El Club de Pesca de Cartagena, concesionario del Fuerte San Sebastián del Pastelillo, entregó la semana pasada las obras restaurativas en ese bien patrimonial, tras haberlo intervenido sin autorización del Ministerio de Cultura. Pese a esa reparación, el proceso sancionatorio, que la Dirección de Patrimonio le inició en septiembre, está en etapa probatoria y ese privado ahora se expone a una multa de hasta $500 millones.
La restauración consistió en retirar, sin alterar la “estructura ni la estética” del Fuerte, la pintura sintética que el Club le había aplicado a su fachada en agosto pasado, informó el Ministerio de Cultura, vía comunicado de prensa, después de que funcionarios de su Dirección de Patrimonio recorrieron ese monumento el 28 de octubre.
Esa intervención sacó a flote las condiciones favorables con las que el Club de Pesca administra desde 1943 —y por tiempo indefinido— uno de los bienes patrimoniales más estratégicos de Cartagena.
Condiciones que el alcalde William Dau quiere cambiar, pero sin un camino despejado para lograrlo por los trámites legales y poderes económicos detrás de dicha concesión.
La investigación
El 3 de septiembre, la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Cultura ordenó iniciar un procedimiento sancionatorio contra el Club de Pesca de Cartagena por “una presunta falta contra el patrimonio cultural de la Nación”, al haber intervenido sin autorización un Bien de Interés Cultural como el Fuerte del Pastelillo.
Ese proceso se sustenta en la Ley General de Cultura (397 de 1997), que determinó las condiciones de administración y protección del patrimonio cultural colombiano.
Según esa norma, quienes “vulneren” ese “deber constitucional de proteger el patrimonio cultural”, interviniendo un bien sin autorización, pueden incurrir en faltas administrativas o disciplinarias, que contemplan multa de 200 a 500 salarios mínimos mensuales.
Es decir, el Club de Pesca se enfrenta a una sanción que oscila entre los $200 millones y los $500 millones, pues el Fuerte del Pastelillo tiene declaratoria de bien de interés cultural desde el 2 de noviembre de 1995, a través de un decreto firmado por el entonces presidente Ernesto Samper Pizano y la ministra de Educación de la época, María Emma Mejía.
Esa posible falta administrativa o disciplinaria además se dio en un inmueble cobijado por el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Cordón Amurallado y el Castillo de San Felipe de Barajas, en el que el Ministerio de Cultura estableció acciones específicas de protección a través de la Resolución 1560 del 22 de mayo de 2018.
Consultado a través de una petición informativa, el director de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, Alberto Escovar Wilson-White, dijo el 11 de octubre que el Club de Pesca estaba dentro del término de rendición de descargos, como parte del debido proceso.
Entregadas las obras restaurativas, La Contratopedia consultó nuevamente esta semana al Ministerio de Cultura para conocer por los avances del proceso durante la última quincena de octubre. La Oficina de Prensa respondió que éste “se encuentra en periodo probatorio”, sin entregar más detalles.
Es “la única respuesta que podemos dar”, dijo un vocero del Ministerio.
La concesión y el privado detrás
La concesión del Fuerte de San Sebastián del Pastelillo está vigente desde octubre de 1943, a través de la Ley 30 de ese año, sancionada por el entonces presidente Alfonso López.
Dicho documento establece que el Fuerte del Pastelillo debe administrarlo la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena y no la Armada Nacional, porque al ser una infraestructura de la época colonial no cumplía ya ningún objetivo de carácter militar para la defensa del país.
Al año siguiente, en 1944, la Sociedad de Mejoras Públicas firmó un comodato con el Club de Pesca para la administración y conservación del Fuerte. Desde entonces, ese monumento colonial ha estado a cargo de ese privado.
La “custodia, conservación y posesión del Fuerte” se da por tiempo indefinido, respondió vía derecho de petición la Dirección de Patrimonio y Memoria, pues en la concesión no se “estableció ningún plazo de finalización” de la misma.
El Club, sociedad sin ánimo de lucro fundada en los años 30 por un grupo de jóvenes cartageneros, tiene personería jurídica desde 1943, por una resolución de la Gobernación de Bolívar, e inscripción en la Cámara de Comercio de Cartagena desde 1997.
Detrás están reconocidas familias de empresarios cartageneros, como los Mogollón, Cepeda, Del Castillo y Porto que han tenido asiento en el club de generación en generación.
La gerente del Club es Ileana Stevenson y los representantes legales son Fernando Mogollón y Socorro Rodríguez.
Los principales ingresos del Club de Pesca sumaron $3.683 millones en 2020. En 2019, antes de la pandemia por coronavirus, alcanzaron los $4.325 millones.
Esos ingresos los recibió por:
- Servicios de muellaje de yates, cancelados por visitantes nacionales e internacionales.
- Cuotas de los asociados
- Ventas en el Kiosco (Restaurante)
- Arriendo de un local destinado a una estación de combustible
- Arriendo de la Plaza de Armas, donde funciona el Restaurante Fuerte San Sebastián del Pastelillo, más conocido como Restaurante Club de Pesca.
Este restaurante es administrado por la Sociedad Restaurante Bar Pastelillo SA, propiedad de Humberto Benedetti Lecompte. Se trata de unos de los sitios cartageneros más apetecidos por nacionales y extranjeros. Sus platos oscilan entre los $30.000 y $140.000. Es además un centro social de eventos familiares y empresariales.
Pese a toda esa actividad económica y turística que genera el Fuerte del Pastelillo, el Club de Pesca no le paga ni a la Nación ni al Distrito mensualidad alguna por el uso y disfrute de un inmueble de carácter patrimonial.
Consultado por las condiciones del usufructo económico del Fuerte y los posibles informes entregados por el Club de Pesca, la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio respondió que dadas las condiciones de custodia y conservación del Fuerte “no se determina rendición de cuentas”. Es decir, el Club no está obligado a reportarle a ese ente sobre el usufructo económico del Fuerte.
El Club, además, tiene potestad para invertir la suma que considere necesaria para el mantenimiento y conservación del Fuerte, pues las condiciones de administración de ese bien solo precisan una contrapartida económica por “acciones de mantenimiento y conservación” sin determinar suma alguna.
Con las críticas que generó la intervención no autorizada de agosto pasado, las directivas del Club de Pesca explicaron en medios nacionales y locales que velan por el mantenimiento del Fuerte, por décadas abandonado. Hoy el Fuerte es uno de los principales atractivos turísticos de Cartagena. Su visita es gratuita y está disponible para cualquier ciudadano.
Por esa restauración, el Club invirtió unos tres mil millones de pesos en trabajos realizados entre 2008 y 2020. Sobre dicha inversión no hay muchos detalles de contratación por tratarse de obras encargadas por ese privado a los arquitectos de restauración Alberto Samudio y Rosa Elena Martínez.
El Ministerio de Cultura le respondió a La Contratopedia que ese “proceso de restauración integral” fue autorizado mediante una resolución de marzo de 2015 y los costos fueron “asumidos por la Gerencia del Club de Pesca”.