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El contrato por el que la Procuraduría ratificó la suspensión a Olaff Puello se remonta a 2007. Puello aprobó una adición presupuestal en 2013. /Foto: Collage propio a partir de imágenes de Consejo de Redacción y El Universal.

Detrás del contrato por el que inhabilitaron al exgerente de Cardique hay una empresa del emporio Hilsaca

Un fallo de segunda instancia de la Procuraduría confirmó, la semana pasada, que en la autoridad ambiental de Bolívar hay contratación amañada. Esta sanción es el capítulo más reciente de al menos dos décadas de corrupción en esa corporación.

El pasado 10 de mayo, la Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad por 18 años del exdirector general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, Olaf Puello Castillo, por irregularidades en los contratos de adecuación e interventoría del canal Chiamaría, en el barrio El Pozón de Cartagena. 

El contrato de adecuación, que se convirtió en la punta de un iceberg de corrupción denunciado en 2018, tiene detrás a una empresa del emporio familiar que fundó el investigado empresario Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca, un poderoso de Bolívar visto en Cartagena como la persona determinante (tras bambalinas) de lo que pasa en esa corporación ambiental.

Una injerencia que no es tan fácil de probar por el temor que Hilsaca despierta en gran parte de Bolívar y su capital, y por la posibilidad de que se haya ganado varios de esos negocios a través de terceros.

El rastro de Hilsaca en Cardique, sin embargo, se evidencia en al menos tres megacontratos por $47.000 millones que AGM Desarrollos SAS —antes Hilsaca Construcciones— obtuvo, una de las principales firmas del emporio económico de su familia, como lo documentó en una investigación la organización periodística Consejo de Redacción.

Aunque Cardique es una entidad llamada a preservar los ecosistemas estratégicos en 20 de los 46 municipios de Bolívar, durante los últimos 20 años ha sido poco reconocida por sus aciertos técnicos y mucho más mediática por la corrupción de sus contratos, las pesquisas realizadas por los organismos de control y su mal desempeño institucional.

El fallo y la adición irregular 

La Procuraduría General estableció que, en 2013, el entonces director de Cardique Olaff Puello suscribió una adición, con la que modificó el objeto inicial de las obras que esa entidad le contrató en 2007 al Consorcio Ciénaga de la Virgen para el mejoramiento hidráulico y el saneamiento ambiental de los arroyos y canales que vierten sus aguas a la Ciénaga de la Virgen.

Al suscribir esa adición —explicó la Procuraduría—, Puello necesitaba elaborar estudios previos. Como no los hizo, incurrió en una falta disciplinaria, mientras que la exsubdirectora de Planeación de Cardique, Ana Oyoga Arias, le dio el visto bueno a un documento que hizo pasar como estudios previos.

A ella la Procuraduría también la inhabilitó por 14 años. Ambas sanciones forman parte de un fallo de segunda instancia contra el que no procede recurso alguno.

El Consorcio Ciénaga de la Virgen lo integraron la desaparecida Hilsaca Construcciones —hoy AGM Desarrollos SAS—, con el 75% de participación, y la barranquillera Servicios de Dragados y Construcciones SAS con el 25% restante.

AGM Desarrollo SAS es la empresa más reconocida del emporio familiar construido por Hilsaca, que incluye obras civiles y de ingeniería, minería, alumbrado, rellenos sanitarios y hotelería en distintas regiones de Colombia.

Aunque el contrato de la Ciénaga (número 121 de 2007) fue inicialmente firmado por $22.173 millones, terminó costándole al erario $33.259 millones, después de cuatro adiciones presupuestales y tres modificaciones al manejo administrativo de la fiducia con la que se financiarían las obras, relató Consejo de Redacción.

Una de esas adiciones, la última, la autorizó el entonces director Puello el 25 de septiembre de 2013 por $2.295 millones para “la canalización con retroexcavadora o similar del canal Chiamaría, paralelo a la vía El Terraplén del barrio El Pozón”.


