La Secretaría de Educación de Bolívar suspendió, durante dos días, la entrega de lácteos en La Mojana y el Magdalena Medio, en el sur del departamento, por la intoxicación que sufrieron 20 estudiantes del colegio Efigenio Mendoza Sierra, en Arenal del sur, tras consumir una merienda del programa de alimentación escolar (PAE).
Los niños tuvieron malestar abdominal, náuseas y dolor de cabeza poco después de tomarse la leche que incluye la ración industrializada del PAE. El viernes estuvieron descansando en casa y desde este lunes regresaron a las aulas.
Al anunciar la suspensión, la Secretaría de Educación de Bolívar dijo que se reemplazarían las leches por avenas y que los lácteos en cuestión fueron sometidos a pruebas de laboratorio por la Secretaría de Salud.
Los resultados de las pruebas de laboratorio, explicó la Gobernación, demorarán al menos ocho días para establecer qué falló en las raciones que recibieron los menores.
La secretaria de Educación Verónica Monterrosa dijo, a través de comunicado de prensa, que si la investigación arroja alguna negligencia u omisión del operador, habrá sanciones para evitar que circunstancias de este tipo se repitan.
Educación Departamental también anunció la revisión de las bodegas del Consorcio Alimentando Futuro 2021, al que la Gobernación le adjudicó el contrato de alimentación escolar en 10 pueblos sureños por $16.018 millones, el 27 de septiembre de 2021.
Más allá de este episodio —denunciado por padres de familia y docentes del sur de Bolívar la semana pasada—, en esa subregión hay más quejas por la forma como allí opera la alimentación escolar, a cargo de dos empresas cuya experiencia como contratistas incluye la construcción de obras de ingeniería civil y la organización de eventos deportivos.
Las quejas también llegan desde San Pablo
Las quejas que involucran al Consorcio Alimentado Futuro 2021 no son nuevas. Algunas de ellas salieron a flote, el pasado 25 de marzo, en respuesta a un anuncio publicado por la Secretaría de Educación en Facebook sobre una estrategia para garantizar un PAE sin problemas en las aulas municipales durante 2022.
Un ciudadano publicó fotografías del mal estado en el que llegan las raciones a las escuelas del sur de Bolívar. También imágenes de panes a punto de vencerse, lo que indica que ese alimento no alcanzaría para una semana como sugería el operador sino para pocos días.
Algunos medios locales, sin embargo, titularon “PAE en Bolívar sí funciona, mientras en Cartagena sigue en problemas”. El titular se refería a los líos que ha tenido la alimentación escolar en el arranque de año en el Distrito.
También en marzo La Contratopedia conoció algunas quejas por el PAE que recibe el municipio de San Pablo.
Un padre de familia le dijo a este medio que los alimentos llegaban esporádicamente a la zona rural. El 20 de marzo, por ejemplo, llegó el segundo lote de raciones para los corregimientos de Cañasbravas, Canaletal y Pozo Azul. El primero —aseguró— había llegado en febrero.
Las cajas de marzo llegaron con panes, leches y bocadillos que se agotaron a los pocos días. “Las frutas casi no llegan”, le dijo, en alquel momento, el acudiente a La Contratopedia.
El tercer lote de alimentos para esta zona rural (también leches, galletas y bocadillos) llegó el pasado 29 de abril, “sin la menor precaución”, advirtió el padre de familia consultado.
Las cajas llegaron abiertas y golpeadas, como lo muestra esta fotografía.
“El operador no se comunica para saber cuándo y cómo van a llegar estos alimentos”, lamentó el acudiente.
Desde marzo, la Secretaría de Educación Departamental impulsa la creación de Comités de Alimentación Escolar con los que busca garantizar “la prestación de servicios óptimos y oportunos a favor de los niños y niñas” de Bolívar. Con esta iniciativa también busca motivar a padres, profesores y personeros estudiantiles a denunciar las posibles irregularidades que se presenten en sus municipios.
Hasta ahora, esa iniciativa no ha logrado que la calidad del PAE sea óptima en todas las escuelas del sur bolivarense. En otras subregiones, en cambio, sí ha habido avances con relación a los alimentos entregados el año pasado.
