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La adecuación y reparación de este quiosco central fue una de las intervenciones. /Foto: María Alejandra Romero.

Distrito invirtió $360 millones en sede del Rafael Núñez; maestros piden más obras

Los trabajos los realizó el Consorcio 093, entre junio y agosto. Los directivos de esta institución reclaman adecuaciones en techos y cerramientos.

Este contenido forma parte del especial ‘Así se invierten $29.000 millones en obras de infraestructura educativa en Cartagena’.

La Institución Educativa Rafael Núñez, sede Simón J. Vélez, en el barrio El Prado, es una de las escuelas beneficiarias de parte de los $29.000 millones ejecutados por la administración de William Dau, en convenio con Findeter y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, para mejorar los colegios públicos de Cartagena. 

 Esa bolsa de recursos contempla 60 obras en 42 escuelas. Cinco de ellas las ejecutó el Consorcio 093 en la sede Simón Vélez, entre junio y agosto, divididas así: 

  1. Adecuación y reparación del quiosco central.
  2. Nivelación del suelo.
  3. Mantenimiento de la infraestructura eléctrica.
  4. Instalación de canaletas para verter el agua que se acumula por las lluvias.
  5. El arreglo de cubiertas en dos aulas. 

Aunque esa intervención resuelve parte de las fallas de esa escuela, que atiende a 349 estudiantes de preescolar y primaria, la institución requiere más obras en sus sedes principal y ciudad de Santa Marta, le dijo a La Contratopedia Caribe, Ledy Zapardiel, rectora del Rafael Núñez.

Dentro de las obras que Zapardiel le pide a la Alcaldía están el cambio de más techos, el cerramiento de las sedes y una solución para el drenaje pluvial, porque las aulas suelen inundarse con cada aguacero.

 

 
 
 
 
 
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Un consorcio con ruidos

El Consorcio 093, que ejecutó las obras del Simón Vélez y de otro colegio cartagenero (el de Arroyo de Piedra) está integrado por una firma monteriana (ElescoSAS) y una persona natural sucreña (Jorge Armando Álvarez Meza), ambas con el 50% de participación. 

La representante legal del consorcio es Andrea Patricia Hernández Henriquez.

Esas dos firmas tienen en común ruidos por procesos disciplinarios que les ha abierto la Contraloría por presuntas fallas en contratos ejecutados en pueblos de Sucre. 

Elesco SAS es una empresa dedicada a la construcción de edificios, carreteras y proyectos de servicios públicos. Está matriculada en la Cámara de Comercio de Montería desde 2006. Y desde 2010 está inscrita en el Registro Único de Proponentes, lo que le permite contratar con entidades públicas desde entonces.

Su representante legal es Enrique Aldemar Villalba Barrios, un recurrente contratista en los departamentos de Sucre y Córdoba. Varios de esos contratos, esta empresa se los ha ganado en el marco de convenios entre Findeter y alcaldías de esos departamentos. 

Entre 2010 y 2020, Elesco SAS firmó contratos con distintas entidades públicas que sumaron $26.777 millones. 

Elesco SAS tiene un proceso de responsabilidad fiscal abierto en la Contraloría Delegada Intersectorial por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de 2014, para el mejoramiento y rehabilitación de la vía que comunica a los corregimientos Palma de Vino-Charcon-Canito-Los Araujo, con las cabeceras municipales de Betulia y Los Palmitos, en Sucre.

El otro integrante del Consorcio 093 es Jorge Armando Álvarez Meza, un reconocido contratista de Sucre, que entre 2015 y 2018 firmó contratos por más de $49.000 millones en ese departamento. 

En la Cámara de Comercio de Sincelejo está inscrito como persona natural desde 2015 y su principal actividad es el comercio de motocicletas y repuestos para las mismas. De hecho, es propietario de Motorrepuestos JJ, local comercial ubicado en Sincelejo. 

Uno de los contratos en los que Álvarez Meza participó tuvo como objeto la construcción de la primera fase del sistema de alcantarillado del municipio de San Benito Abad, por más de $5.000 millones. Álvarez fue el representante legal del Consorcio Redes 2018, a cargo de la obra y además tenía el 90% de participación. 

La primera fase de construcción del alcantarillado comenzó en 2019 y recibió quejas de la comunidad por demoras en las obras. Recientemente, la Contraloría Departamental de Sucre le inició investigaciones por supuestos sobrecostos e incumplimientos en esa primera etapa.

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