Toca repetirlo hasta el hartazgo si es del caso: Es axioma del oficio señalar que entre periodista y fuente debe existir siempre una cordial distancia; con respeto por el otro y con cada uno como corresponde, con la lealtad del periodista puesta al servicio de la ciudadanía que confía en su criterio, ya que es a ella a la que representa cuando realiza su trabajo.
Ni manteles ni pechiches, pero tampoco malquerencias gratuitas u opiniones disfrazadas de hechos. Un periodista no puede ser ni amigo ni enemigo de sus sujetos noticiosos. Se puede ser inquisidor sin ser irrespetuoso, como se puede ser un entrevistador ameno sin innecesarios o excesivos galanteos. En el justo equilibrio está la clave que permitirá informar lo pertinente y asegurar la credibilidad de la audiencia.
Y esto, que parece tan obvio, es cada vez más difícil encontrar en el periodismo que se realiza por parte de los llamados “grandes medios” y/o los proclamados, a veces autoproclamados, “líderes de opinión”.
El último de los ejemplos lo entregó la particular manera con que fue presentada la noticia sobre el Acuerdo de Procesamiento Diferido (DPA), firmado por la empresa Corficolombiana, perteneciente al grupo AVAL, con la justicia norteamericana por el caso Odebrecht.
El acuerdo dista mucho de ser una absolución, contrario a lo que quiso dar a entender la nota publicada el 11 de agosto en el periódico El Tiempo, también perteneciente al citado grupo.
En un contexto como el nuestro estas situaciones se vuelven, y no por eso está bien, parte del paisaje.
Aquí tuvimos de vicepresidente a Francisco Santos cuando aún su familia era la propietaria del mismo El Tiempo, y cuando acabó su periodo fue director de noticias de RCN Radio. El diario El Espectador es del grupo Valorem, dueño también de Caracol Televisión y Blu Radio.
En lo local tenemos al diario El Heraldo, propiedad por décadas de familias liberales que incluyen a los Pumarejo, dinastía con abuelo, padre y ahora hijo Alcalde de la ciudad. Por El Heraldo, como bien se sabe, se firmó un acuerdo de venta con el grupo Gilinski, dueños también de la revista Semana y el diario El País de Cali.
Preocupa, por supuesto, que semejante concentración de poder y plataforma mediática dependan de la misma chequera. El incesto en que termina convirtiéndose la relación entre periodismo y fuentes o sujetos noticiosos en este contexto es tan dañina para el primero como analgésica para los segundos.
Bien pudiera interpretarse que estos medios y sus dueños saben bien aprovecharse de los rasgos particulares de una gran parte de sus audiencias, acostumbradas a creer como cierto lo que quieren tomar como tal antes que otorgarle, y otorgarse, el necesario beneficio de la duda.
Distancia no hay, y de lo cordial pasamos al contubernio. Se afecta el periodismo que intenta hacer lo que corresponde, pero sobre todo se afecta la democracia y la ciudadanía.