Los rostros detrás del Consorcio
Las empresas detrás del Consorcio Alimentando Futuro 2021 son Catering Consultorías y Suministros SAS y Fundación Productiva Por Colombia (Funsens). Ambas tienen igual participación en el PAE de La Mojana y Magdalena Medio y como común denominador dedicarse a otras actividades, distintas al suministro de alimentos.
Catering Consultorías y Suministros S.A.S es originaria de Arauca.
Esta empresa fue sancionada en 2019 por la Secretaría de Educación de Santander por entregar alimentos incompletos a los estudiantes de varios municipios de ese departamento. En ese entonces hacía parte de la Unión Temporal Santander Soberano.
Lo que estableció la Secretaría de Educación santandereana es que ese operador entregaba las raciones de proteínas incompletas, a pesar de haber sido alertado por las manipuladoras del faltante. Por este incumplimiento, el Departamento lo multó por cerca de $5.000 millones.
El representante legal de esta firma araucana es Anyelo Jair Becerra Toca. Él es hijo de Jairo Humberto Becerra Rojas, bautizado por la prensa capitalina como zar de los alimentos al ser dueño de una empresa (Proalimentos Liber) que figura en una lista indagada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por posible cartelización.
A las firmas y empresarios de esa lista, la SIC los señala de haber manipulado y direccionado 20 contratos de alimentos entre 2008 y 2018 en Bogotá.
Catering Consultorías y Suministros S.A.S está matriculada en la Cámara de Comercio de Arauca desde 1997, pero sólo desde 2011 está habilitada para desempeñarse como contratista público.
Ese año se inscribió en el Registro Único de Proponentes (RUP) —trámite que deben surtir las empresas interesadas en contratar con las entidades estatales de Colombia— como constructor, consultor y proveedor con una capacidad máxima de contratación de 32.868 salarios mínimos de la época ($535.600), es decir, unos $17.604 millones.
La firma también se dedica a la elaboración de comidas y platos preparados, y al comercio al por mayor de distintos productos, entre ellos alimentos y materiales de construcción.
Es dueña de dos establecimientos comerciales: Bodega de Alimentos Starmark Seven Twenty Four y Consultoría Construcciones y Suministros Ltda, ambas con sede en Arauca.
La otra integrante del Consorcio Alimentando Futuro 2021 es Fundación Productiva por Colombia, entidad sin ánimo de lucro constituida en Magangué (Bolívar), el 4 de abril de 2014, e inscrita el 29 de mayo de 2014 en la Cámara de Comercio de ese municipio.
Esta fundación repite como operador del PAE en esta subregión bolivarense: ya había formado parte del Consorcio Alimentando Escolar 2021, encargado de llevar a las escuelas los alimentos para preparar en casa durante la cuarentena por Covid-19 (entre 2020 y 2021), por $6.120 millones.
Su representante legal es Yohenis Rocio Gómez Arrieta. También forman parte de la Junta Directiva de esta fundación, Diana Martínez Amell y Carolina Lora De la Ossa.
Desde 2018 está matriculada en la Cámara de Comercio de Cartagena con un amplio objeto económico, que incluye actividades de consultoría, suministro de distintos productos y construcción de obras de ingeniería civil.
Dada la diversidad de su objeto social, Funsens es una fundación ‘de todito’, como se le conoce en el argot de la contratación pública colombiana a las empresas que no son expertas en un servicio o en una labor y, por el contrario, ofrecen todo tipo de servicios.
El sitio web de Funsens está diseñado con imágenes genéricas que no brindan mayor información sobre su trayectoria.
Esta fundación ha obtenido seis contratos por $546.006.768, según el Sistema Electrónico de Contratación Pública de Colombia (Secop). Son contratos que se ganó a nombre propio y no incluyen, por tanto, las contrataciones en las que estuvo participando como miembro de uniones temporales o consorcios, como le ha ocurrido con el PAE de Bolívar desde 2020.
Dos de esos contratos fueron para el suministro de alimentos PAE en los municipios bolivarenses de Montecristo y Soplaviento. Los otros contratos fueron para la organización de eventos deportivos y educativos.