selección del contratista puede durar tres meses más.
Toda una seguidilla de trámites que hacen ver cada vez más lejos la anhelada y necesaria terminación de los puestos de salud en los barrios y zonas rurales de Cartagena.