Acceder a información de manera oportuna en entidades públicas de Colombia es cada vez más difícil.
Especialmente, si se trata de solicitudes que intentan esculcar en temáticas que no están en la agenda informativa de entes territoriales, como la Alcaldía de Cartagena o las gobernaciones de Bolívar y Atlántico.
Con la declaratoria nacional de emergencia, económica, social y ecológica para enfrentar la pandemia por coronavirus, el gobierno de Iván Duque modificó en 2020 los términos legales para contestar derechos de petición: las peticiones generales pasaron de 15 a 30 días hábiles; las de información y documentos, de 10 a 20 días hábiles, y las consultas, de 30 a 35 días hábiles.
Las entidades oficiales, incluso, pueden ampliar aún más esos plazos hasta por 90 días, pero deben notificar al ciudadano. Entre los más perjudicados con estos cambios, que ya están por cumplir dos años, estamos los periodistas.
Aunque la normalidad laboral ya es un hecho y Colombia no está con las limitaciones de movilidad de la primera ola de Covid-19, el presidente Duque objetó un proyecto de ley que busca restablecer los tiempos de respuesta.
Mientras el Congreso estudia esas objeciones para decidir si las acepta o las archiva, los ciudadanos seguimos padeciendo por la vulneración reiterada de nuestro derecho de petición, pues las entidades se resguardan en la emergencia sanitaria para dilatar al máximo las respuestas.
En la Gobernación del Atlántico, por ejemplo, el sistema de radicación en línea funciona bien y permite hacerle seguimiento a una petición informativa. Sin embargo, desde allí el ciudadano es testigo de cómo el gobierno de Elsa Noguera no respeta los tiempos legales establecidos, pues obtener datos sobre contratación pública puede tomarle más de tres meses sin explicación alguna.
La Contratopedia Caribe solicitó, el 25 de septiembre de 2021, información sobre los contratos celebrados por el gobierno de Noguera para fines promocionales, publicitarios o divulgativos y todavía hoy, tres meses después, seguimos sin recibir información alguna.
Desde el pasado 23 de noviembre, el trámite no registra cambio alguno. Consultamos a la oficina de Comunicaciones y tampoco esa gestión nos resultó fructífera.
En la Gobernación de Bolívar el sistema de radicación en línea ni siquiera funciona bien, pues no arroja de inmediato un radicado y el ciudadano debe esperar una notificación en su correo electrónico que en ocasiones no llega. Si el ciudadano no tiene contacto con algún funcionario departamental, difícilmente obtendrá los datos que necesita.
Para La Contratopedia ha sido posible ampliar la información sobre los contratos celebrados por el gobierno de Vicente Blel apelando a la Oficina de Comunicaciones o a la Supervigilancia del Derecho de Petición, ejercida por la Procuraduría General.
En la Alcaldía de Cartagena, cuyo gobierno se autodenomina transparente desde que William Dau llegó al Palacio de La Aduana, las respuestas completas y oportunas dependen del estilo administrativo de cada secretario. Con Educación e Infraestructura suelen llegar a tiempo. Con el Dadis, la Secretaría General y hasta la Oficina de Comunicaciones exceden los 35 días hábiles, sin que el ciudadano sepa por qué.
Al Dadis, incluso, le puede tomar hasta cinco meses entregar información a medias sobre contratos firmados y medidas adoptadas para atender la emergencia sanitaria por coronavirus.
Estos son tan solo un puñado de hechos que evidencian cómo los funcionarios públicos vulneran constantemente los derechos de petición y acceso a la información. Por ello, se volvió común tener que interponer tutelas o pedirle a la Procuraduría que intervenga.
Todo ese desgaste no debería ocurrir en una democracia, máxime en medio de tanta desconfianza ciudadana por lo público. Responderle al ciudadano a tiempo no solo es una obligación de la función pública es, además, una demostración de transparencia y de respeto institucional.
Los funcionarios públicos no están para torpedear la fundamental labor de la prensa.