La comunidad de Tierra Baja, una vereda del corregimiento de La Boquilla en la zona Norte de Cartagena, lleva más de cinco años esperando la construcción de un megacolegio. Durante todo ese tiempo los lugareños solo han recibido promesas vacías, que evidencian cuán lento llega a ser el aparato público local y cómo la ejecución de megaobras en la capital de Bolívar suele convertirse en un camino tortuoso.
Tierra Baja es una de las muchas comunidades cartageneras que han recurrido a acciones judiciales contra el Distrito por la desatención histórica de sus escuelas. Como ellos están los habitantes del sector Ricaurte del barrio Olaya, quienes llevan cuatro años esperando la construcción del megacolegio de San Felipe Neri.
También piden mejor infraestructura escolar la sede Emiliano Alcalá, del Soledad Acosta de Samper; Nuestra Señora del Buen Aire, de Pasacaballos; la sede Simón J. Vélez, del Rafael Núñez; la sede Membrillal, del San Francisco de Asís, y las escuelas Alberto Elías Fernández Baena, Omaira Sánchez, La Boquilla, Santa Cruz del Islote y Tierrabomba.
Los problemas de Tierra Baja
Desde hace tiempo, la comunidad de Tierra Baja viene pidiéndole al Distrito la construcción de una nueva escuela. Debido al aumento de la población nativa y del rápido crecimiento urbanístico de la zona, la única institución de la vereda, la I.E Tierra Baja, se ha quedado corta para albergar a todos los estudiantes.
Esa construcción cuenta con solo seis salones y una capacidad para 125 alumnos, pero tiene 540 matriculados y problemas de hacinamiento. A esto se le suman las malas condiciones sanitarias: por la falta de alcantarillado en la vereda, en ocasiones, la fosa séptica suele desbordarse y el colegio termina inundado de aguas servidas.
“Como hay más niños, se utiliza más la fosa séptica, pero no tiene capacidad para tanta gente. Cuando llueve se rebosa. Hay muchos niños pequeños que se caen y tocan ese piso con las manos. Les da rasquiña”, le dijo a La Contratopedia Sandra Nuñez, presidenta del Consejo Comunitario de Tierra Baja sobre un problema recurrente antes del funcionamiento remoto por la pandemia y que puede repetirse ante el inminente reinicio de clases presenciales este segundo semestre.
Brindy Cantillo, líder juvenil de la vereda, le contó a La Contratopedia que en ocasiones a los docentes les tocaba suspender las clases por los fuertes olores de la fosa completamente llena.
“Se llenaba cada dos semanas y como por aquí no todo está pavimentado, si llovía mucho y el terreno estaba muy blandito, no se podía meter el tanque para vaciarla. Así que se suspendían las clases hasta que se solucionara”, rememora Brindy.
La falta de condiciones para el buen desarrollo académico ha afectado el acceso a la educación de los pobladores. Muchos de los padres prefieren matricular a sus hijos en colegios fuera de la vereda o simplemente no ponerlos a estudiar.
Por eso, para la comunidad es urgente un nuevo colegio.
Dineros y promesas que van y vienen
Todo comenzó en 2015, cuando el proyecto Serena del Mar le cedió a la Alcaldía de Cartagena un lote de 17.000m2, destinado para la construcción de un megacolegio. Esa cesión fue producto de los acuerdos de consulta previa entre el Consejo Comunitario de Tierra Baja y este proyecto urbanístico.
En julio de 2016, el Ministerio de Educación, a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), puso en marcha el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, que consistía en intervenir 541 escuelas de varios departamentos del país, entre ellos Bolívar, San Andrés, Magdalena y Córdoba. Los municipios y departamentos también ponían recursos.
El Ministerio abrió una licitación. Uno de los ganadores fue la multinacional portuguesa Mota Engil, que obtuvo 248 de los proyectos, por cerca de $1.3 billones.
Uno de esos colegios que Mota debía intervenir era el de Tierra Baja. Así lo anunció en noviembre de 2016, la Secretaría de Educación de Cartagena, durante la administración de Manolo Duque. El anuncio hablaba de un presupuesto cercano a los $8.000 millones, de los cuales el Ministerio de Educación aportaría el 70% y el Distrito el 30% restante.
Un año después, en julio de 2017, el proyecto comenzó a andar y tras un acuerdo de obra firmado por el Ministerio y Mota Engil, por $8.045 millones, la construcción parecía inminente. La Alcaldía aportó $2.493 millones y el Ministerio $5.631 millones.
Este contrato se realizó por el término de tres meses y medio para una primera fase de “Estudios y Diseños” y de 12 meses, para la siguiente fase de “Obras Civiles”.
