La Alcaldía de Cartagena anunció en junio pasado la finalización de cinco de los puestos de salud que desde 2015 dejó inconclusos la administración de Dionisio Vélez. Sin embargo, para que esos proyectos dejen de ser elefantes blancos y comiencen a funcionar, hay todavía un largo camino por delante, que incluye una aprobación presupuestal en el Concejo y al menos cinco meses de construcción bajo estrictas medidas de bioseguridad para evitar que los obreros se contagien por coronavirus.
El reinicio de esas obras se dará bajo unas condiciones que el alcalde William Dau meses atrás rechazó, pero que ahora debió aceptar ante las complejidades financieras y jurídicas de esos contratos. “Un sapo” que tuvo que tragarse para evitar más retrasos en esos puestos de salud que hacen parte de un paquete de 25 intervenciones, contratadas por casi $100.000 millones por el gobierno atípico de Vélez en 2014.
Una fallida revolución de cemento que ahora le pasa una cuenta de cobro a Cartagena en tiempos de pandemia, al no tener cómo garantizarles a sus habitantes la suficiente atención sanitaria de primer nivel. Por eso, ante síntomas leves de cualquier enfermedad los cartageneros de determinados barrios asisten a los hospitales, hoy congestionados por los pacientes graves por coronavirus.
Lo que viene
El 16 de junio, la Contraloría anunció que después de tres meses de trabajo con la participación de funcionarios de las secretarías de Infraestructura y Hacienda y del Dadis (Departamento Administrativo Distrital de Salud), bajo veeduría ciudadana, las condiciones estaban dadas para que se reiniciaran las obras en los hospitales Pozón y Canapote; en los Centros de Atención Prioritaria (CAP) Bayunca y Barú, y en la Unidad Primaria de Atención (UPA) Daniel Lemaitre.
Esa mesa decidió que de los 17 proyectos inconclusos se reiniciarán esos cinco por ser los que están más avanzados y pueden quedar listos antes del 31 de diciembre próximo: su porcentaje de ejecución oscila entre el 40% y el 90%.
La plata para esa finalización saldrá de los recursos que el gobierno de Vélez les asignó en 2014 a los contratos Dadis 001 y Dadis 002. En aquel momento las firmas seleccionadas para su ejecución fueron la barranquillera Coinses SA y el Consorcio Salud Heroica, conformado por JASG y Cia Ltda (con el 20% de participación), Kamana SAS (con el 30%) y Convias SAS (con el 50%).
Inicialmente, ambos contratistas debían edificar 39 puestos de salud hasta el 31 de diciembre de 2015. Debido a que esos contratos se firmaron con diseños prototipo, es decir, sin las especificaciones técnicas por obra, cuando los privados comenzaron a trabajar proyecto por proyecto tuvieron que ajustar tanto los diseños que los recursos no les alcanzaron y el gobierno de Vélez anunció que sólo se construirían 25 puestos de salud.
Ninguna de esas obras estuvo lista antes de 2015. Hoy solo funcionan ocho y fueron entregadas, entre 2016 y 2019, por las distintas administraciones que reemplazaron a Vélez en el Palacio de La Aduana.
Terminar esos cinco puestos de salud cuesta $36.597 millones, $14.639 millones están en poder de uno de los contratistas y los $21.958 millones restantes, en una fiducia a nombre del Distrito. Para poder disponer de ellos, el gobierno Dau deberá solicitarle una autorización al Concejo.
El secretario de infraestructura Gonzalo Jácome le dijo a La Contratopedia Caribe que la administración está por presentarle esta semana al Concejo ese proyecto de acuerdo para que la autorización se dé antes del 31 de julio, día en que vence el segundo periodo de sesiones ordinarias. El Distrito le apuesta a un acuerdo tipo fast track para que le las obras puedan comenzar en agosto y estén listas este segundo semestre.
Si el gobierno Dau no logra esa aprobación en las próximas tres semanas, tendrá que presentarle, nuevamente, el proyecto de acuerdo al Concejo en octubre, cuando comiencen las sesiones ordinarias para debatir el Presupuesto General distrital de 2021. Si esperara hasta entonces, los tiempos de construcción no le darán para tener los puestos de salud antes de diciembre.
Para lograrlo es clave que los contratistas inicien labores en agosto sin ningún tipo de retrasos o parálisis. Por eso, le explicó el secretario Jácome a La Contratopedia Caribe, los contratistas deberán organizar hasta tres turnos laborales por día con estrictos protocolos de bioseguridad para evitar, al máximo, el contagio por coronavirus entre sus empleados.
Estos deberán trabajar con tapabocas, guantes, cascos y gafas; someterse a control de temperatura antes de entrar a las obras y mantener la distancia social en los espacios habilitados para descanso y comida. Si algún trabajador llega a sentirse mal, los contratistas deberán tener un espacio adecuado para mantenerlo aislado mientras personal de la aseguradora de riesgos laborales se encarga de resolver su situación de salud.
Justo que las nuevas fechas para finalizar estos cinco puestos de salud se cumplan dentro de los plazos proyectados, sin nuevos retrasos, le pidió Funcicar esta semana a la administración de Dau.
