Un convenio entre el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Bolívar, por $66.000 millones, para la construcción de un museo en Mampuján, la adecuación de vías en Mompós y un parque del Jazz en ese mismo municipio ha sido cuestionado en W Radio, por tratarse de un compromiso que establece recursos transferidos en un único giro y sin interventoría.
Ese convenio, sobre el que el Ministerio ya anunció que no habrá un giro único, también ha generado dudas por su posible uso con fines electorales en este departamento, pues se firma ad portas de las elecciones legislativas, aunque los recursos estaban gestionados desde hace meses. Convenios de este tipo son los que podrán seguirse firmando, el próximo año —antes y durante las elecciones—, entre gobiernos locales y ministerios, tras la modificación que el Congreso aprobó hace un par de semanas a la Ley de Garantías.
De esas obras, la Gobernación de Bolívar ya adjudicó, por licitación pública, la construcción del Parque o Plazoleta del Jazz en la albarrada de Mompós, a orillas del Brazo de Mompós (parte del río Magdalena). El ganador fue un consorcio que tiene detrás a dos viejos contratistas de este departamento y de Atlántico. Uno de ellos, un peso pesado de la infraestructura pública en el Caribe con investigaciones a cuestas.
La plata pública que administra el gobernador Vicente Blel Scaff está bajo la lupa pública desde antes de que se posesionara en el cargo, tras los audios revelados por W Radio en septiembre de 2019, en los que se escucha a su padre y jefe político Vicente Blel Saad —condenado por parapolítica— hablar de una repartición de porcentajes por unos contratos entregados durante el gobierno de Dumek Turbay.
En esa administración, los Blel tuvieron participación burocrática a través de Aguas de Bolívar. El director de la entidad fue Miguel Torres Scaff, primo del actual gobernador.
Los contratistas del Parque (y los líos de uno de ellos)
La gobernación de Bolívar adjudicó la construcción del Parque, por $30.621 millones, al Consorcio Parques Culturales de Bolívar, representado por Jorge De la Rosa Palma y conformado por las firmas barranquilleras AE Ingenieros Civiles y JMD Ingeniería de Proyectos SAS, ambas con igual porcentaje de participación.
AE Ingenieros Civiles es una empresa de construcción y obras de ingeniería civil fundada en 2008 bajo la razón social Antonio J. Navarro Escorcia SAS. El 3 de agosto de 2011 cambió su nombre por el actual.
Su dueño es Antonio Escorcia Navarro, miembro de la junta directiva de Camacol Atlántico y quien a nombre propio y a través de su empresa ha sido contratista público, entre otros departamentos, en Bolívar, Magdalena y Atlántico.
Por dos de esos proyectos de infraestructura AE Ingenieros tiene investigaciones en la Contraloría.
La primera se debe a problemas en la intervención del acueducto de San Juan Nepomuceno, obra que se ganó en 2014 por $4.758 millones, durante la administración de Juan Carlos Gossain, como integrante de la Unión Temporal San Juan 2014 junto a la también barranquillera Donado Arce y CIA SAS.
Cinco años después de su inicio, el acueducto no estuvo listo y, según un informe de la Contraloría de 2020, aún “no está en condiciones de cumplir con la función, servicio o finalidad a la que (esa obra) estaba destinada”. El ente de control calculó un detrimento patrimonial en $3.364 millones.
La investigación más reciente se debe a las obras de urbanismo, por $3.962 millones, del estadio de béisbol y sóftbol de Santa Marta para los Juegos Bolivarianos, de los que esa capital fue sede en 2017.
La Contraloría le abrió un proceso de responsabilidad fiscal, el 23 de junio pasado, porque encontró un posible detrimento por $12.769.352 por problemas en los bordillos, siembra y mantenimiento de zonas verdes con la planta maní forrajero y la ausencia de tres rejillas en los sumideros. Estas últimas son clave para evitar el ingreso de material de gran tamaño a los canales, pues taponados pierden su función de garantizar el flujo de agua.
AE Ingenieros también se ha ganado contratos para:
- Construir el estadio de softbol y béisbol de Santa Marta, por $21.840 millones, como miembro de la Unión Temporal Estadios 2017, en la que tuvo el 50% de participación.
- Construir y adecuar vías y otras obras de infraestructura en las tres localidades de Cartagena, por $10.114 millones, durante el gobierno de Dionisio Vélez.
