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En la audiencia de medida de aseguramiento que se celebró este jueves 3 de agosto, contra Nicolás Petro y su expareja Day Vásquez, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la Fiscalía General de la Nación expuso entre sus evidencias dos contratos amañados de la Gobernación del Atlántico, durante el gobierno de Elsa Noguera.
Se trata de contratos adjudicados a una fundación sin ánimo de lucro y que tuvo detrás —según las evidencias de la Fiscalía— la intermediación de Vásquez, su entonces pareja Nicolás Petro y a Pedro Name, con quien Vásquez tuvo un hijo.
Esa intermediación quedó soportada en conversaciones que ellos sostuvieron a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp y llamadas telefónicas.
Para que los contratos se los ganara la Fundación Conciencia Social, explicó la Fiscalía, fueron actores clave la gobernadora Noguera y el secretario general de la Gobernación del Atlántico, Raúl Lacouture, quien es la mano derecha de la mandataria y está a cargo de revisar y aprobar la contratación del Departamento.
Estos contratos la Fiscalía los enmarcó en una serie de eventos relevantes —algunos de ellos son conductas delictivas— que involucran a Petro y a Vásquez, desde que se casaron en 2019 hasta mayo pasado, e incluyen gestiones de financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro con personas cuestionadas (algunos de ellos, exnarcos y empresarios investigados). Gestiones y dineros que el hijo del presidente reconoció.
La contratación amañada muestra también que aunque en público Nicolás Petro representaba la oposición al gobierno de Elsa Noguera, en privado no sólo tenía vasos comunicantes con esa administración sino que se beneficiaba de sus contratos.
Petro perdió la Gobernación del Atlántico en las elecciones de 2019 y por quedar de segundo llegó a la Asamblea (Estatuto de Oposición).
Los contratos (y los supuestos desvíos de dinero)
El contratista cercano a Vásquez es Gustavo Adolfo De la Ossa Vélez, representante legal de la Fundación Conciencia Social, organización sin ánimo de lucro, matriculada en la Cámara de Comercio de Barranquilla desde 1996.
Lo que reveló la Fiscalía es que Vásquez acordó con De la Ossa presentar una oferta para ganarse un primer contrato con la Gobernación del Atlántico en 2021 y cuadrar una segunda oferta para obtener otro en 2022.
De las conversaciones mencionadas por el Fiscal se deduce que el plan de Vásquez, Petro hijo y Name para ganarse un primer contrato incluyó conversaciones de Vásquez con el secretario Lacouture.
“Ya Raúl (Lacouture) me llamó ahorita y me dijo que él mañana va a mandar a que revisen todo para firmar. Él ahora está de viaje y regresa el domingo. Sino, él mismo el lunes lo va a firmar, entonces ya eso de mañana al lunes debe estar firmado”, le dijo Vásquez a De la Ossa, en un audio que le envió para ponerlo al tanto de las movidas.
La Fiscalía, además, mostró la fotografía de un chat de Vásquez con Lacouture como otra evidencia de los acuerdos por debajo de la mesa.
El contrato en cuestión era por cuatro meses y por $400.000.000, “para aunar esfuerzos para atender a mayores de edad en centros de vida móviles en el Atlántico”.
De esa plata, según las evidencias de la Fiscalía, al menos $160.000.000 serían desviados para repartirse así:
- $120.000.000 para Days Vásquez (en ese momento, pareja y socia de Nicolás Petro)
- Y $40.000.000 para Gustavo De la Ossa y Pedro Name.
Esa suma, incluso, podría ser mayor porque en su lectura de evidencias el Fiscal después mencionó que De la Ossa y Name recibirían $40.000.000 cada uno, por tanto el desvío sería de $200.000.000, es decir la mitad del contrato.
Sin embargo, las cuentas no le cuadraban al representante de la Fundación Conciencia Social porque el desvío de plata superaba el 35% del monto total del contrato y eso afectaría la ejecución.
“Las cifras no dan”, le dijo De la Ossa a Vásquez en uno de los audios. Incluso recalcó que bajando los costos al mínimo posible el presupuesto no era viable.
De la Ossa le mencionó, además, que ya había discutido ese tema con Pedro Name.
En las evidencias presentadas por la Fiscalía no queda claro si hubo un reajuste en el porcentaje de desvío de los recursos o si Vásquez, De la Ossa y Name lograron cuadrar el presupuesto para mantener sus montos proyectados.
Lo que sí queda claro es el criterio clientelista —por encima del técnico— que De la Ossa, Vásquez y Name usaron para contratar al personal que ejecutaría ese contrato. Asunto del que Vásquez mantuvo informado a Petro hijo, según chats presentados por la Fiscalía.
Entre los vinculados estuvieron la mamá de Vásquez Liceth Castro, la psicóloga Andrea Fernanda Henriquez Villalba y Kesey Samir Cuesta Rocha, a quien Vásquez referenció como su primo.
