El próximo gobierno de Cartagena recibe una ciudad con casi la mitad de sus habitantes en situación de pobreza, según la reciente medición del Dane. /Foto: Tatiana Velásquez.
Cinco retos que le esperan al nuevo inquilino del Palacio de La Aduana
Crear e implementar estrategias que le apunten a disminuir los niveles de pobreza, frenar la ola de violencia y mantener unas finanzas fortalecidas forman parte de los desafíos que enfrentará quien gobierne Cartagena desde el 1 de enero de 2024.
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Quien se posesione como alcalde o alcaldesa de Cartagena, el primero de enero de 2024, recibirá una ciudad con casi la mitad de sus habitantes en pobreza, un plan de ordenamiento territorial de hace dos décadas, infraestructura pública deteriorada e indicadores de seguridad en rojo.
Todo un rosario de problemas agudizados, entre 2012 y 2019, por la inestabilidad administrativa que esta capital sufrió debido a los cambios recurrentes de alcaldes por enfermedad, inhabilidad para ejercer el cargo o investigaciones por corrupción.
A ese rosario se le suman los pocos avances que muchos indicadores tuvieron en la reciente administración de William Dau, el veedor que contra todo pronóstico no sólo les ganó en las urnas a los clanes políticos de Bolívar, en octubre de 2019, sino que está por convertirse en el único mandatario de la última década en completar cuatro años en el Palacio de La Aduana.
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Mitigar la pobreza: creció 1% más el último año
Superar la pobreza sigue siendo el principal reto de Cartagena como ciudad. Esta fue una de las tres capitales de Colombia donde aumentó en 2022, en comparación con 2021, según la más reciente medición del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane).
Ahora en la capital de Bolívar hay 454.839 habitantes en pobreza monetaria. Es decir, casi la mitad de la población no tiene al menos $427.667 mensuales para costear su alimentación, vivienda y artículos de primera necesidad.
El más reciente indicador de pobreza, que el Dane reportó en septiembre pasado, muestra que Cartagena pasó de marcar 42.5% en 2021 a 43.6% en 2022. Un punto porcentual que se refleja en 16.000 personas más.
📌#Quibdó registró la mayor incidencia de #PobrezaMonetaria: el 62,3 %. Esta cifra es 41,7 p.p. mayor que la de #Manizales, que tuvo la menor.
📌La medición anual muestra que en 20 de las 23 ciudades se redujo la pobreza. Aumentó en #Montería, #Sincelejo y #Cartagena. pic.twitter.com/CZZsVTLuZV— DANE Colombia (@DANE_Colombia) September 22, 2023
La pobreza extrema también aumentó: pasó de 10.1% en 2021 a 12.7% en 2022. Ese aumento de casi tres puntos porcentuales se evidencia en los 28.000 cartageneros que entraron a la indigencia, durante el último año, porque sus ingresos mensuales no superan los $200.447, suma con la que escasamente pueden comer.
La pobreza ha sido una asignatura pendiente por décadas en esta capital. De hecho, durante la cuarentena por coronavirus en 2020, fue usual escuchar cacerolazos desde los barrios más pobres porque sus habitantes no tenían qué comer ante la imposibilidad de salir a las calles a generar recursos para comprar alimentos.
Los dos años siguientes a la cuarentena, entre 2021 y 2022, las mediciones trimestrales del Dane sobre el impacto socioeconómico de la pandemia en Colombia, mostraron a Cartagena como una de las capitales donde la mitad o más de la mitad de sus hogares dijeron no tener garantizadas las tres comidas diarias.
Mejorar la seguridad: Cartagena tiene una de las tasas más altas de homicidios de Colombia
El último Informe de Calidad de Vida de Cartagena, Cómo Vamos mostró que uno de los indicadores que desmejoró en 2022 y que sigue sin dar señales de recuperación este 2023 es la seguridad.
Para mejorar los indicadores y de paso disminuir la percepción de inseguridad de los cartageneros será clave que el próximo mandatario o mandataria cree estrategias que frenen la ola de homicidios, extorsiones y robos a personas.
