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Casi un tercio de la megacontratación del Atlántico, es decir, de contratos superiores a los mil millones de pesos, los ejecuta la empresa mixta Edubar. /Foto: Gobernación del Atlántico.

Casi un tercio de la megacontratación del gobierno de Elsa Noguera lo ejecutan empresas mixtas

La Gobernación del Atlántico les entregó más de medio billón de pesos, en contratos directos, a las firmas Edubar, Alumbrado Público de Barranquilla y Puerta de Oro SAS, que se rigen por el derecho privado. 

Este contenido forma parte de la investigación ‘Así funciona el modelo de contratación charista en la Gobernación del Atlántico‘, posible gracias a la iniciativa ‘Desafío en Contrataciones Abiertas’ , del Open Contracting Partnership.

 

Parte del sello charista es la ejecución de recursos de infraestructura pública, a través de empresas mixtas. Casi un tercio de la megacontratación de Elsa Noguera, $577.135 millones, ha quedado en manos de esas firmas, constituidas con capital público-privado para desarrollar actividades industriales o comerciales bajo las reglas del derecho privado. 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe SA (Edubar) es la mixta que se ha ganado la mayor parte de los recursos departamentales, los últimos dos años y medio, y por tanto es la principal megacontratista del gobierno Noguera.

Edubar ha recibido más de medio billón de pesos para gerenciar la construcción e interventoría de distintos proyectos, a través de nueve contratos interadministrativos.

Para cumplir sus obligaciones con la Gobernación, Edubar realiza convocatorias públicas y contrata con otras empresas. Algunas de esas obras ya están en ejecución, otras próximas a concurso y un par de ellas fueron declaradas desiertas en un primer intento de selección, hace unas semanas (acueducto costero y acueducto rural en Repelón y Luruaco).

Que la Gobernación les haya asignado a tres empresas de economía mixta (Alumbrado Público de Barranquilla y Puerta de Oro, además de Edubar) la ejecución de 15 de sus proyectos medulares —en lugar de contratarlos por procesos competitivos desde sus dependencias—, genera al menos tres escenarios de contratación, que pueden favorecer la opacidad, según advertencias de veedurías, o propiciar una ejecución más eficiente, según el gobierno departamental.

La primera consecuencia de esa intermediación es que se flexibilizan las condiciones, porque las empresas mixtas tienen un régimen especial de contratación y no se rigen por la Ley 80 de contratación pública, que establece lineamientos y requisitos más estrictos.

Por ejemplo, las mixtas no están limitadas a ejecutar los presupuestos anuales, como sí lo exige la Ley 80. Es decir, estas firmas pueden recibir los recursos en 2022 y seguir ejecutándolos en 2023 sin necesitar los avales de los Concejos ni de las Asambleas. 

En el caso de Atlántico, si alguno de los contratos que hoy gerencia Edubar lo hubiera firmado la Secretaría General y las obras no alcanzarían a estar listas antes del 31 de diciembre, el gobierno departamental necesitaría el permiso de la Asamblea bajo la figura de vigencias futuras o de reincorporación de recursos para seguir ejecutando desde el 1 de enero.

Las mixtas tampoco están obligadas a exigir en sus procesos de contratación todos los requisitos que sí contempla la Ley 80 (habilitantes técnicos, jurídicos, económicos, financieros, vinculación de personal con discapacidad, etc). Por el contrario, pueden estipular unas reglas de juego más amplias, definidas en sus manuales de contratación.

En esos manuales deben explicar cómo celebran los contratos de manera competitiva o directa dependiendo los montos. Por tanto, pueden contratar con autonomía, aunque están llamadas a seguir los principios que rigen la función administrativa y la gestión fiscal pública.

Esos lineamientos, sin embargo, suelen ser ambivalentes y “en los que cabe todo”, le explicó a La Contratopedia una experta en contratación pública y privada, que pidió no ser citada para no poner en riesgo un proceso de consultoría que tiene a su cargo en el interior del país.

Con la entrada en vigencia de la Ley 2195 de 2022, que adopta medidas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, Colombia busca poner en cintura la contratación a través de empresas mixtas. Desde este año, esas instituciones deben contratar con pliegos tipo y siguiéndose más por los lineamientos de la Ley 80. 

