Los contratos y contratistas sobre los que la gerente de Edurbe no da explicaciones

En una entrevista publicada por El Universal, en su sitio web y en su edición impresa de este viernes 14 de junio, la gerente de la empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe) Fanny Guerrero defendió los contratos interadministrativos que ha firmado durante este primer semestre del año con la Alcaldía de Cartagena y algunas de las entidades descentralizadas del Distrito, así como la contratación que ha hecho para ejecutar esos recursos.

Como parte de su argumentación, calificó de “campañas de desprestigio”, “que buscan enlodar” la reputación de Edurbe, las alertas e informes periodísticos publicados recientemente por la millonaria contratación entregada a dedo. 

Un señalamiento que va en la misma línea de los expresados por personas del círculo político del alcalde Dumek Turbay, ahora incómodos ante la veeduría periodística y el control social en Cartagena.

En sus respuestas, Guerrero utilizó verdades a medias al aludir los contratos de la pasada administración distrital de Cartagena y el mismo modelo de contratación en la vecina Barranquilla. 

Los contratos por los que Guerrero no responde

Guerrero enfatizó en argumentos que ni las veedurías ni las publicaciones periodísticas recientes, incluidas las de La Contratopedia Caribe, desconocen.

Entre ellos, que los contratos interadministrativos están amparados por la ley, que la Alcaldía y sus entes descentralizados pueden suscribirlos y que Edurbe, rigiéndose por el derecho privado, tiene su propio Manual de Contratación.

Lo que Guerrero no dijo en esa entrevista y sigue sin explicar es por qué si el Manual de Contratación de Edurbe contempla las invitaciones abiertas y cerradas, durante este primer semestre de 2024 esa entidad ha contratado los recursos distritales a través de invitaciones directas. Es decir, a dedo porque no hay pluralidad de oferentes ni competencia.

De los procesos suscritos por Edurbe, este semestre, sólo uno tiene completamente justificada la invitación directa: la demolición del edificio Aquarela, pues se trata de un proceso con unas destrezas y especificaciones que pocos privados tienen en Colombia.

De hecho, aumentar la celebración de contratos por invitaciones abiertas que permitan la libre competencia —y despejen dudas de posibles favorecimientos— fue unas de las sugerencias que Funcicar le hizo en febrero pasado a Guerrero.

En sus respuestas a El Universal, Guerrero tampoco explicó por qué uno de los contratistas seleccionados a dedo, durante su gerencia, tiene evidentes y conocidos vínculos con el alcalde Dumek Turbay.

Se trata del arquitecto Dulis Garrido Raad, dueño y representante legal de DGR Proyectos y Servicios Integrales, exsecretario de las carteras de Planeación e Infraestructura durante la Gobernación de Turbay en Bolívar. 

A esa empresa, Edurbe la contrató el pasado 22 de mayo para que realice un mantenimiento, por $2.281 millones, en el Coliseo Bernardo Caraballo.

Guerrero tampoco explicó por qué la interventoría de ese contrato la hará la empresa T&G Consultores SAS, cuyos dueños son un hermano y un sobrino del contratista.

Esa firma, constituida el 13 de julio de 2021 y registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena desde ese mismo año, es propiedad de Gildardo José Díaz Raad, con el 60% de las acciones, y Luis Eduardo Tenorio Garrido, con el 40% restante. 

Díaz Raad y Tenorio Garrido son, respectivamente, hermano materno y sobrino del contratista Dulis Garrido Raad.

Guerrero tampoco explicó por qué otro contratista, seleccionado a dedo durante su gerencia, para obras de mejoramiento de la Villa Olímpica, tiene vínculos con una malla de empresas del condenado por corrupción Emilio Tapia, como denunció la periodista Laura Ardila en El Espectador. 

“En lo que a Edurbe se refiere puedo decir que no hay ningún vicio de ilegalidad ni de conflicto de parentescos en los contratos mencionados, ni ninguna inhabilidad que se pueda establecer en el rigor de los procedimientos establecidos”, respondió al ser cuestionada por El Universal sobre ese contratista.

Es decir, Guerrero no explicó por qué, por invitación directa, Edurbe contrató a dedo el 29 de febrero, con plata del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), al Consorcio Villa Olímpica, integrado por:

• La empresa cartagenera Ingenieros Consultores & Constructores – Ingecón SAS, con el 30% de participación.
• Y la paisa Grupo Constructores Antioqueños SAS, con el 70%.

La periodista Ardila encontró que uno de los representantes del Grupo Constructores Antioqueños, constituido hace tres años y cuyos accionistas son cartageneros, ha sido Álvaro Torres Buelvas. Él fue administrador de la sociedad Omega Buildings Constructora, controlada por Emilio Tapia en el recordado proceso de Centros Poblados, durante el gobierno de Iván Duque. 

