Las obras públicas que el Concejo rechazó (por ahora) en Cartagena

La reciente sesión del Concejo de Cartagena terminó con  un resultado agridulce para la administración de William Dau, pues la plenaria le aprobó  hasta $65.066 millones en vigencias futuras para ejecutar obras durante 2022, pero le dijo no a 10 propuestas que presentó la Secretaría de Infraestructura.

Con ese banderazo rojo, Infraestructura Distrital no podrá ejecutar esos contratos iniciando 2022, como lo tenía previsto. Ahora tendrá que convocar a nuevas licitaciones públicas, que le implicarán más tiempo, por lo que esos trabajos o servicios no comenzarán antes del primer trimestre del próximo año.

Diciendo no, el Concejo también le metió presión al secretario de Infraestructura, Luis Villadiego, y a los contratistas del primer grupo de obras viales, en ejecución desde agosto pasado en las tres localidades de Cartagena: esas reparaciones deben estar listas antes del 31 de diciembre; de lo contrario quedarán frenadas hasta tanto el Cabildo no apruebe la reincorporación de esos recursos en 2022.

Villadiego le dijo a La Contratopedia que, para lograrlo, hará ajustes técnicos con los contratistas, entre ellos  programar turnos de trabajo de noche y día, y seleccionar los tramos viales que falten hasta agotar el monto por el que contrató ese paquete de obras: $7.996 millones.

El alcalde William Dau ya anunció que volverá a tocar las puertas del Concejo para lograr humo blanco, las próximas semanas, y evitar así un “borrón y cuenta nueva”. Para que eso pase, deberá presentar el nuevo proyecto esta misma semana, le dijo a La Contratopedia un concejal, porque solo así la corporación tendrá suficiente tiempo para estudiarlo y debatirlo.

La luz verde que se encendió

De manera parcial, el Concejo de Cartagena aprobó, este lunes 8 de noviembre, el Proyecto de Acuerdo 095, con el que el Distrito puede comprometer hasta $65.066 millones en vigencias futuras de 2022 y 2023. 

Las vigencias futuras son una figura dentro de la contratación legal que les permite a las administraciones, en este caso a la Alcaldía de Cartagena, continuar las obras o la contratación de servicios sin tener que parar por el fin de año o el cambio de vigencia fiscal el 31 de diciembre.

Con esos recursos, el gobierno Dau busca firmar 28 contratos de obras y servicios para ejecutarlos durante 2022. Entre ellos están:

• La operación del alumbrado público.
• La selección de los contratistas de la vigilancia y alimentación escolar.
• La limpieza del Mercado de Bazurto.
• La reparación de vías de alto tráfico como La Perimetral y la Pedro Romero.
• Contratar los diseños del Malecón de La Perimetral.

"Quiero resaltar que se trata de un paso muy importante que nos da tranquilidad para avanzar sin contratiempos", dijo anoche Dau, a través de un Facebook Live.

Esa luz verde se encendió cinco días después de una reunión, en la que el alcalde y la nueva mesa directiva del Concejo prometieron “trabajar armónicamente por los proyectos de la ciudad”, durante los próximos dos años, tras meses de relaciones tensas.

Ahora, para que se convierta en Acuerdo, al proyecto de las vigencias futuras solo le falta la firma de Dau. 

Aunque el alcalde celebró este humo blanco del Concejo, también lamentó que no haya sido completo. 

El banderazo rojo

En el Proyecto de Acuerdo 095, que el Distrito inicialmente presentó en septiembre pasado, solo habían dos contratos a cargo de la Secretaría de Infraestructura. Ambos, aprobados por el Concejo, son:

• Un paquete de obras de rehabilitación de la malla vial, por $4.348 millones, cuyos pliegos están publicados en borrador desde hace semanas y la apertura formal de la licitación está proyectada para este mes.
• Y la interventoría de esas obras, por $401.684.500.

En octubre, después de realizar tres enmiendas a ese proyecto, Infraestructura Distrital le incluyó 10 obras adicionales.

Dos concejales consultados por La Contratopedia aseguraron que la luz roja a esos 10 proyectos se dio porque la mayoría de cabildantes no tenía clara la viabilidad de los mismos. 

Por ejemplo, en el caso de los puestos de salud de Barú, Bayunca, Canapote y El Pozón —inconclusos desde el gobierno del “nefasto alcalde Dionisio Vélez”, en palabras de Dau—, todavía el Distrito no tiene las pólizas de las obras, es decir, unas garantías ante eventuales incumplimientos de los contratistas. 

Esas pólizas todavía no están listas pese a que la Contraloría y la Alcaldía anunciaron, en mayo, que esos elefantes blancos de la salud estarían terminados este diciembre. 

Solo una obra está por abrir sus puertas en pocos días (Hospital de Daniel Lemaitre), mientras que las otras cuatro, por lo pronto, están proyectadas a reiniciar trabajos en 2022.

Sobre esas pólizas y los proyectos de Infraestructura rechazados, el concejal de La U César Pión le dijo a La Contratopedia que “la administración Distrital tiene que revisarse y mirar que le faltó planificación en la solicitud de (esa parte de) las vigencias futuras”.

Para el concejal conservador Rodrigo Reyes también debe haber una “mejor planificación” de las obras para que el Distrito no tenga que recurrir a la figura de vigencias futuras y, en cambio, pueda garantizar la ejecución de los contratos dentro de sus respectivas vigencias.

Mientras que el conservador Óscar Marín dijo que la inclusión de esa decena de obras los tomó a él y sus compañeros por “sorpresa”, toda vez que esas adiciones no fueron socializadas con la comunidad cartagenera durante la audiencia pública, celebrada el 14 de septiembre, como parte del trámite de aprobación de estos recursos.

Consultado sobre lo dicho por los concejales, el secretario de Infraestructura explicó que “el principio de planeación” en este caso sí se cumplió, pero que el desarrollo de las obras tienen unas dinámicas que muchas veces impiden ajustarse a los cronogramas proyectados por su equipo de trabajo.

Eso pasó —dijo Villadiego— con el primer paquete de intervenciones viales, en ejecución desde agosto. Pese a haberlas convocado en febrero, cuando hubo flujo de caja, el proceso tuvo un histórico número de oferentes que prolongó la evaluación de las ofertas y la posterior selección de los contratistas. 

A eso se sumó que al interventor le tomó varias semanas más expedir las pólizas que permitieron iniciar los trabajos en las calles.

Otro ejemplo de la dinámica propia que estos procesos toman, dijo, tiene que ver con el proyecto de reparación de la sede del Concejo. Solo hasta octubre la Secretaría de Infraestructura pudo presentarlo para vigencias futuras porque eran unos recursos asignados al Instituto de Patrimonio y Cultura, pero esa entidad no ejecuta ese tipo de obras.

"Mientras el Concejo elabora el proyecto de acuerdo, ese proyecto se traslada, se aprueba y se incorporan los recursos, y nosotros como Infraestructura podemos expedir una disponibilidad presupuestal, en ese momento es que podemos requerir vigencias futuras. Antes no porque era técnica y administrativamente imposible", explicó Villadiego.

Pese a los 10 proyectos que recibieron tarjeta roja, la aprobación del resto de iniciativas parece ser un punto de inflexión en las relaciones entre el Concejo y el Distrito. Unas relaciones que, como el mismo alcalde dijo, se proyectan en "armonía", en medio de las diferencias políticas que existen entre él y los miembros de esa corporación.