Sin embargo, la misma Ley 2195 contempla varias excepciones que permiten que las mixtas sigan teniendo condiciones de contratación más flexibles.

El segundo escenario que este tipo de contratación genera es la dificultad para seguirle la pista a los recursos.

Cuando La Contratopedia le pidió a la Gobernación información sobre sus convenios interadministrativos con las empresas mixtas Edubar y Puerta de Oro SAS, el gobierno departamental les trasladó a ellas la responsabilidad de la respuesta, argumentando la independencia contractual que las cobija.

Edubar envió la información, según las características solicitadas, mientras que Puerta de Oro SAS respondió que la información podría consultarse en su sitio web, en la Auditoría General de la Nación o en las plataformas I y II del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).

En su respuesta, Puerta de Oro, además, resaltó que si bien “no le es obligatoria la rendición de cuentas”, cumple “satisfactoria y oportunamente con el principio de publicidad”. 

El tercer escenario es la existencia de conflictos de interés, pues entre los socios de Edubar —la mixta con la que más ha contratado la Gobernación— hay miembros de la familia Char, el mismo movimiento político al cual pertenece la gobernadora, ejecutora del gasto público departamental.

El 74% de la composición accionaria de Edubar es pública (entre sus socios están el Distrito de Barranquilla y el Departamento del Atlántico) y el 26% restante es de origen privado. Una de esas empresas es Sociedad Portuaria Río Grande SA, registrada en la Cámara de Comercio de Barranquilla en 2010.

Sociedad Portuaria Río Grande SA forma parte del Grupo Empresarial Puerto de Barranquilla, que maneja la actividad portuaria de esta capital, y tiene entre sus accionistas a Supertiendas y Droguerías Olímpicas SA y Sociedad Colombiana de Inversiones Comerciales SA, ambas empresas de la familia Char, reveló La Silla Vacía.

Aunque nació en 1990 en respuesta a las observaciones que hizo la Agencia de Cooperación Internacional del Japón para un macroproyecto de renovación urbana de Barranquilla, gracias a la experiencia de los últimos 14 años Edubar ha logrado convertirse en una de las estructuradoras y gerenciadoras de proyectos más fuertes del Caribe. 

Sobre todo ha tonificado ese músculo empresarial con los convenios, firmados con la Alcaldía de Barranquilla, para gestionar la canalización de arroyos o la construcción de escenarios deportivos y parques. 

En otras palabras, una parte de los Char ha ayudado a fortalecer, desde la Alcaldía y ahora desde la Gobernación, una empresa donde tienen intereses económicos varios de sus parientes, pues cada vez que Edubar contrate con esas entidades obtendrá una cuota de gerencia. 

Por el proyecto para construir más de 311.000 metros cuadrados en parques y plazas, por ejemplo, la Gobernación le paga $5.400 millones, que corresponden al 3% del monto inicial de la obra y de su interventoría ($174.600 millones). La Gobernación adicionó $24.763 millones para intervenir más espacios públicos, pero le mantuvo el mismo pago a Edubar.

Consultada por la contratación con Edubar, la Gobernación dijo que por “eficiencia, eficacia y economía” acudía a esa empresa.

Especialmente, porque el Departamento no cuenta con un equipo humano y técnico para desarrollar sus procesos contractuales y, dada “la magnitud” de los proyectos de infraestructura, es “aconsejable contar” con una unidad de gestión exclusiva para la contratación, ejecución y seguimiento de los procesos.

La Gobernación también ve como una ventaja de este sistema de contratación la liberación de impuestos: por el régimen tributario que los cobija, este tipo de contratos no deben destinar 13.3% de los recursos para el pago de estampillas con las que el Departamento financia la salud pública, la Universidad del Atlántico, la cultura, la electrificación rural y los programas de bienestar para los adultos mayores.

Los recursos liberados se suman al presupuesto de la obra. Situación contraria ocurre cuando la contratación se da a través de licitaciones de obra pública (lea aquí la respuesta completa de la Gobernación). 

La contratación a través de las empresas mixtas es tan característica del sistema charista que, al inicio de su gobierno, Elsa Noguera intentó conformar una con la participación mayoritaria del Departamento.

En mayo de 2020, la Asamblea le dio luz verde, pero con la pandemia por Covid-19 ese proceso se truncó, le respondió a La Contratopedia el secretario Lacouture. 

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