El año pasado, por ejemplo, en esta ciudad hubo 369 asesinatos: uno a diario. Esa cifra la ubicó como la cuarta ciudad con la tasa de homicidios más alta entre las 23 capitales principales de Colombia, después de Quibdó, Cali y Santa Marta.
Los 369 homicidios de 2022 representan un aumento del 51% en comparación con 2021, cuando Cartagena registró 245. El primer semestre de este año las autoridades ya contaban 212 casos de asesinatos, casi el 60% de todos los ocurridos el año pasado.
Ese rastro de sangre, que no es nuevo en Cartagena, pero después de la pandemia por coronavirus se ha teñido mucho más, es fruto de una disputa de bandas, que se pelean el territorio por su privilegiada posición de puerto en el Mar Caribe.
De hecho, el mismo alcalde William Dau reconoció en octubre de 2022, después de un consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa Iván Velásquez, que el Clan del Golfo se había “prácticamente apoderado de Cartagena".
“El Clan del Golfo está prácticamente apoderado de Cartagena”, dijo ayer el alcalde @daulaw después del Consejo de Seguridad que presidió el ministro @Ivan_Velasquez_ en esta capital👇🏼 pic.twitter.com/JkFHK5AFRJ
— La Contratopedia Caribe (@LaContratopedia) October 6, 2022
Las extorsiones también son otro delito en aumento: el año pasado hubo 249 denuncias, lo que representa un incremento del 84% en comparación con 2021, cuando las autoridades atendieron 135 casos.
Y el robo a personas pasó de 5.365 denuncias en 2021 a 6.678 el año pasado, un aumento del 24%.
Actualizar el POT e invertir más en infraestructura pública
La expedición de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es uno de los retos que le espera al próximo gobierno de Cartagena, tras el intento fallido de la administración de William Dau de reemplazar el que está vigente desde 2001. Un asunto clave para que Cartagena pueda planificar mejor su territorio y reorganizar sus áreas de mayor crecimiento desde finales de los años 90, en el sur y en el norte.
Distintos sectores cartageneros criticaron la manera como la saliente administración distrital intentó elaborar el nuevo POT, pues argumentaron ausencia de participación, pese a las más de 239 jornadas organizadas por la Secretaría de Planeación con ciudadanos y gremios para la elaboración del nuevo pacto social.
Tantas fueron las críticas, que varios sectores pidieron que sea el próximo gobierno local el que termine de formular el nuevo POT y lo presente ante el Concejo. Asunto que ocurrirá, pues el gobierno de Dau anunció que no radicará propuesta alguna ante el Concejo este semestre porque los tiempos ya no le alcanzan.
Aún están pendientes los ajustes medioambientales pedidos por el Establecimiento Público Ambiental (EPA) y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique). Esta última entidad archivó, en septiembre pasado, la solicitud de revisión del POT alegando que el Distrito no presentó la documentación completa ni ajustada a los requerimientos legales.
Sin esos ajustes, no hay concertación ambiental. Esa luz verde toma hasta 45 días hábiles. El gobierno de Dau espera dejar lista la concertación ambiental en lo que le queda de periodo (menos de tres meses) para que el gobierno entrante continúe con el trámite del POT: lo que sigue es entregarlo al Consejo Territorial de Planeación, para que le dé su visto bueno en un periodo de hasta 30 días hábiles.
Solo en ese momento el nuevo gobierno podrá radicar el POT ante el Concejo Distrital, que lo revisará en audiencias públicas y debates por hasta 90 días hábiles. Es posible, sin embargo, que la nueva administración decida revisar la documentación que hereda y hacerle cambios al articulado. Si eso sucede, el trámite podrá tomar más de un año.
A esos obstáculos que ha enfrentado el gobierno Dau se suma un copia y pega que La Contratopedia detectó en la redacción de los documentos que soportan el nuevo proyecto de POT, gracias a la advertencia de una fuente especializada en asuntos urbanísticos y a una plataforma antiplagio.
El diagnóstico de ese software arrojó, incluso, imprecisiones sobre la denominación de Cartagena (municipio en lugar de Distrito) y de los habitantes de zonas rurales (descritos con los términos del POT de Bogotá).
