Se le llama así a las condiciones de contratación amañadas en que pueden incurrir las entidades estatales, especialmente, desde las alcaldías y gobernaciones.
Esta práctica corrupta consiste en diseñar procesos a la medida de determinados contratistas, para limitar la posibilidad de un concurso plural en el que gane el mejor. Así, desde antes de la convocatoria a licitación, la firma beneficiaria ya tiene ganado el contrato porque se aseguró, con acuerdos por debajo de la mesa, de cumplir cabalmente con todos los requisitos.