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Varias voces consideran que Cartagena requiere una única entidad fuerte para administrar su patrimonio. /Foto: Antonio Canchila García

Al menos 10 entidades influyen en el patrimonio cartagenero

El Ministerio de Cultura, la Escuela Taller Cartagena de Indias y la Gerencia de Espacio Público forman parte de un listado de entidades públicas y privadas que deciden sobre el patrimonio. Con tantos rostros involucrados se complejiza la administración de esos bienes.

Este contenido forma parte de la investigación ‘Cartagena no tiene control total ni organizado de su patrimonio histórico‘.

Hoy son diez las instituciones, entre públicas y privadas, del orden local y del orden nacional, detrás del patrimonio cartagenero. Cada una es una pieza dentro de un engranaje que no siempre funciona de manera sincronizada y eficiente, por la burocracia y la tramitología estatal. 

Unas están llamadas a reglamentar y preservar, otras a administrar y un tercer grupo a vigilar y controlar. Algunas cumplen más de una función y a veces la competencia de quién hace qué no es tan clara.

El largo listado de rostros que han tenido injerencia sobre el patrimonio de La Heroica comenzó a formarse a mediados del siglo pasado, cuando el Estado colombiano no tenía suficientes recursos para la recuperación y conservación de esos bienes y se los entregó a la Sociedad de Mejoras Públicas.

Unos bienes que por su riqueza histórica, arqueológica y arquitectónica han merecido las declaratorias de Patrimonio Nacional, desde 1959, y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1984. Esta última declaratoria está en peligro por el crecimiento urbanístico desordenado de Cartagena. 

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio, es la máxima autoridad del tema en Colombia. Debe formular políticas que preserven el patrimonio y generen apropiación social. En esa labor, que no ha estado exenta de cuestionamientos, se vale de otras instituciones con las que firma comodatos. 

En el caso cartagenero, firmó uno en 2012 con la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), institución pública que desde entonces administra el sistema de fortificaciones. Asumió esa tarea después de que la Sociedad de Mejoras Públicas renunció a ella en 2012.  

Las fortificaciones, columna vertebral del patrimonio cartagenero, las conforman monumentos ubicados en el Cordón Amurallado, el Castillo de San Felipe de Barajas y territorio insular. Al menos hay 62 con posibilidades de explotación económica.

Más que un comodato, el contrato firmado entre el Mincultura y la Etcar funciona como un encargo administrativo porque las decisiones deben pasar por un comité de dirección, en el que el Ministerio tiene dos votos y el Distrito solo uno. 

Por tanto, la Alcaldía no tiene autonomía y la persona designada por el alcalde en la dirección de la Etcar llega con poco margen de maniobra, porque su plan de trabajo anual debe ser aprobado por ese comité.

El otro comodato que el Ministerio de Cultura firmó en Cartagena fue uno con la Escuela Taller Naranja, en 2020, para la administración por cinco años de una Bóveda (la número 13) y la Casa del Castellano, ubicada en el Bonete del Castillo de San Felipe. 

Ese mismo año, el Ministerio propuso a esta Escuela (con participación mayoritaria de Bogotá) como administrador de las fortificaciones, idea que no cayó bien en La Heroica porque fue vista como otra muestra del centralismo tradicional de Colombia. 

La propuesta no prosperó y la Escuela cartagenera siguió a cargo de las fortificaciones: su actual comodato vence en octubre próximo. Todo apunta a que el Ministerio se lo renovará por cinco años. 

En cuanto a la vigilancia patrimonial, las instituciones del orden local que cumplen esa función son el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) y el Comité Técnico de Patrimonio, pero su margen de acción es limitado porque no tienen injerencia en las fortificaciones.

La labor del IPCC se centra más en controlar las intervenciones sobre el resto del patrimonio material en el Centro y su área de influencia. Los propietarios de los bienes deben notificar al IPCC las intervenciones menores que proyecten hacer y éste validará que no atenten contra la arquitectura colonial. Si atenta, el IPCC puede imponer multas. 

Las intervenciones de mayor alcance también llegan al IPCC, pero su aprobación pasa por el Comité Técnico de Patrimonio, órgano asesor de la Alcaldía presidido por el mandatario de turno. También tienen asiento allí la Sociedad de Arquitectos de Bolívar, los Vecinos del Centro Histórico, la Academia de Historia, las universidades y el Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias. Un miembro por cada institución.

Otras entidades con funciones de vigilancia en áreas patrimoniales son la Gerencia de Espacio Público y la Secretaría del Interior. Especialmente, en temporadas de alto flujo turístico son las responsables de controlar el uso de los sectores más concurridos y dar o negar permisos para la celebración de eventos.

La Gerencia de Espacio Público además suscribe contratos con privados para la explotación de plazas en el Centro amurallado y Getsemaní. Los valores varían según los metros cuadrados concesionados.

A esas instituciones que deciden directamente sobre el patrimonio se suman entidades locales como el Establecimiento Público Ambiental, la Oficina de Gestión del Riesgo y la Policía de Turismo, a través de su área patrimonial. La primera debe regular el ruido en el Centro; la segunda, monitorear el estado de los inmuebles, sobre todo los más deteriorados, para evitar que colapsen; y la tercera, vigilar si hay algún hecho que deba ser reportado al IPCC.

En este rompecabezas también juegan los clubes de Pesca y Naval de Oficiales de la Armada Nacional, administradores de los fuertes del Pastelillo y de Santa Cruz, respectivamente. Y la Presidencia de la República, responsable del Fuerte San Juan de Manzanillo, integrado a la Casa de Huéspedes Ilustres.

Finalmente, forman parte de ese engranaje los dueños de los inmuebles patrimoniales, quienes gozan de cierta autonomía en su uso y explotación, pero deben ceñirse al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para no atentar contra la arquitectura ni cambiar el uso del suelo. Asuntos que no siempre ocurren

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