Este lunes, durante el cierre de las sesiones extraordinarias del Concejo de Cartagena, los concejales y el alcalde William Dau protagonizaron un intercambio de insultos, que fue visto en tiempo real por centenares de cartageneros y, minutos después, por miles de colombianos porque el video se viralizó en redes sociales y fue replicado en medios de comunicación.
Esa discusión deja en un punto muerto la relación entre el Concejo y el Ejecutivo, y expone a Wiliam Dau a una sanción de la Procuraduría, justo en momentos en que Cartagena afronta una emergencia sanitaria por coronavirus que ya suma nueve muertos y 125 contagiados.
El coletazo de esa pelea se sentirá inmediatamente en dos frentes.
El primero es el control político. Después de la pelea, varios de los concejales anunciaron a través de medios locales o en sus redes sociales que seguirán haciéndole seguimiento a la administración Dau, especialmente, a las medidas que adopte para continuar enfrentando la pandemia.
Lo vivido en la sesión de hoy fue un triste y bochornoso mensaje para la ciudad. Alcalde @daulaw ¡Le exigimos respeto! Le recordamos que nuestra intención nunca ha sido torpedear su trabajo, sino que su actuación se ajuste a lo que exige la ley y que sea lo mejor para Cartagena. pic.twitter.com/fSUQfsPlXx
— César Pión (@cesarpiong) April 13, 2020
Ese control político venidero se prevé mucho más implacable, pues durante el periodo de extras los concejales cuestionaron todas las medidas del gobierno Dau ante la crisis. Entre ellas, la logística para entregar los mercados a los más pobres o la falta de dotación hospitalaria, incluso le pidieron a los órganos de control investigar posibles omisiones y al Ministerio de Salud designar a un gerente para atender la pandemia.
La segunda consecuencia de esa pelea es que el Concejo no le aprobará fácilmente a Dau sus proyectos de Acuerdo para responder a la pandemia, cuyo pico -según el Ministerio de Salud- llegará en mayo. Ese mes el alcalde deberá convocar al Concejo a nuevas sesiones extraordinarias para someter a debate su Plan de Desarrollo. Para entonces, las administraciones locales en Colombia necesitarán más plata y mayor sinergia entre sus actores políticos, debido a la alta proyección de contagios y muertos.
Y prueba de cómo el Concejo puede ponérsela cuesta arriba a Dau fue lo que ocurrió con los dos proyectos que presentó para su estudio, durante las sesiones extraordinarias que finalizaron este lunes 13 de abril, y su rechazo al traslado de recursos que las alcaldías menores le prometieron a la Alcaldía Mayor.
Cuesta arriba en las extraordinarias
Con la calamidad pública decretada desde el 17 de marzo por el alcalde Dau hasta por seis meses prorrogables, la Alcaldía de Cartagena puede hacer traslados presupuestales y contratar de manera directa bienes y servicios para atender la pandemia de coronavirus.
Tras esa declaratoria, la administración Dau cuenta con $20.000 millones, según explicó el 3 de abril pasado en el Concejo la secretaria general Diana Martínez.
Martínez explicó que $8.500 millones son para dotación sanitaria, otros $8.500 millones para mercados y $3.000 millones adicionales se invertirán en bonos de alimentación para niños escolarizados.
Recursos que no son suficientes para atender una pandemia en cuyo pico Cartagena necesitará al menos 400 camas de cuidados intensivos, es decir, 170 más de las que disponía hasta el 1 de abril. También para los meses venideros de pandemia, la administración Dau prevé pasar de 1.200 camas a 3.000 en total, habilitando escenarios deportivos como los coliseos de Combate y Bernardo Caraballo, y la Biblioteca Distrital.
Para conseguir parte de esos recursos, la Alcaldía convocó al Concejo a sesiones extraordinarias y le presentó, el 25 de marzo, los proyectos de acuerdo 014 y 015.
Con el proyecto 015, el alcalde buscaba que el Concejo le aprobara unos alivios a los morosos de multas de tránsito impuestas a 2019. La iniciativa fue archivada, el pasado 6 de abril, porque pese a que el Distrito alegó que esos recaudos los invertiría en la crisis sanitaria, la directora del Tránsito distrital Sindry Camargo dijo en plenaria del Concejo que con una parte de esos recursos se pagarían nóminas y se harían inversiones relacionadas con esa dependencia.
El concejal César Pión (Partido de La U) le dijo a La Contratopedia que al tratarse de multas de vigencias anteriores cuyos cobros los hacía un privado, ese privado podía reclamarle al Distrito parte de los recursos recuperados. Pión se refirió a Circulemos, empresa que estuvo encargada del recaudo hasta diciembre de 2017.
El proyecto de Acuerdo que el Concejo sí le aprobó al gobierno Dau, después de una diferencia jurídica, fue el 014. Los concejales le dieron luz verde, minutos antes de los insultos que intercambiaron con el alcalde.