A Funcicar, que desde 2014 le ha hecho veeduría a esos recursos, le genera dudas que las obras hayan quedado en manos de uno de los dos contratistas iniciales (Consorcio Salud Heroica) –que dejó una parte de ellas inconclusas– y de un privado (Consorcio Salud Caribe 2020), al que el otro contratista inicial (Coinses) le cedió el contrato.
Pese a que “la cesión del contrato es una figura legalmente permitida” –dijo Funcicar– hubiese sido mejor que las obras quedaran en manos de otro contratista que nada tuviera que ver con Coinses.
La cesión del contrato a Salud Caribe 2020
La cesión del contrato de Coinses al Consorcio Salud Caribe 2020 tiene su génesis en 2019, durante la administración de Pedrito Pereira. Ese gobierno inició un trámite de liquidación con la firma barranquillera para librar así $21.000 millones atados a ese proceso, que le quedarían libres al actual gobierno para iniciar una licitación desde cero.
Pereira buscaba terminar ese contrato porque, desde 2018, Coinses tiene una inhabilidad por cinco años que le impuso la Procuraduría. Ese año, además, la ESE Moreno y Clavijo, en Arauca, había multado por $71 millones al consorcio, del que esa firma hizo parte, por incumplimientos en la construcción de un hospital en el municipio de Cravo Norte.
También la había sancionado en 2017 la Alcaldía de Sincelejo por las entregas fallidas de su nueva sede y tres años atrás, en 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio la había multado por prácticas anticompetitivas en la licitación de la Vía de la Prosperidad en Magdalena, obra que comenzó como miembro de un consorcio y nunca terminó.
El 30 de diciembre de 2019, Coinses le solicitó al Distrito autorización para ceder su contrato de los puestos de salud. Esa figura jurídica consiste en un acuerdo entre privados para que una nueva firma o consorcio asuma las obligaciones de quien le cede. Eso implica, en este caso, que el Consorcio Salud Caribe 2020 asuma también los problemas técnicos, financieros y legales que ha acumulado Coinses desde 2014.
Coinses le había ventilado esa posibilidad a la administración de Pereira desde antes de presentarla formalmente. En noviembre pasado, el entonces secretario de infraestructura Édgar Marín le dijo a La Contratopedia Caribe que la cesión era inviable porque “ninguna compañía seria” aceptaría “asumir ese contrato con todo lo que eso amerita”.
Pese a ese pronóstico, Coinses logró que el Distrito le diera luz verde el 10 de junio, después de firmar un acuerdo con el Consorcio Salud Caribe 2020. La cesión se materializó una vez la administración Dau cotejó la experiencia en ingeniería civil y el músculo financiero de ese privado.
Apostar por la liquidación en lugar de la cesión, le explicó a La Contratopedia Caribe el actual Secretario de Infraestructura, implicaba más trámites y retrasos. También, una actualización de costos a 2020 porque el contrato está tasado con los índices de precios de construcción (IPC) de 2014. De hacerse, dijo el Secretario, los recursos disponibles no alcanzarían para terminar las cinco obras priorizadas.
Debido a esto, Funcicar consideró que si el Consorcio Salud Caribe 2020 aceptó el contrato, con los precios de hace seis años y sin argumentar desequilibrio económico, envía un mensaje de posibles “sobrecostos en las obras”, contratadas durante el gobierno de Dionisio Vélez.
Un asunto que los entes de control deben establecer dentro de las investigaciones que le siguen a Vélez. En septiembre pasado, la Contraloría le abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $37.810 millones, cálculo del posible detrimento patrimonial por esas obras inconclusas, y la Procuraduría le formuló pliego de cargos por posibles irregularidades en los contratos y por no vigilar su correcta ejecución.
El nuevo contratista
El Consorcio Salud Caribe 2020 está integrado por dos empresas: Constructora Maticces P&B Ltda, con el 60% de participación, y Soluciones Instrumentales de Colombia – Sicol SAS, con el 40% restante.
La primera firma, con domicilio en Cúcuta, es una empresa creada en 2008. Se dedica a la construcción de obras de ingeniería civil. Sus representantes legales son Hugo Pérez Álvarez y María Clelia Ortega de Boada.
Entre 2013 y 2020 recibió contratos por $8.196 millones, para obras civiles, de la Gobernación de Norte de Santander, y las alcaldías de Cúcuta, San Cayetano y Durania, del mismo departamento. También ha sido contratista de la CAR Frontera Nororiental y del municipio de Morales, en Bolívar.
La segunda firma miembro del consorcio es Soluciones Instrumentales de Colombia, domiciliada en Bogotá. Está registrada desde 2011 en la Cámara de Comercio de esa ciudad. Se dedica a la construcción de edificios no residenciales. Su representante legal es Niño Abel Otálora.
Entre 2012 y 2020 recibió contratos por $1.658 millones, para obras civiles y suministro de laboratorios, entre otras entidades, del comando Aéreo de Mantenimiento, el Servicio Geológico Colombiano y los institutos Nacional de Salud y Medicina Legal.