“Yo estoy cuadrando todo para que nos den las cifras que queremos, con las personas que vamos a contratar. (…) El médico sería para trabajar ocho días, porque sería para cosas específicas. El abogado sería más como un asesor que no tendría que ir todos los días. A tu mami sí le voy a conseguir algo para que me esté asesorando ahí y que se gane mínimo seis millones”, le dijo De la Ossa a Vásquez.
Además, De la Ossa señaló en otro aparte de la grabación que ya Pedro Name le había enviado las hojas de vida de personas de su círculo para la ejecución del contrato: sus hermanos, un terapista ocupacional y una nutricionista.
De la Ossa también le pidió a Vásquez que hablara con el secretario Lacouture para que la Gobernación no les exigiera más ajustes presupuestales y pudieran firmar pronto el convenio de asociación, pues en una de las revisiones la Gobernación les hizo 19 observaciones para que detallaran mejor los montos.
“Especificar más el tema presupuestal es un arma de doble filo. Si nos ponemos a especificar tenemos más mecanismos de control”, se le oye decir a De la Ossa, temiendo una mayor fiscalización de la interventoría si los montos del proyecto quedaban completamente detallados.
Ante esa preocupación, Vásquez le respondió a De la Ossa, vía chat, que ya había acordado una reunión con Lacouture para despejar todas las inquietudes y avanzar en la contratación.
El contrato, finalmente, lo firmaron el 23 de agosto de 2021 bajo la modalidad de asociación por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro.
Los audios también sacaron a flote el lobby que Vásquez hizo en la Gobernación en septiembre, un mes después de haber firmado el contrato, para que les saliera más rápido el anticipo, equivalente al 40% del monto total. Es decir, $160.000.000.
La orden de pago salió con fecha del 13 de octubre.
Al día siguiente, De la Ossa le confirmó a Vásquez el pago y le anunció que por la tarde cuadrarían, verbo que según el fiscal era una posible alusión a una repartición de los dineros.
El segundo pago de ese contrato salió el 17 de noviembre de 2021, por $120.000.000. Y el resto de la plata, $120.000.000, la Gobernación la pagó el 24 de diciembre de ese año.
La mención a Noguera
El 13 de diciembre de 2021, antes del pago final del primer contrato, Vásquez le anunció a De la Ossa que hablaría con la misma gobernadora Elsa Noguera de cara a un segundo contrato para 2022.
Que Vásquez mencionara a la gobernadora no causaría sorpresa en su círculo porque ambas se conocen desde hace tiempo. La mandataria, de hecho, es madrina del hijo que Vásquez tiene con Pedro Name, primo del senador José David Name Cardozo.
Además, Vásquez ha sido contratista de la Alcaldía de Barranquilla, manejada por el mismo grupo político de Noguera (los Char).
Aunque la Fiscalía no mostró evidencias de la conversación de Vásquez con Noguera, lo que sí está comprobado es que en enero de 2022 la Gobernación del Atlántico volvió a contratar a la Fundación Conciencia Social para “aunar esfuerzos para atender a mayores de edad en centros de vida móviles en el Atlántico”. El mismo objeto del contrato de 2021.
Sobre ese segundo contrato, la Fiscalía mencionó un proceso por $800.000.000, con una vigencia de ocho meses. Sin embargo, el número de contrato mencionado por el ente acusador (202202395) aparece en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) firmado por $572.000.000 para una ejecución de cuatro meses.
Tanto el contrato de 2021 como el de 2022 formaban parte de un plan más ambicioso de Vásquez y De la Ossa, según se escucha en uno de los audios, para hacer “algo bien interesante que sea bastante rentable” a futuro.
La Gobernación del Atlántico aún no se pronuncia por estos hechos. La Contratopedia consultó con la oficina de prensa de la gobernadora Noguera, pero no obtuvo respuesta alguna.
Además de esos dos contratos de la Gobernación, a la Fundación Conciencia Social le aparecen, recientemente, en el Secop dos procesos adjudicados de forma directa por la Alcaldía de Barranquilla en febrero de 2021 y enero de 2022.
Esos contratos, por $1.692 millones, tuvieron como objeto atender a población escolar con problemas auditivos y visuales.
Como ha contado La Contratopedia, el modelo de contratación en la gobernación del Atlántico es el mismo que tiene la Alcaldía de Barranquilla desde la llegada de los Char en 2008.
Se trata de un sistema que sigue los principios legales de la contratación pública de Colombia, pero en ocasiones se vuelve opaco al privilegiar la millonaria ejecución a través de empresas mixtas, al no facilitar la pluralidad de oferentes en todos los contratos cuantiosos y al favorecer a las firmas con más músculo económico.
Es también un modelo con proyectos a largo plazo, que destina millonarios recursos para el fortalecimiento institucional, el saneamiento de las finanzas y la puesta en marcha de una locomotora de cemento para transformar con megaobras la infraestructura pública.
Parte de esos recursos son producto de un alto nivel de endeudamiento con la banca.