Las trabas, dilaciones y cuestionamientos a la construcción comenzaron desde el inicio mismo de su ejecución.
Antes de comenzar la obra, según la Alcaldía, el Distrito desconocía la magnitud y necesidad de la adecuación del terreno, ya que éste tiene desniveles y hundimientos que necesitan intervención. Por eso, cuando el contratista comenzó los estudios técnicos quedó en evidencia que los costos de la obra serían mucho más elevados que los firmados.
En enero de 2018, la Alcaldía decidió suspender la segunda fase del proyecto en Tierra Baja y le solicitó al Ministerio que los recursos fueran utilizados para obras en las escuelas Nuevo Bosque y Gabriel García Marquez, le respondió la Alcaldía a La Contratopedia a través de un derecho de petición.
En ese mismo derecho de petición, la Alcaldía mencionó que una de las razones por las que el Distrito decidió priorizar otras construcciones y no la de Tierra Baja, es por el hacinamiento en esas escuelas, mientras que “en Tierra Baja no existe esa problemática por cuanto los estudiantes son atendidos en sedes operadas por el Distrito que vienen funcionando normalmente”.
Sin embargo, la comunidad dice que en su escuela sí hay sobrepoblación estudiantil. Además, las llamadas “sedes” de las que habla el Distrito son en realidad casas rurales sin las mínimas condiciones de infraestructura, alquiladas por la Secretaría de Educación en la vereda.
Algunas tienen escaleras oxidadas y están en medio de zonas enmontadas que albergan murciélagos, serpientes y demás animales que ponen en peligro la vida de los estudiantes, sobre todo la de los niños más pequeños.
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Como parte de las inversiones del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, el Ministerio había dicho que cualquier eventualidad que surgiera durante la ejecución de esos proyectos no se financiarían con los recursos proyectados. Esas serían obras complementarias que debían ser asumidas del todo por la entidad territorial, es decir, por la Alcaldía de Cartagena.
Alegando falta de recursos, el Distrito solicitó cancelar la fase de ejecución de la escuela de Tierra Baja hasta encontrar presupuesto. Como hubo una terminación anticipada del contrato, el contratista solo alcanzó a realizar los estudios y diseños de la escuela, que en Tierra Baja cuestionan.
Moisés Zabaleta, representante legal del Consejo Comunitario, le dijo a La Contratopedia que a la comunidad no se le hizo partícipe de la realización de los diseños de la escuela, a pesar de ser un territorio afrodescendiente donde prevalecen la cultura y los conocimientos ancestrales. Una identidad cultural que no se refleja en los diseños.
“Ellos (el contratista) nunca vinieron. Todo lo hacen desde sus oficinas, cogen un GPS y distribuyen todo el espacio, pero no conocen a la comunidad. Eso es lo que hace el Estado colombiano. Sin embargo, cuando me pusieron a firmar si los diseños estaban acorde con la identidad de la comunidad lo hice por la necesidad de que el proyecto saliera rápido”, afirmó Zabaleta.
Una fuente involucrada en la gestión del colegio que no quiso que su nombre se revelara en esta historia le dijo a La Contratopedia que Mota Engil entregó los diseños incompletos, ya que hacen falta los planos hidráulicos, de relleno, luminaria y encerramiento.
De los $8.045 millones destinados a Tierra Baja, sólo se ejecutaron $202.774.081 correspondientes a la primera fase. Según la Contraloría, el Distrito alcanzó a desembolsar $113.132.722 por pagos a Mota, al interventor y por trámites de curaduría.
Por ser unos recursos que no terminaron beneficiando el servicio educativo de la población estudiantil de Tierra Baja, la Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar de la Contraloría concluyó que hubo un presunto daño al patrimonio del Distrito, configurándose un hallazgo administrativo, con presunto alcance disciplinario y fiscal.
Por esos recursos, hay un proceso de responsabilidad fiscal abierto desde el pasado 1 de marzo. El proceso está para notificación de los involucrados como presuntos responsables, le respondió la Contraloría a La Contratopedia.
En Colombia, esa multinacional está involucrada en un lío jurídico, ya que en 2019 sus incumplimientos generalizados en la ejecución del Plan de Infraestructura obligaron a las interventorías de 207 proyectos a solicitar su finalización anticipada. A raíz de esto, la multinacional renunció a la construcción de los colegios que tenía a cargo, por lo que de las 248 obras que el Ministerio le adjudicó solo terminó cuatro.
Mota Engil también tiene varias denuncias por fraude a nivel internacional e investigaciones por incumplimientos en mega proyectos de Paraguay, México y Perú.
Sin dinero, sin obras complementarias y sin priorización, el futuro del Megacolegio se veía incierto. Por eso, entre agosto de 2018 y enero de 2019, la comunidad de Tierra Baja presentó dos derechos de petición a la Alcaldía para solicitar información sobre la construcción del colegio. Nunca recibieron respuesta.