A través de esa iniciativa, la administración Dau le pidió a esa corporación su aval para rebajarles intereses a los morosos de los impuestos Predial y de Industria y Comercio con deudas pendientes hasta 2019. Son cerca de 180.000 predios, según la Secretaría de Hacienda.
Una vez el alcalde Dau promulgue ese Acuerdo, los morosos tendrán una rebaja del 90% en sus intereses si pagan antes del 31 de mayo o del 75% si lo hacen entre el 1 y el 30 de junio. Con esa ganga, el Distrito espera recaudar cerca de $34.751 millones, entre abril y junio próximos, para invertirlos en más mercados, dotación sanitaria, infraestructura hospitalaria y estímulos para los trabajadores informales.
Esa aprobación se dio después de que el Concejo pidió la inclusión de un artículo que especificara la destinación de los recursos, pues el proyecto de Acuerdo inicial establecía una libre destinación de la plata y no su inversión específica en la atención a la pandemia.
La Secretaría de Hacienda defendió la libre destinación de los recursos argumentando que así el Distrito tendría más margen de maniobra para responder ante las necesidades según se fueran presentando, pero se comprometió a presentar un informe, dos meses después de controlada la emergencia, con detalles del recaudo y su inversión.
Además de esos dos proyectos de Acuerdo, durante este período de extras los concejales cuestionaron que los tres alcaldes menores de Cartagena se hubiesen comprometido a entregarle a la Alcaldía Mayor $2.000 millones, cada uno, del Fondo de Desarrollo Local, para el presupuesto general de atención a la emergencia. En cambio, les pidieron contratar directamente.
Una relación que nació muerta
La mala relación entre el alcalde y los concejales se remonta, años atrás, a la época en la que Dau era veedor y desde sus redes sociales tildaba a los concejales de corruptos y copartícipes de la crisis administrativa en la que Cartagena se encuentra desde hace una década y por la que suma 12 mandatarios entre elegidos por voto popular y encargados por el Gobierno Nacional. Calificativos que volvió a repetir en la sesión virtual de este lunes, acompañados de insultos.
Esa relación se quebró aún más en octubre pasado, cuando contra todo pronóstico Dau le ganó la Alcaldía a quien las encuestas daban como favorito y contaba con el apoyo de casi todos los concejales, William García Tirado. Un candidato que tenía, además, el apoyo de uno de los barones electorales de Bolívar, Vicente Blel Saad, padre del actual gobernador Vicente Blel Scaff.
Desde el pasado 10 de enero, cuando el Concejo confirmó la elección como personera distrital de Carmen Elena de Caro, reconocida aliada del investigado empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, no han dejado de ser noticia los enfrentamientos entre los concejales y Dau. Especialmente, porque Dau ha llamado corrupto en reiteradas ocasiones a Hilsaca.
También el 16 de enero los concejales sacaron de la plenaria al abogado que Dau había elegido de enlace entre su administración y el cabildo, alegando que este aún no tenía un contrato firmado con el Distrito.
A finales de enero la disputa corrió por cuenta de un señalamiento del secretario de Participación Armando Córdoba. Todo comenzó con una solicitud de revocatoria de Córdoba, que un veedor radicó ante el despacho de Dau alegando que ese funcionario no cumplía con los requisitos para ocupar ese cargo.
El Secretario respondió a esta petición señalando que se trataba de “una persecución de varios concejales” que lo habían estado “extorsionando” por puestos, acusación de la que debió retractarse en la plenaria del Concejo días después.
Un señalamiento similar al de Córdoba hizo el propio Dau, a finales de febrero, al compartir en sus redes una imagen en la que expresaba: “El Concejo de Cartagena anda jodiendo a la administración Dau porque no les ha dado ninguna OPS”. Lo dijo después del control político del cabildo a varios funcionarios, que según denunció el alcalde fueron tratados de ineptos.
Los concejales respondieron con más cuestionamientos a varios nombramientos distritales: criticaron el salario asignado a Cinthia Pérez Amador, la asesora que el alcalde llama la primera dama del Distrito, y cuestionaron el nombramiento de Lydis Ramírez, asesora anticorrupción. Esta última funcionaria fue removida del cargo, justamente por cuenta del control que hicieron los concejales, pues no tenía la experiencia para ese rol. El Concejo le terminó ganando ese pulso a Dau.
Tras un arranque tan caldeado, el 29 de febrero la secretaria general Diana Martínez clausuró la sesiones y llamó a limar asperezas. Un mensaje que no caló porque en las extraordinarias, citadas desde el 25 de marzo, la relación se tensó tanto que acabó en los insultos de este lunes.
Habrá que ver si en mayo próximo, cuando el alcalde y concejales vuelvan a encontrarse, habrá una tregua y las relaciones puedan ser, al menos, cordiales.