En 2017, la Contraloría General auditó ese contrato y encontró varias irregularidades: 

  1. A los cuatro meses de adjudicadas las obras, el Consorcio logró el control total sobre el encargo fiduciario al que eran transferidos los recaudos por la sobretasa ambiental, pese a que por Ley ese dinero debió estar siempre bajo la batuta de Cardique. Con esa plata Cardique proyectó la financiación de los trabajos en la Ciénaga de la Virgen y sus alrededores por 14 años. 
  2. El equipo auditor se encontró con la ausencia de fundamentos jurídicos y técnicos para la celebración de este contrato, especialmente por las condiciones en que se firmó: año a año Cardique y el contratista iban definiendo las obras a intervenir, según los millonarios recaudos por sobretasa ambiental. 
  3. Otra inconsistencia fue la débil ejecución de esas obras. A 2017 no estaban construidos unos canales en concreto que facilitarían el tránsito de las aguas que desembocan en la Ciénaga. 
  4. La última irregularidad tuvo que ver con la desconexión entre los trabajos supuestamente hechos y los estudios y diseños contemplados desde la apertura del proceso licitatorio, aunado al nulo monitoreo de Cardique, pues la Contraloría no halló informe alguno de esa entidad sobre los avances o estados de ejecución del contrato.

Esas conclusiones del equipo auditor originaron una investigación en la Fiscalía y motivaron a la Procuraduría a solicitarle a Cardique, en 2018, suspender la ejecución de ese contrato. 

La Procuraduría también pidió suspender el contrato de interventoría, a cargo del Consorcio Interventorías de la Ciénaga. Ese proceso, el 120 de 2007, fue suscrito por Cardique el 29 de junio de 2007 y tuvo cuatro adiciones presupuestales: lo firmó por $1.449 millones y terminó costando $2.173 millones.

Cardique respondió que no podía suspender lo que ya estaba finalizado y en proceso de liquidación. 

Sin embargo, los problemas de contaminación de la Ciénaga de la Virgen —que perdió una década valiosa para su recuperación con esa contratación fallida, según la Contraloría— y los hallazgos de las auditorías mostraron una realidad distinta. 

El influjo de la corrupción

Con los hallazgos de la Contraloría, la Fiscalía comenzó a investigar gran parte de la contratación de Cardique. En una primera fase, encontró 220 obras ficticias, adjudicadas en 2016, que causaron detrimento patrimonial por $27.900 millones. 

Por esa contratación ficticia, soportada con facturas, planos topográficos y registros fotográficos falsos, la Fiscalía les imputó cargos en 2018 al exdirector de Cardique Olaff Puello Castillo, a tres de sus subalternos (Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación de Cardique; Saray Cecilia Hernández Durán y Dalis Esther Herrera Vargas, supervisoras de contratos en la CAR) y a dos contratistas (Bernabé Maldonado Maldonado, contador, y Fredy Rodgers, topógrafo).

A los pocos meses, en 2019, la Fiscalía ocupó 104 bienes de funcionarios y contratistas que se prestaron para una trama de corrupción en esa corporación ambiental.

Durante la toma de bienes, la fiscal Catalina Noguera anunció que, después de Puello, la segunda funcionaria más importante en ese desangre de recursos era Luz Dary Benavides Piza. “Era la que desde Cardique se encargaba de este tipo de obras”, informó la fiscal.

Benavides Piza es una ingeniera civil que trabajó en la Subdirección de Planeación de esa CAR hasta 2019, cuando la Fiscalía le perdió la pista. 

En su paso por Cardique (al menos 15 años) era reconocida por su cercanía con Hilsaca. Fue ella quien en 2007 recomendó la adjudicación de las millonarias obras para el saneamiento de la Ciénaga de la Virgen, como se lee en la evaluación del proceso licitatorio.

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