Los ruidos por paramilitarismo de uno de los rostros del PAE en Cartagena

El dueño de una de las empresas detrás de la operación de la alimentación escolar de Cartagena, para el segundo semestre del año escolar, es señalado de haber sido un colaborador de los paramilitares en Tolima hace dos décadas, haber ordenado varios asesinatos en ese departamento y tener una fortuna de dudosa procedencia.

Se trata de Francisco Javier Sandoval Buitrago, miembro junto a Fundación Banco de Alimentos Paz con Propósito de la Unión Temporal Bapacop Cartagena 2022.

Ese privado se ganó la operación del PAE en una  cuarta ronda de negociación, celebrada este lunes en la Bolsa Mercantil de Colombia (las tres anteriores fueron declaradas desiertas), después de dos meses sin PAE en las aulas públicas cartageneras. 

Por ahora, esas firmas deben alistar su operación, en 10 días, para comenzar a entregar meriendas (raciones industrializadas) y almuerzos, desde finales de junio y durante 104 días del calendario académico. 

Lo harán con el desafío de no repetir los errores de los dos operadores que entregaron las meriendas escolares durante 2021 y hasta abril pasado. 

Sin embargo, la llegada del nuevo operador atiza las críticas del Concejo Distrital contra la Alcaldía, por no contratar por licitación pública, y saca a flote que, si bien despejan dudas de coimas, las transacciones por Bolsa Mercantil tampoco  blindan los servicios contratados con plata pública de contratistas cuestionados.

Unos cuestionamientos que por muy estruendosos que sean no son suficientes para inhabilitarlos en escenarios de negociación con recursos públicos, pues así lo establece el sistema de contratación pública en Colombia hasta tanto no haya una sanción disciplinaria, penal o fiscal contra los oferentes.

Francisco Javier Sandoval Buitrago es un claro ejemplo de ello.

Los ruidos de Sandoval

A Francisco Javier Sandoval Buitrago hombres del Frente Omar Isaza de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) lo señalaron en 2009 de ser uno de sus aliados, cuando operaban en Tolima, y de ser un frecuente financiador de campañas políticas en ese departamento.

La Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá le precluyó la investigación por uno de los asesinatos del que fue señalado hace más de una década.  Pero la Corte Suprema de Justicia consideró que la fiscal pudo incurrir en prevaricato y por eso ordenó su investigación. 

El exintegrante de las AUC Pedro Pablo Hernández lo señaló, además,  en 2020 de ser el responsable de varios crímenes,  según publicó el periódico El Nuevo Día de Ibagué.

Dentro de esos asesinatos, mencionados por Hernández en declaraciones ante la Fiscalía, están los de Diego González Aguirre, José Alberto Quintero y Germán Loiza Henao. Crímenes por los que es investigado este empresario, conocido en Tolima como ‘Morrongo’, su alias como colaborador de las AUC. 

Sandoval niega todas las acusaciones en su contra, especialmente haber ordenado los asesinatos de varios ediles y otros habitantes  del municipio de Fresno, de donde es oriundo. Según él, era cercano a esas personas y era además su benefactor económico.

Hasta ahora, Sandoval no tiene condena alguna.

Por ese historial criminal, la aguerrida reportera Salud Hernández Mora lo señaló en una columna que publicó en El Tiempo en 2010 de ser “un estrecho colaborador de las AUC, con envoltura de próspero empresario”. 

Abogados de Sandoval le pidieron rectificación, que la periodista no concedió. “Hay bandidos muy osados, Morrongo es uno de ellos. Tiene una capacidad infinita para engañar a la justicia cuando lo tienen acorralado y resucitar como gran empresario”, escribió en 2020 en Semana ratificándose en las denuncias contra Sandoval. 

También ese año, el portal Cambio In, de Ibagué, informó que Sandoval compró la Alcaldía de Líbano (Tolima), por $800.000.000 a cambio de obtener la concesión del matadero de ese municipio por 20 años, la gerencia de la empresa pública municipal, el alumbrado público, la oficina de tránsito, el PAE y el transporte escolar.

Esa plata, según documentos publicados por ese portal, la recibió el entonces candidato José Antonio Giraldo Vega, hoy alcalde de ese municipio, para comprar los votos que le permitieran ganar en las urnas. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía. 

Todos esos señalamientos, que existen desde antes de que Sandoval contratara con el Estado, no han sido impedimento para que su emporio económico creciera hasta convertirse  en un megacontratista de la alimentación en Colombia.

Lo ha hecho a través de una de sus empresas, con su nombre y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá desde 2001 e inscrita en el Registro Único de Proponentes desde 2009. Ese registro la habilita, desde entonces, para participar por contratos públicos, relacionados con su actividad económica: la organización de convenciones y eventos comerciales, y la prestación de servicios de comida y de limpieza.

En las plataformas del Sistema de Contratación Pública (Secop), esta empresa registra cerca de 30 contratos con distintas entidades públicas. Entre ellas, el Ejército Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Inpec, la Uspec, la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Antioquia.