- Construir el sendero peatonal Ziruma, entre Santa Marta y el balneario El Rodadero, como integrante de la Unión Temporal Ziruma 2016, tras una inversión de $7.709 millones del gobierno de Rafael Martínez.
- Construir parques en Barranquilla, como miembro de la Unión Temporal Parques VI, por $5.697 millones dentro del programa Todos al parque (Fase VI), durante la segunda administración de Alejandro Char.
- Intervenir el acueducto de Talaigua Nuevo por $3.356 millones, durante la administración de Juan Carlos Gossaín.
- Reparar las escuelas que resultaron afectadas por el vendaval del 13 de junio de 2016 en Barranquilla, por $1.020 millones, durante el gobierno de Alejandro Char.
- El otro contratista, miembro del consorcio que deberá construir el parque del Jazz de Mompós, es JMD Ingeniería de Proyectos SAS.
Fundada en 2011 por José Orozco Cervantes y Mario Segura Rodríguez, JMD Ingeniería de Proyectos SAS es una de las empresas que construye un grupo de puentes para mejorar la movilidad en los municipios de Mahates, El Guamo, Calamar, Barranco de Loba, Margarita y Magangué, en Bolívar, por $16.067 millones. Ese contrato se lo ganó como miembro de la Unión Temporal Puentes Bolívar.
Esos ocho puentes, adjudicados por Vicente Blel en su primera semana de gobierno, tras un proceso que convocó Dumek Turbay, debían estar listos en seis meses.
Un año y medio después ninguno está terminado y el contrato ha sido suspendido en dos ocasiones: primero por la emergencia sanitaria por coronavirus y, desde julio pasado, por la temporada invernal.
Según el acta de suspensión más reciente —con fecha del 1 de julio—, las lluvias dificultan “el ingreso de insumos y equipos” a los ocho frentes de trabajo. Por tanto, el contratista, el supervisor delegado por el Departamento y el interventor acordaron suspender ese contrato “hasta tanto los niveles del agua puedan permitir el avance y culminación de las actividades pendientes”.
Por ahora, la fecha de entrega de los puentes es incierta.
JMD Ingeniería de Proyectos SAS también ha ejecutado contratos en Atlántico:
- Dos de ellos adjudicados por la Alcaldía de Baranoa para adecuar cementerios de la zona rural y la sede de Medicina Legal de esa población, por $29.000.000.
- Un tercer contrato, por $1.450 millones, lo obtuvo de la Gobernación en 2017, como parte del Consorcio Viviendas del Atlántico 012, para adecuar viviendas en varios municipios.
Las obras en Mompós
A través del secretario jurídico Juan González Negrete, la administración Blel firmó el contrato de construcción del Parque del Jazz, el pasado 13 de octubre, tras una licitación convocada entre el 19 de agosto y el 1 de septiembre. La ejecución de las obras está programada por 13 meses.
El proceso tuvo tres oferentes:
- Consorcio Parques Culturales de Bolívar (ganador)
- Consorcio Jazz MT (Descartado)
- Constructora Yacaman Vivero SAS (Habilitado, pero su propuesta obtuvo un puntaje inferior).
- Este proyecto, que contempla trabajos en 27.350 metros cuadrados, incluye:
- Demoliciones e intervención de 55 predios.
- Nivelación y excavaciones de tierras
- Paisajismo y amoblamiento urbano
- Pavimentación
- Mampostería
- Instalación de cielos y cubiertas
- Carpintería metálica y de madera
- Construcción de baños
- Instalación de redes hidrosanitarias y eléctricas
- Señalización
- Instalación de juegos infantiles y máquinas biosaludables
- Construcción de un CAI de Policía.
Con este parque, la Gobernación de Bolívar busca que el Mompós Jazz Festival cuente con un escenario propio. Este evento cultural, que se desarrolla en la población ribereña desde 2012, mueve por cada edición hasta $12.000 millones, según el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar.
El Festival más reciente se celebró en 2019 y convocó alrededor de 22.000 asistentes y 1.500 artistas en los distintos escenarios públicos donde se realizó. Entre ellos, las plazas Santa Bárbara, San Francisco y de la Concepción.
Esos espacios, sin embargo, no son idóneos para un festival internacional por lo que son frecuentes los problemas de orden público, seguridad y deterioro de inmuebles cercanos a esas plazas, considerados patrimonio histórico y cultural de la Nación.