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El empresario Dionisio Vélez fue alcalde de Cartagena entre 2013 y 2015. /Foto: Ofiprensa Alcaldía de Cartagena.

El rostro detrás de los elefantes blancos de Cartagena

El exalcalde Dionisio Vélez Trujillo es el promotor de una millonaria desidia por la que todavía hoy pagan los cartageneros. El mandatario prometió la intervención de 39 puestos de salud en los barrios y corregimientos más pobres. Hoy sólo ocho prestan servicios, los demás están a medias o aún no comienzan obras.

La Alcaldía de Cartagena informó que este año terminará de construir cinco puestos de salud inconclusos desde 2015. Una promesa que se suma a la seguidilla de fechas anunciadas por los distintos gobiernos locales durante los últimos seis años. 

El principal rostro detrás de esos elefantes blancos es el exalcalde Dionisio Vélez Trujillo, quien salió del Palacio de La Aduana con una alta popularidad y con el reconocimiento a cuestas de haber sido un ejecutor sin precedentes en esta capital.

Vélez Trujillo, sin embargo, terminaría siendo el protagonista de una larga cadena de irregularidades por una fallida revolución de cemento que prometía mejorar el acceso a la salud de los cartageneros más pobres, en barrios y zonas insulares, con recursos de un crédito de $250.000 millones, que la ciudad todavía paga y con los que también se financiaron obras en vías y colegios.

Seis años después, Cartagena ocupa el segundo lugar en elefantes blancos de Colombia (el primero es para Ibagué), y los puestos de salud inconclusos se han convertido en una verdadera carga pesada para los gobiernos que lo sucedieron: cada alcalde ha dado pequeños pasos para terminarlos, pero como nacieron con tantos vicios aún falta un largo trecho por recorrer.

Mientras tanto, Vélez —principal responsable de ese desgreño administrativo— no volvió a dar explicaciones públicas ni a hablar con la prensa desde que salió de la Alcaldía. En cambio, es visto en Cartagena como un personaje con teflón, porque seis años después solo afronta una sanción “nimia” por un pliego de cargos que la Procuraduría falló en noviembre pasado en su contra, mientras que otros exmandatarios afrontan sanciones más severas

Ese es el caso de la exalcaldesa Judith Pinedo, sentenciada en segunda instancia a 12 años de prisión por vender un predio sin que la Justicia le haya probado que se enriqueció con la transacción o que celebró un negocio por debajo de la mesa.

El alcalde de los elefantes y las obras mal hechas

La génesis de los elefantes blancos data de las elecciones atípicas de 2013, cuando el entonces empresario Dionisio Vélez Trujillo ganó la Alcaldía de Cartagena después de que Campo Elías Terán, el mandatario elegido para el periodo 2012-2015, murió de cáncer.

Administrador de empresas de profesión y con especializaciones en gerencia comercial y finanzas, Vélez empezó su vida laboral como gerente general de una estación de servicios de Terpel y jamás había ocupado cargo alguno en el sector público. 

Su primer intento por llegar al Palacio de La Aduana se dio en 2011, cuando fue candidato del movimiento por firmas Sí es posible. Ocupó el tercer lugar en las urnas, después del periodista deportivo Campo Elías Terán y de la exconcejal María Del Socorro Bustamante. 

Volvió a postularse para las elecciones atípicas de 2013, con el aval de los partidos Liberal y Verde, y el apoyo de la élite cartagenera. Debido a su experiencia en el sector privado, Vélez emergió como una esperanza para darle un timonazo a la ciudad, después de un año y medio de inestabilidad por un Campo Elías sin experiencia política y ausente gran parte de su mandato por su enfermedad.

Especialmente, Vélez era visto como un gerente que podría replicar en lo público las destrezas administrativas que demostró como miembro de varias juntas directivas, y al frente de empresas como Tecnar, propiedad de su familia.

Justamente esa impronta de empresario y persona alejada de la “clase política y politiquera” se convirtió en su principal bandera de campaña. Tanto que se presentó como un “hombre independiente con las mejores costumbres políticas”, informó La Silla Vacía pocas horas después de conocerse su triunfo en una jornada marcada por el abstencionismo.

Pese a esa presentación, el mismo medio contó que su campaña tuvo varios espaldarazos de actores políticos condenados de Bolívar, como los exsenadores Miguel Ángel Rangel y Vicente Blel, ambos por parapolítica, y el senador y expresidente del Senado Lidio García, investigado también por la Corte Suprema por parapolítica. 

Vélez tuvo, además, el apoyo de Alejandro Char, quien en aquel momento había sido alcalde de Barranquilla por primera vez. El exmandatario no solo se reunió con Vélez para contarle cómo pavimentó el camino para comenzar la transformación de la infraestructura barranquillera sino que viajó a Cartagena en plena campaña por las elecciones atípicas para “levantarle el brazo en tarima”, contó La Silla Vacía.

Una vez elegido alcalde, Vélez ganó notoriedad local y nacional, principalmente, por dos cosas: porque intentó reescribir con una placa y un evento diplomático parte de la historia de Cartagena, haciéndole apología a los invasores ingleses que se tomaron la ciudad en el siglo XVIII, y por la revolución de cemento que comenzó a liderar con la promesa de transformar la infraestructura sanitaria, escolar y vial de esta capital. Un modelo de gobierno que en parte copió del estilo charista en Barranquilla.

Sin embargo, terminó siendo protagonista de una vergüenza nacional y promotor de una millonaria desidia. Vélez destinó casi $100.000 millones para construir 39 puestos de salud en los barrios y corregimientos más pobres de Cartagena. 