La mayoría de esos contratos han sido para el suministro de alimentos a población carcelaria en todo el país y se han ejecutado sin denuncias públicas de problemas de calidad. 

La empresa Francisco Javier Sandoval Buitrago tiene sucursales en Bogotá, Honda y Medellín.

La otra firma del PAE

La otra firma detrás de la operación de los alimentos escolares en Cartagena es la Fundación Banco de Alimentos Paz con Propósito (Bapacop), que antes ha trabajado en Cartagena como operador en el Hospital Universitario del Caribe.

Ese contratista fue señalado por una veeduría, en Chía (Cundinamarca), de haberse ganado el PAE de ese municipio el año pasado,  presentando como experiencia un contrato con una pescadería de Bogotá. Ese contrato, inicialmente, la Alcaldía lo firmó por $6.600 millones, pero con las adiciones tuvo un valor final de $9.963 millones.

El contratista terminó la operación en mayo pasado y salió en medio de quejas de los padres de familia por los menús y la mala calidad de las frutas. Quejas similares a las que reciben los operadores en otras regiones del país, Cartagena y Bolívar incluidas. 

Además de ese contrato, esa empresa acumula experiencia como operador de alimentación, los últimos tres años, con negocios en otros municipios. 

En el sistema de compras públicas de Colombia, Bapacop registra otros siete contratos, que se ganó entre 2019 y 2022, por más de $2.489 millones: seis de ellos a nombre propio y uno como integrante de una unión temporal. 

Uno con la Alcaldía de Madrid, Cundinamarca, para el PAE de este año como integrante de una unión temporal.

Otro con la Alcaldía de Arbelaez, también en Cundinamarca, para el suministro de insumos para un proyecto de seguridad alimentaria.

Y los cinco restantes con el municipio de Sibaté, Cundinamarca, para el suministro de alimentos a niños y niñas en condición de desnutrición, adultos mayores y miembros de la fuerza pública que refuerzan la seguridad de ese pueblo. 

Bapacop es una entidad sin ánimo de lucro, matriculada en la Cámara de Comercio de Bogotá desde 2015 y desde 2017 está habilitada para concursar por contratos con entidades públicas. 

Sus representantes legales son Freddy Barreto Pachón y Rosmery Barva Ardila, y su sede principal está en Chía, Cundinamarca. 

Las explicaciones de la Bolsa y el control que anuncia el Concejo

Los señalamientos contra las dos empresas que operarán el PAE cartagenero obligaron a la Bolsa Mercantil de Colombia a emitir un comunicado, este martes, en el que esa entidad detalla que la Unión Temporal “cuenta con la experiencia, certificaciones y estaba habilitada  para participar en la rueda de negocios, así como para prestar el servicio de alimentación”.

Además —explica la Bolsa— antes de la puja hubo consulta en fuentes públicas para conocer “antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales”, que no arrojaron ninguna alerta sobre las firmas seleccionadas y la otra empresa que participó en la mesa de negociación.

Más allá de esto, la ejecución de la alimentación escolar que ha estado marcada por las fallas y los incumplimientos en los últimos años en las aulas cartageneras tendrá más reflectores con este nuevo operador.

Así lo dejan ver los pronunciamientos hechos por algunos concejales, durante la presentación del informe de gestión de la Secretaría de Educación, celebrada el lunes por la mañana. Ese día, cuando la puja recién se había celebrado, el concejal conservador Óscar Marin ya conocía el nombre del operador, pese a que la Alcaldía aún no lo tenía ni la Bolsa Mercantil lo había publicado. 

De hecho, La Contratopedia Caribe indagó por el nombre del operador con la Bolsa Mercantil y esa entidad no lo dio a conocer sino horas más tarde.

La Contratopedia supo que el concejal Marín se enteró porque el privado que perdió la puja comenzó a compartir, a través de una cadena de difusión en Whatsapp, los antecedentes del ganador.

El perdedor tiene detrás a las empresas que operan el PAE en el sur de Bolívar (Consorcio Alimentando Futuro 2021) y han sido señaladas, recientemente, por alimentos de mala calidad que generaron la intoxicación de al menos 20 estudiantes en una escuela de Arenal del Sur.

Marín, quien fue secretario de Educación de Bolívar, y el concejal Luder Ariza cuestionaron que el operador  del PAE cartagenero volviera a escogerse a través de la Bolsa Mercantil y no por licitación pública convocada por el Distrito. 

Una modalidad que Cartagena evita desde 2018, cuando la Contraloría informó que el operador del PAE de 2016, escogido por licitación, había facturado pechugas de pollo con sobrecostos (a $40.000) y con el visto bueno del gobierno local.

Es decir, la licitación tampoco garantiza una operación sin problemas.

En 2018, además, la Alcaldía intentó contratar el PAE por licitación pública cinco veces, pero no pudo hacerlo porque todas esas convocatorias las declaró desiertas ante la ausencia de oferentes que cumplieran con los requisitos.

La alcaldesa encargada Yolanda Wong tuvo que acudir a la Bolsa Mercantil para garantizar el servicio de alimentos en las aulas públicas, entre septiembre y noviembre de 2018.