Una de las obras más esperadas en Cartagena es el Proyecto de Protección Costera, que comenzó labores en diciembre de 2021 para mitigar la erosión en parte del litoral después de tres años de retrasos y de continuas inundaciones en Bocagrande.
El proyecto se ejecuta en dos fases: la primera comenzó en diciembre de 2021 y comprende obras entre el Centro y El Laguito (del espolón Iribarren a la curva de Santo Domingo, incluyendo Bocagrande). Su avance va en un 50%. Y la segunda etapa arrancó en octubre pasado, va de El Cabrero a Crespo (pasando por Marbella) y registra 68% de obras.
Sin embargo, el megaproyecto, financiado con recursos del Gobierno Nacional y el Distrito de Cartagena, trabajó a media marcha, el semestre pasado, e inició este 2023 frenado por nuevas dudas con los diseños, el cambio de Gobierno central y cortocircuitos con los trabajadores de playa.
A esa realidad se suma la poca gestión distrital, a través de la oficina de Valorización, para tomar decisiones sobre la obra sin el concurso de Bogotá. De hecho, es poca la información que la Alcaldía de Cartagena entrega sobre la ejecución de esta vital inversión y al ser consultada suele direccionar las preguntas a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), entidad que contrató la obra.
Incertidumbre por los diseños
Varias dudas por el diseño de Playa Cinco, el tramo más reciente que el Consorcio Proplaya intervino en Bocagrande, tienen frenadas las obras de la Protección Costera de Cartagena.
Esa playa aún no puede abrir al público y su funcionamiento es un requisito inamovible para que el Consorcio Protección Fase II (contratista de otro tramo de playa) pueda empezar trabajos en Marbella, sobre la Avenida Santander, como parte de una nueva etapa de la millonaria inversión.
Esa condición la pactaron constructores y trabajadores turísticos porque Playa Cinco será el nuevo espacio de labores de estos últimos.
En Marbella ya todo estaba listo para el arranque de los trabajos este mes. Sin embargo, ahora, quedaron sin una fecha clara.
Resulta que Playa Cinco, ubicada entre las calles 11 y 13 de Bocagrande, no existía hasta hace unos meses y su creación era uno de los objetivos de la Protección Costera: son 443 metros lineales, en los cuales —según los diseños— debe haber capacidad para 1.518 personas.
El pasado 19 de diciembre, el alcalde William Dau y los contratistas de la obra anunciaron la apertura de esa playa, pero el evento resultó fallido y desde entonces ese espacio sigue cerrado por varias razones. Una de ellas relacionada con su diseño.
La primera de esas razones tiene que ver con la garantía de seguridad para los bañistas y la expuso la propia Alcaldía de Cartagena el 21 de diciembre, dos días después de la visita de Dau a la zona.
Tras un comité local de ordenamiento de playas, la administración anunció que, tras una revisión del tema de “seguridad integral marítima y protección del medio marino”, Playa Cinco aún no era un espacio seguro para bañistas.
“Deben verificarse aspectos técnicos entre el contratista, la interventoría y el diseñador del proyecto, que es la Universidad de Cartagena”, informó la Alcaldía.
Esa advertencia de inseguridad de la playa se sumó a otra hecha por la Capitanía de Puerto de Cartagena, adscrita a la Dirección General Marítima (Dimar), máxima autoridad del tema de playas en Colombia.
En una inspección, la Capitanía encontró una diferencia entre la capacidad actual de la playa y la de los diseños con el visto bueno de la Dimar. En el papel, desde 2018, se estableció que Playa Cinco tendría aforo para 1.518 personas, pero hoy sólo lo tiene para 978 personas.
“Eso es un tema de diseños y de cumplimiento del contratista que no le compete a la Dimar. Lo que estamos esperando ahora es que el Distrito nos notifique si los diseños tuvieron alguna modificación y si con ella cambiaba ese aforo inicial”, le explicó a La Contratopedia el capitán de Puerto de Cartagena Javier Gómez.
En medio de esa revisión de cumplimiento contractual y de posible modificación de diseños surgió un nuevo problema en esta recién creada playa: la erosión en uno de sus puntos. Ese hecho enfrenta ahora al Consorcio Proplaya y a la Universidad de Cartagena, diseñadora del proyecto, porque los constructores señalan que rellenaron la zona con la cantidad de arena que el diseño contempla.
“El diseñador nos debe decir cuánta arena se debe echar y en dónde, y así garantizar que la playa siempre esté”, dijo Juan Carlos Monzón, representante legal del consorcio Proplaya, en declaraciones a El Universal.
De esa revisión a los diseños y de los trabajos de relleno en la zona erosionada dependerá ahora la nueva fecha de apertura de Playa Cinco.
Las dudas por los diseños de la Protección Costera han sido una constante en esta megainversión. Incluso, desde antes de que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo seleccionara al primer contratista, una firma holandesa le encontró reparos a los pliegos y optó por no enviar su propuesta. El proyecto le pareció inviable a ese gigante internacional de las obras marítimas.
Los diseños que hizo la Universidad de Cartagena han recibido críticas desde el comienzo porque no tuvieron interventoría, a pesar de que varias organizaciones de ingenieros y arquitectos en Bolívar la solicitaron en reiteradas ocasiones después de expresar dudas por la precisión de los cálculos.
Llegada del nuevo Gobierno Nacional
Con el cambio de Gobierno Nacional, la Protección Costera de Cartagena desaceleró su ritmo de trabajo.