Que haya un POT actualizado es especialmente clave para que Cartagena proyecte, a corto y largo plazo, sus inversiones en infraestructura según las actuales necesidades de su territorio.
La malla vial de Cartagena, por ejemplo, no crece desde 2012 y cada vez es más evidente la necesidad de ampliar avenidas como la Pedro Romero y terminar la construcción de la Vía Perimetral, que podría ayudar a descongestionar la Avenida Pedro de Heredia, arteria principal de esta capital.
La infraestructura sanitaria también requiere inversión urgente, sobre todo en las nuevas zonas de expansión (hacia el norte y hacia el sur) y en los barrios que desde hace 10 años tienen elefantes blancos de la salud, obras del gobierno atípico de Dionisio Vélez (2013-2015).
La administración de Dau ha sacado adelante varias de esas obras sanitarias inconclusas, al igual que los elefantes blancos que recibió en el sector educativo, como los megacolegios Politécnico El Pozón, Villas de Aranjuez y San Felipe Neri.
Fortalecer Transcaribe y detener el caos vehicular
Con las obras de reparcheo vial de los últimos años, Cartagena ha privilegiado la pavimentación en los barrios y en avenidas principales, pero sigue sin apostar por políticas de movilidad e infraestructura más ambiciosas para reorganizar su parque automotor —cercano a los 128.000 vehículos— y conectarse mejor de norte a sur y de oriente a occidente.
La construcción de longitudinales y transversales es, particularmente, un imperativo para una ciudad con una limitada oferta de infraestructura vial. Cartagena sólo cuenta con el Corredor de Carga para su tráfico rápido y con la Pedro de Heredia como avenida principal de doble carril (uno es exclusivo para el sistema de transporte masivo Transcaribe).
Además, desde 2012, la ciudad no aumenta sus 1.832 kilómetros-carril construidos, según Cartagena, Cómo Vamos.
A esa limitada infraestructura vial se suman los problemas de operación de Transcaribe, que necesita una flota de buses más grande y trazar nuevas rutas para no dejar sin transporte a sus 270.000 pasajeros diarios —como ocurrió hace unos meses— y convertirse en un sistema con viabilidad financiera.
Como contó La Contratopedia, el Consorcio Colcard, concesionario de las rutas y del recaudo del sistema hasta hace unas semanas, desistió de seguir operando este año porque Transcaribe y el Distrito nunca le cumplieron con el número de rutas a operar ni la cantidad de pasajeros diarios a movilizar.
Ejecutar un billonario presupuesto y mantener las finanzas en verde
Uno de los indicadores de ciudad que mejoró en 2022 fue las finanzas públicas. Mantenerlas en verde será uno de los principales retos del sucesor del alcalde Dau. El año pasado los ingresos fiscales del Distrito estuvieron alrededor de los dos billones de pesos, lo que equivale a un promedio de $1.9 millones por habitante.
Con esa cifra, Cartagena se ubicó como la cuarta ciudad con el mayor ingreso per cápita de las capitales del país.
La gestión financiera del gobierno Dau fue reconocida por la evaluadora Fitch Ratings que, en un diagnóstico de mayo pasado, dijo que encontró un desempeño favorable no sólo por el recaudo tributario, sino también por el saneamiento y la disminución de pasivos.
Por esos “buenos resultados”, dijo la evaluadora financiera, Cartagena mejoró en la perspectiva de calificación de sus finanzas. Y “si el desempeño fiscal continúa reflejando los buenos resultados observados al cierre de 2022, las métricas podrían estar aún mejor posicionadas”.
La agencia, sin embargo, guarda cautela “antes de considerar una mejora en la calificación”, debido al cambio de administración en enero próximo.
El concepto de esa, que es una de las tres calificadoras más grandes del mundo, es clave porque muestra unas finanzas distritales más sanas y a un Distrito con mayor capacidad crediticia para sus inversiones.
El Distrito, de hecho, ya radicó en el Concejo el proyecto de presupuesto para 2024: son $3.4 billones, de los cuales $2.6 billones son para inversión. Es decir, el que llegue encontrará unas arcas llenas y ejecutará con muchos ojos encima.
