Cuando el alcalde de la ciudad más golpeada por el costo del servicio de energía eléctrica en el país, que es, también, una de las más inseguras, saca pecho por una encuesta que le da 85% de favorabilidad mientras sus habitantes están contra las cuerdas por el cobro de la luz y el pago de extorsiones, algo o alguien no anda bien en esa ciudad: quizá el mismo alcalde o los que califican de “excelente” su gestión, quizá los encuestadores o, quizá, todos los anteriores.
Es lo que ocurre en Barranquilla con la publicación de la enésima encuesta que encumbra a Alejandro Char en el altar de la popularidad nacional, esta vez de Guarumo y Ecoanalítica, que ve “la luz”, convenientemente, los días previos a la marcha contra la distribuidora y comercializadora de energía Air-e por asfixiar a los ciudadanos con tarifas que obligan a trabajar casi que exclusivamente para pagarle a esta empresa.
Char fue uno de los abanderados, durante su primera y segunda administración (2008-2011 y 2016-2019), de sacar del mapa a Electricaribe, pero en su tercer periodo como alcalde ha mantenido distancia del clamor popular contra Air-e y Afinia, que se dividieron el mercado de la Costa tras la venta de su antecesora en el gobierno de Iván Duque. Su estilo, en esta ocasión, ha carecido de la altisonancia que lo caracteriza, tal vez por miedo de acercarse a la candela. El alcalde tiene rabo de paja y teme quemarse.
La bancada charista en el Congreso, en su afán por facilitar la venta de Electricaribe, no tuvo reparo en dar su visto bueno al Plan de Desarrollo del presidente Duque en 2019, que incluyó el cobro de pérdidas no técnicas por robo de energía, repartidas entre los usuarios que sí pagan el servicio. Y el exalcalde Jaime Pumarejo, del mismo movimiento político de Char, terminó su administración, en diciembre de 2023, con el incremento del impuesto de alumbrado público para los estratos 3, 4, 5 y 6, cobrado en el recibo de la luz.
¿Qué sentido tiene presionar a las autoridades para judicializar a los evasores si Air-e y Afinia reciben “subsidios” onerosos de sus clientes por cada fraude? ¿Quién audita y con qué parámetros la magnitud de las pérdidas no técnicas? ¿Después de tres años y medio de la llegada de estos operadores, por qué no ha mejorado el servicio en los siete departamentos de la Costa?
Frente a estas y muchas más preguntas, que reflejan el desamparo estatal, una mujer ha intentado llenar el vacío con acciones para frenar los abusos de Air-e y Afinia y desenmascarar a los gobernantes que los han permitido. Karol Solís Menco, politóloga y docente, ha alzado su voz hasta conseguir que la ciudadanía despierte. Sin las estridencias habituales de los políticos, pero cargada de argumentos, comenzó una cruzada por redes sociales para explicar, con plastilina cuando ha sido necesario, las razones del aumento y los componentes del recibo, y exigir una tarifa justa para los costeños.
En octubre de 2023, frente al presidente Gustavo Petro, durante la jornada ‘Gobierno Escucha’ en Barranquilla, Solís asumió la vocería de los usuarios para pedir una Asamblea de Servicios Públicos Domiciliarios en la que fuesen debatidos los cobros de alumbrado público, sobretasa de seguridad y pérdidas no técnicas. Con su liderazgo, 21.000 ciudadanos del Atlántico firmaron esta petición, que finalmente fue concretada el 30 de noviembre, con la asistencia de funcionarios de segundo nivel del Ministerio de Minas y la Superintendencia de Servicios Públicos, y las ausencias del entonces alcalde Pumarejo y la en ese momento gobernadora, Elsa Noguera.
Pero la indiferencia del Gobierno y el recelo de los mandatarios locales no la han desanimado. Solís es alma y nervio de la marcha convocada para este jueves 11 de abril en las principales capitales de la Costa contra las tarifas de Air-e y Afinia. En Barranquilla, el punto de encuentro es la estatua de Joe Arroyo, a las 4 de la tarde; y en Cartagena, la Plaza de la Paz, a la misma hora. Gracias a su vocación pedagógica, Solís ha logrado lo inimaginable: que además de quejarse porque la plata no les alcanza, cientos de miles de usuarios del Caribe conozcan los componentes de su recibo y entiendan de qué manera han abusado de ellos.
Pese a la responsabilidad irrefutable de los políticos charistas, la marcha de este jueves no es en contra del alcalde de Barranquilla ni del presidente Petro ni de ningún partido, como han dejado claro los organizadores. Es un grito de auxilio, y a la vez de rebeldía, de una región unida por una injusticia. Y es, como advertí hace un mes en este mismo espacio, en una columna titulada La olla a presión, una de las últimas oportunidades de escuchar voces sensatas como la de Karol Solís Menco antes de un estallido social de consecuencias insospechadas.