Si bien esa obra la contrató la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con recursos de la Nación y de la Alcaldía, ha sido la entidad nacional la que ha llevado la batuta en su ejecución desde el principio y por eso con la llegada de nuevos funcionarios —y la salida de quienes ya llevaban meses conociendo la obra— se han paralizado al menos tres trámites.
El primero de ellos ha sido la puntualidad en los pagos. El Consorcio Proplaya no ha vuelto a tener giros nacionales desde septiembre pasado, cuando recibió recursos correspondientes a facturas vencidas hasta agosto.
Están pendientes giros por $20.000 millones correspondientes al periodo septiembre – diciembre, le dijo Owswaldo Rodríguez —uno de los representantes del Consorcio Proplaya— a La Contratopedia.
Mientras que el Consorcio Protección Fase II, integrado por dos de las empresas de Proplaya (A & D Alvarado & During SAS, con el 50% de participación, y Dinacol SA, con el 50% restante), aún no recibe $3.600 millones por diciembre.
El segundo trámite que el cambio de Gobierno afectó ha sido la convocatoria a los comités de gerencia, que se desarrollaron mensualmente hasta julio pasado, para conocer el estado de la obra y los pendientes para garantizar una ejecución sin problemas. Allí participaban representantes de los gobiernos nacional y local, el contratista y autoridades marítimas.
De hecho, la comunicación entre Cartagena y Bogotá dejó de ser fluida desde entonces. “No tenemos comunicación”, lamentó Rodríguez.
El 13 de octubre hubo una reunión con presencia de una representante de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero sin poder de decisión. Su función fue “apuntar y llevar a Bogotá”, le dijo a La Contratopedia una persona que estuvo en esa reunión.
En un documento que el Consorcio Proplaya le envió, el 14 de septiembre pasado, a la directora de la Oficina de Valorización Distrital María Isabel Lugo, entidad distrital responsable de la obra, ese privado alertaba por la falta de convocatoria a los comités.
“Los funcionarios locales asignados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hacen lo imposible por lograr soluciones, pero es claro que muchas de ellas, en especial las económicas y contractuales, requieren el concurso de sus nuevos superiores en Bogotá”, se lee en la carta.
El Consorcio advertía ya en esa comunicación que ante la imposibilidad de “involucrar a los nuevos directivos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en la ejecución del proyecto”, existía el riesgo de parálisis de las obras. Asunto que terminó pasando.
Y el tercer trámite afectado desde la llegada del nuevo Gobierno ha sido la supervisión técnica del proyecto. Ese profesional, según lo estableció la misma Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, debe revisar las actas de ejecución. Sin esos documentos, el contratista no puede cobrar y se afecta su liquidez.
“Resulta increíble no sólo que un proyecto de esta magnitud no cuente con un supervisor oficialmente designado en la UNGRD durante casi más de dos meses, pero además que tras un sinnúmero de comunicaciones de parte de Consorcio Proplaya con esta solicitud, ni siquiera recibamos una respuesta al respecto, y continuemos con este persistente silencio administrativo, que nada aporta al buen desarrollo de este contrato”, se quejó el contratista afectado.
La Contratopedia se comunicó una vez más con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Bogotá para conocer su respuesta ante la crisis que vive esta megainversión.
Aún no recibimos respuesta de esa entidad.
Cortocircuito con vendedores
El tercer obstáculo que enfrenta la Protección Costera son las protestas frecuentes de los vendedores de playa y los pescadores, quienes reclaman compensaciones económicas por no poder trabajar en las zonas intervenidas en Bocagrande.
A esta hora, trabajadores de las playas de Bocagrande bloquean la zona de obras de la #ProtecciónCosteraCartagena.
🚩Protestan por la impuntualidad en el pago de las compensaciones que ese proyecto contempla 👇🏼 pic.twitter.com/C3AOSWkCAC
— La Contratopedia Caribe (@LaContratopedia) November 1, 2022
Esos pagos forman parte del Plan de Gestión Social, exigido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y cuyo operador es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tras firmar un convenio con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Con el pago de compensaciones, unos $880.000 mensuales a vendedores ambulantes y $1.2000.000 a los estacionarios, los trabajadores de playa censados cubren parte de los ingresos que han dejado de recibir por la ejecución de esta megaobra.
Son 2.158 trabajadores censados, a quienes las obras han impactado desde mayo de 2022, cuando las playas en Bocagrande comenzaron a tener cierres escalonados. Algunos vendedores han recibido hasta cuatro meses de compensación. Y a todos la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo les adeuda diciembre.
Hoy está cerrada la Playa Cuatro, comprendida entre los hoteles Capilla del Mar y Decameron.
Los vendedores contaban, además, con la apertura de la nueva Playa Cinco, en diciembre pasado, para trabajarla durante la temporada turística de inicio de año.
“No sé cómo no hemos hecho protesta todavía, porque desde noviembre no nos pagan a algunos y a otros desde octubre. Si no pagan, lo más seguro es que la próxima semana haya paro”, le dijo a La Contratopedia Mario Pájaro, vocero de los vendedores de ostras y jaiba.
Protestas como la anunciada se celebraron con frecuencia, el semestre pasado, por el retraso en los giros. Los vendedores les impidieron en más de una ocasión el acceso a la playa a los trabajadores de la Protección Costera.
Esos bloqueos intermitentes han impedido que las obras avancen de manera más expedita, según el cronograma proyectado por los consorcios Proplaya y Protección Fase II.
Además, el componente social ha tenido retrasos porque la persona que actúa como enlace entre los trabajadores de playa y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no está contratada desde que asumió el nuevo Gobierno Nacional.