Como entregó esos recursos con diseños prototipo —que no tienen en cuenta el detalle de cada sitio a intervenir y le permiten al contratista reajustar sobre la marcha—, tuvo que replantear el número de obras: de las 39 anunciadas, dijo que la plata solo alcanzaba para 25. 

Pese a ese cambio, ningún puesto de salud estuvo listo cuando salió del Palacio de La Aduana en diciembre de 2015. Aunque cortó las cintas e inauguró obras en Pontezuela, Arroyo de Piedra y Líbano, éstas comenzaron a funcionar desde 2017. Hizo lo mismo con El Pozón, pero solo comenzó a recibir público a finales de 2019.

Hoy sólo ocho de los 25 proyectos que Vélez les contrató al Consorcio Salud Heroica y a la empresa Coinses prestan servicios: de los 17 restantes, siete aún no comienzan trabajos y 10 están en pañales o a medias.

 

 
 
 
 
 
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Además de los puestos de salud, también dejó obras de dudosa calidad en las escuelas públicas y en parte de la malla vial cartagenera, de hecho la Contraloría dijo que varias de esas intervenciones resultaron “inútiles”.

Toda esa mala planeación se financió con un crédito de $250.000 millones que los cartageneros todavía pagan. Esa obligación está pactada con los bancos hasta 2022.

El crédito y los ruidos de dádivas 

En 2014, el entonces alcalde Dionisio Vélez le pidió al Concejo autorización para gestionar $250.000 millones ante seis bancos y destinarlos a obras de infraestructura para mejorar los puestos de salud, la malla vial y parte de las escuelas públicas. 

En marzo de ese año, 18 de los 19 concejales le dieron luz verde. Solo se opuso el entonces concejal del Polo Democrático, hoy secretario del Interior del gobierno de William Dau, David Múnera. Dijo que lo hacía porque Vélez no presentó estudios técnicos que respaldaran cada una de las obras proyectadas.

Esa luz verde del Concejo se dio en medio de acusaciones de pagos y burocracia que, supuestamente, Vélez les entregó a los concejales, pero de las que no hubo evidencias ni investigaciones disciplinarias ni penales abiertas.

De hecho, La Silla Vacía aseguró en 2016 que esas acusaciones salieron a flote en una reportería periodística que ese medio hizo mientras investigaba sobre los problemas en la ejecución de obras de infraestructura pública del gobierno de Vélez.

“Dos fuentes conocedoras de la política cartagenera nos hablaron de supuestas dádivas”, se lee del informe.

Con los recursos aprobados, el gobierno de Vélez comenzó a forjar una larga cadena de errores. Esa administración, por ejemplo, contrató los 39 puestos de salud sin tener la titularidad de los terrenos ni las licencias de construcción. Además, proyectó intervenciones sobre lotes baldíos. 

Tampoco contaba con los avales técnicos del Ministerio de Salud, pese a que por ley este tipo de construcciones no pueden iniciarse sin el visto bueno de esa entidad, por ser la encargada de comprobar que los diseños cumplan unos mínimos que garanticen una buena prestación del servicio de salud.

Las investigaciones

Todas esas irregularidades desencadenaron tres investigaciones contra el exalcalde Vélez: dos en los organismos de control y una en la Fiscalía. Hasta ahora solo hay fallo en primera instancia de la Procuraduría.

En noviembre pasado, la Procuraduría sancionó a Vélez con ocho meses de destitución por una “falta grave culposa”, pues según la entidad el entonces mandatario “no impartió oportunamente instrucciones eficientes y eficaces para asegurar el adecuado y correcto desarrollo de las actividades delegadas”, es decir, la construcción de los puestos de salud.

A Martha Rodríguez, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y responsable directa de contratar las obras, la Procuraduría la destituyó e inhabilitó por 15 años. Rodríguez se había desempeñado antes como secretaria de Salud de la primera alcaldía de Alejandro Char en Barranquilla.

La segunda investigación que Vélez afronta es un proceso de responsabilidad fiscal por $37.810 millones, que la Contraloría le abrió en septiembre de 2019. 

Esa suma, dice la Contraloría, no incluye los “presuntos sobrecostos” que pudieron darse por la extensión de los contratos de arriendo de los inmuebles donde funcionan parcialmente los puestos de salud demolidos para construir infraestructura nueva.

La Contratopedia preguntó en la Contraloría por el estado de esa investigación y una funcionaria dijo que el proceso, que tiene reserva y lo lleva la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, fue declarado de “impacto nacional”. Es decir, debido a la cuantía del detrimento investigado, dejó de ser un asunto departamental para convertirse en uno nacional, a cargo de una dependencia de mayor rango.

La otra investigación contra Vélez la anunció la Fiscalía, el 16 de junio de 2016. El ente acusador dijo entonces que comenzaba a investigar penalmente al exmandatario para determinar si parte de los recursos del crédito de los $250.000 millones pudieron haber terminado en Velsti, empresa de su familia en Panamá.  En aquel momento aparecían como directores el hermano y la esposa de Vélez: Amaury Vélez Trujillo y María Victoria Donado, respectivamente.

La seccional Bolívar de la Fiscalía inició la investigación tras una publicación del periodista Lucio Torres, quien cuestionaba que la esposa y el hermano del exalcalde tuvieran esa firma en el exterior y cuentas bancarias “engordadas” durante la Alcaldía de Vélez.

La Contratopedia consultó con la Fiscalía para conocer el estado de esa investigación, pero no fue posible obtener información sobre los avances de dicho proceso.

Con todas esas investigaciones a cuestas y la galería de elefantes blancos que Cartagena hoy exhibe, Vélez no solo pasó a la historia como el alcalde que lideró una fracasada revolución de cemento sino como un mandatario que defraudó a los cartageneros, pese a venderse como un candidato – gerente que trazaría una ruta de progreso para esta capital.

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