El segundo dato que Ardila encontró es que el presidente de la junta directiva del Grupo Constructores Antioqueños es Luis Alberto Morales Acevedo, exrepresentante legal de LT Buildings, empresa que tuvo entre sus directivos a Juan Sebastián Vergara. Este último gerenció Omega Buildings Constructora, la ya mencionada firma de Centros Poblados.

Y el tercer dato clave que Ardila halló es que una de las accionistas del Grupo Constructores Antioqueños es Inversiones Grandes Vías e Ingeniería, que tiene lazos con la ingeniera Karol Eugenia Huertas Barrios.

Ella, dueña de una empresa registrada como propietaria de Inversiones Grandes Vías, ha trabajado en consorcios dirigidos por Juan Carlos Aldana, primo de Emilio Tapia y también condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá.

El modelo de Barranquilla y los cuestionamientos al gobierno de Dau

Otra de las respuestas que Guerrero dio a El Universal fue que el modelo de contratación, a través de empresas industriales del estado o mixtas, “ha propiciado el desarrollo en otras ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cali, sin sufrir campañas de desprestigio”.

Aunque imprecisa al equiparar los cuestionamientos a ese modelo de contratación con el término desprestigio, Guerrero omite decir que esa forma de ejecución de recursos sí ha sido reiteradamente cuestionada en Barranquilla, porque propicia la concentración de contratos millonarios en unas cuantas firmas en detrimento de la pluralidad de oferentes. 

El asunto ha sido abordado en distintas columnas de opinión (el economista Jairo Parada, uno de los que más ha publicado al respecto) y en informes periodísticos (La Silla Vacía y La Contratopedia Caribe, por ejemplo).

Además, ese modelo de contratación, que forma parte del régimen especial de la contratación pública en Colombia, tiene cada vez más detractores a nivel nacional. Tanto así que empresas industriales como Edurbe o mixtas como Edubar son llamadas contrataderos. 

De hecho, el año pasado, la Procuraduría les pidió cuentas a 19 de esas empresas en el país sobre la ejecución de $3,3 billones y exhortó al Gobierno Nacional a presentar “un proyecto de ley que reglamente la contratación entre entidades públicas” (convenios que alcaldías, como la de Turbay, firman con empresas como Edurbe, de manera directa, para que estas últimas ejecuten usando su propio manual).

Una de esas 19 entidades a las que la Procuraduría les pidió cuentas es la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU), referenciada entre líneas por Guerrero. 

La gerente de Edurbe también justificó los recientes contratos interadministrativos suscritos por el Distrito con esa entidad con el argumento de que “todas las administraciones han utilizado este modelo de contratación”. Y se refirió, particularmente, al gobierno de William Dau, que firmó con Edurbe 24 contratos interadministrativos, por $39.000 millones, entre 2020 y 2023.

Si bien eso es cierto, Guerrero omitió decir que toda esa contratación también recibió alertas y tuvo lupa en Cartagena.

Funcicar, por ejemplo, viene emitiendo alertas desde 2017 por los contratos suscritos por Edurbe y el Distrito. Incluso, el gerente de Edurbe de la época Bernardo Pardo rechazó las alertas de Funcicar y las señaló de falsas. Pardo tuvo que renunciar, meses después, por una investigación de la justicia colombiana por irregularidades en un contrato.

Funcicar, además, publicó el 30 de diciembre pasado que “la mayoría de procesos subcontratados por Edurbe (entre 2020 y 2023) se entregaron de manera directa y sin competencia”.

También dijo que la Alcaldía pagó $2.411 millones por cuota de gerencia, durante ese periodo, que hubiera podido invertir en obras y servicios sin la intermediación y contratando a través de procesos competitivos.

#VigilaCartagena | Alcaldía de Cartagena contrató con Edurbe 24 procesos por $39 mil millones en el periodo 2020 – 2023.

La mayoría de procesos subcontratados por Edurbe se entregaron de manera directa y sin competencia.

Entérate: https://t.co/nlWoVTw7OL pic.twitter.com/oGTtDT6Brs

— Funcicar (@funcicar) December 30, 2023

Antes, en 2022, La Contratopedia había contado en un especial periodístico sobre la contratación en el gobierno de Dau cómo esa entidad, desprestigiada por hechos de corrupción en el pasado, terminó convertida en megacontratista, pese a que el alcalde Dau había prometido liquidarla. 

Y también los contratos interadministrativos celebrados por el Distrito y Edurbe, entre 2017 y 2018, durante el gobierno de Yolanda Wong, generaron un control de advertencia de la Procuraduría por la falta de justificación para firmarlos.

Para el Ministerio Público fueron innecesarios porque el Distrito cuenta con la Secretaría de Infraestructura y la Unidad Asesora de Contratación para realizar las mismas funciones que le encomendó a Edurbe.