En febrero de 2019, Guillermo Peña, ingeniero de la Secretaría de Educación, declaró en una audiencia con la comunidad que el FFIE no había viabilizado el proyecto, pero que con recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) podría construirse el colegio, una vez el Concejo de Cartagena diera su visto bueno.
También les aseguró que aprobados esos recursos, unos $19.000 millones, el Distrito comenzaría a tramitar la licencia de construcción (cuya gestión debió darse desde 2017).
En efecto, el Fonpet destinó esa suma para la ciudad y el alcalde de entonces, Pedrito Pereira, los destinó en infraestructura educativa. Pero, Tierra Baja no estuvo incluida y esa nueva promesa terminó siendo vacía.
Tutela, esperanza y nueva fecha
Tras cuatro años de espera y sin respuestas claras, en julio de 2019 la comunidad interpuso una acción de tutela contra la Alcaldía de Cartagena por las dilaciones en la construcción de su megacolegio.
En agosto de ese mismo año, el Juzgado 16 Civil Municipal de Cartagena falló a favor y le ordenó a la Alcaldía que, en un plazo de un año, iniciara los trámites administrativos para construir el plantel educativo o invirtiera recursos en la escuela existente, siempre y cuando las obras se ajustaran a las necesidades de la comunidad.
Los lugareños, además, abanderaron el trámite de la licencia de construcción de la obra y en septiembre la obtuvieron en una de las dos curadurías distritales. Todo un logro, pues por la inestabilidad política de la ciudad les tomó más tiempo del previsto.
“Para gestionar una licencia de construcción se necesita que el Alcalde dé el aval y conseguir esa firma no es fácil, porque los asesores jurídicos tienen que revisar antes de decirle que firme. Cuando se conseguía el aval jurídico, ya al Alcalde lo habían cambiado y tocaba empezar otra vez todo el proceso. Recogimos cinco firmas de cinco alcaldes, hasta que por fin con Pedrito Pereira se pudo gestionar la licencia”, afirmó la fuente de la comunidad de Tierra Baja que no quiso revelar su nombre.
Con una tutela a su favor y la licencia en sus manos, la comunidad pensó que pronto comenzarían las obras, pero no fue así. Pese al fallo de tutela, el Distrito no inició la construcción en menos de un año: funcionarios le aseguraban a la comunidad que no podrían iniciarse las obras con los diseños incompletos.
El 2019 terminó sin noticias y en 2020 llegó la pandemia por coronavirus.
Lo que sí hizo la Alcaldía fue contratar unas mejoras a la infraestructura educativa existente, por $47.370.582.
“Arreglar este roto que había aquí, poner la reja, arreglar los techos... Esos son pañitos de agua tibia, pero esa no es una solución de fondo”, le dijo a La Contratopedia la fuente de la comunidad, que pidió no ser identificada.
El año que la tutela dio como plazo pasó y las obras no comenzaron. Buscando nuevas respuestas, la comunidad supo que el Distrito gestionaba recursos para su escuela a través del Ocad de regalías (Órgano Colegiado de Administración y Decisión). El proyecto no recibió el aval en diciembre pasado porque tenía incompletos sus diseños, pero tras reajustes hechos por la Secretaría de Educación obtuvo luz verde en mayo pasado.
El Distrito recibirá $16.000 millones para obras y dotación. La construcción del megacolegio está dentro de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Salvemos Juntos a Cartagena”, explicó la Alcaldía vía derecho de petición.
Aunque la obra ya cuenta con recursos, todavía tiene un largo trecho legal por delante: que el Ministerio de Hacienda desembolse la plata, que la Secretaría de Educación la adicione a su presupuesto para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal y que se completen los diseños para que el Distrito pueda convocar a una licitación pública.
La administración Dau proyecta iniciar obras este segundo semestre del año. La comunidad espera que esta vez por fin se ponga el primer ladrillo.
Mientras eso pasa, en Tierra Baja temen por el reinicio de las clases presenciales. Con la escuela actual no están garantizadas las condiciones seguras para sus estudiantes.
“¿Cómo vamos a hacer con las clases presenciales? Hay 540 niños y solo seis salones. Ahí no hay distanciamiento social, ni nada”, le dijo a La Contratopedia Sandra Nuñez, presidenta del Consejo Comunitario de Tierra Baja.
A la comunidad de Tierra Baja no le queda más que confiar en que el Distrito les ayudará a encontrar una solución y que por fin cumpla con la construcción del megacolegio. Sueñan con que en 2022 sus niños y jóvenes por fin cuenten con una infraestructura educativa digna.