En un tercer informe de evaluación, dos miembros de un comité designado por el Concejo de Cartagena le sugirieron a la Presidencia de esa corporación contratar con la Universidad de la Costa (CUC) los exámenes técnicos para la elección del contralor distrital. Ese concepto va en contravía de uno previo, publicado el 12 de abril, que sugería no escoger a esa institución, que tiene varios cuestionamientos a cuestas por su participación en otros procesos de selección.
La universidad barranquillera fue la única que se presentó a esta convocatoria del Cabildo, publicada el 30 de marzo, para contratar los servicios de una institución de educación superior, con acreditación de alta calidad, para practicar las pruebas. Este proceso ha sido cuestionado, desde sus inicios, por el alcalde de Cartagena William Dau.
En una primera revisión, el comité determinó que la CUC no cumplía con los requisitos técnicos ni jurídicos del proceso.
Subsanadas las observaciones hechas tras esa primera revisión, dos de los tres evaluadores expresaron algunos reparos por el monto de la oferta, por tener “precios artificialmente bajos”. Un asunto —dijeron— que no desvirtuaba la teoría de una posible “estrategia anticompetitiva” o “colusoria”, es decir, un acuerdo para limitar la competencia.
Sin embargo, en esa evaluación no detallaron dicha teoría y en una nueva comunicación, publicada este martes 19 de abril, se lee que no existe “asomo probatorio” para el señalamiento de presunta colusión.
La nueva calificación
A la Presidencia del Concejo llegó este martes 19 de abril el resultado de la tercera evaluación, firmado por Laura Valdés Bohórquez, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Concejo, y María Margarita Monterroza, asesora jurídica externa del Concejo. Ambas recomiendan aceptar “las razones del oferente (es decir, la CUC) en cuanto al valor ofertado y proceder de conformidad” con la contratación.
“Observamos que, jurídicamente y legalmente, las respuestas presentadas por el proponente al informe final de evaluación son válidas y satisfactorias para garantizar la sostenibilidad de la oferta durante la ejecución del contrato”, manifestaron Valdés y Monterroza.
Resulta que la universidad barranquillera tuvo que darle más explicaciones al comité designado por el Concejo cartagenero sobre el monto de su propuesta, pues ofertó $15.500.000 en un proceso convocado por $22.000.000.
Dos de los evaluadores (Laura Valdés Bohórquez y Ahisamac Rodríguez Hernández, director financiero del Concejo) determinaron que la oferta económica presentada por la CUC era “inferior al 29.5% del costo promedio determinado” y les pareció anómalo que estuviera 31.7% por debajo del promedio obtenido por el estudio de mercado, que el Concejo realizó revisando contratos similares en Cali, Popayán, Soacha, Dosquebradas y Pereira.
María Margarita Monterroza no respaldó ese concepto de sus compañeros.
En una primera respuesta, el rector de la universidad, Eduardo Crissien, justificó el monto con dos argumentos:
- La cercanía geográfica entre las dos ciudades que involucran los servicios: Barranquilla, donde tiene su sede la CUC, y Cartagena, a donde deberá desplazarse el personal asignado a practicar los exámenes a los interesados en ocupar la silla de contralor.
- La operación técnica de los exámenes no le genera a la universidad costos adicionales por recursos humanos, debido a que los encargados de ese proceso serán profesores de tiempo completo o contratistas permanentes. Por tanto, esas actividades contarán como parte de sus responsabilidades habituales.
En una segunda respuesta, la CUC dijo que le resultaba “inexplicable” el calificativo de “artificialmente baja” dado por el comité a su propuesta. La universidad también advirtió que los evaluadores tuvieron en cuenta procesos convocados en “regiones alejadas del país” y no los valores de contratos similares, celebrados en Barranquilla, Santa Marta, La Guajira, Cesar o Magdalena.
La universidad también dijo que, por ser una corporación sin ánimo de lucro, no era posible que el comité afirmara que “los contratos deben generar algún tipo de utilidad”, pues dicho planteamiento se aleja de la naturaleza propia de las universidades y de sus servicios para apoyar la gestión territorial.
Ante esos nuevos argumentos, las evaluadoras determinaron que “no se puede concluir que la oferta es artificialmente baja (…) A su vez, la oferta de la CUC no es contraria a la normativa que regula los eventos de prácticas colusorias (…)”.
Dijeron también que pregonar lo contrario, “sin ningún asomo probatorio” implicaría dejar de lado el principio de la buena fe.
El Concejo cambió, una vez más, el cronograma de contratación y ahora anuncia como nuevo plazo para comunicar si acepta la oferta de la CUC o declara desierto el proceso este miércoles 20 de abril hasta las 5:00 pm.