Con obras atrasadas y líos que dejó Noguera, al charismo se le empaña más su imagen de ejecutores eficientes

El gobierno de Elsa Noguera comenzó a ejecutar obras de infraestructura tan pronto pasó la fase más crítica del coronavirus, en 2020, que obligó a los mandatarios de todo el país a suspender sus inversiones para organizar un confinamiento de meses y entregar alimentos a los más pobres.

Después de ese periodo de emergencia sanitaria, la Gobernación firmó un contrato interadministrativo con Edubar, por $204.763 millones, para intervenir 311.000 metros cuadrados de espacio público en los municipios.

Edubar contrató, en diciembre de 2020, a la Unión Temporal Espacios Urbanos 2020, integrada por las empresas A Construir y Soluciones de Infraestructura y Logística SAS. 

Desde la publicación de los pliegos, ese proceso despertó cuestionamientos entre los constructores del Atlántico porque, al no dividirlo en contratos más pequeños, la Gobernación no les facilitó las condiciones a los de menor capital. 

El millonario paquete sólo tuvo un oferente y terminó en manos de dos contratistas consentidos por el grupo político de la gobernadora Noguera: los hermanos Christian y José Manuel Daes, en aquel momento accionistas de A Construir.

A las quejas por el proceso de contratación se sumaron después los problemas de ejecución de una de las obras de ese millonario paquete, la cancha de Piojó, que salieron a flote con los deslizamientos de noviembre de 2022 en ese municipio del norte del Atlántico, a hora y media de distancia de Barranquilla por carretera.

Y, aunque llevaban meses paralizados, los lugareños le atribuyeron cuota de responsabilidad a los trabajos de la cancha porque, según ellos, la maquinaria pesada aumentó la vulnerabilidad de la ladera que cedió.

El contratista comenzó los trabajos en la cancha el 27 de mayo de 2021, pero debió parar el 3 de noviembre de ese año porque el terreno se movió con las lluvias. 

Después de ese hecho, un estudio de suelo de la Gobernación arrojó que la cancha, ubicada en la corona de la ladera, está sobre “suelos arcillosos expansivos”. 

Por eso, un especialista recomendó “no realizar ningún tipo de obra civil” hasta tanto no se garantizara “la estabilidad del talud, mediante la ejecución de estructuras que minimicen el riesgo de deslizamiento”. 

(Lea aquí la respuesta completa entregada por la Gobernación del Atlántico a La Contratopedia Caribe en 2022). 

Ante el diagnóstico —que debió hacerse antes de intervenir la cancha—, el gobierno Noguera decidió, en mayo de 2022, “no continuar con la construcción” y buscar un nuevo terreno para la reubicación de la obra.

El proceso se ralentizó aún más con las lluvias de noviembre de 2022, porque la ladera volvió a ceder y dejó a 500 personas sin hogar. 

La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo compró el terreno Los Guayabales, para la reubicación de las familias afectadas. Allí la Gobernación construirá también la cancha, le dijo a La Contratopedia Jorge Ávila, gerente de Plazas y Parques, cargo que ocupó durante el gobierno Noguera y desde el que coordina la construcción de los parques, canchas y malecones en los municipios.

Sin embargo, la reconstrucción de Piojó todavía se demora. En marzo, el gobernador Verano informó que aspira a ver las primeras viviendas en diciembre próximo.

Con una inversión de $5.056 millones, la cancha de Piojó se proyecta como un espacio con graderías, zona de juegos y alumbrado público; con capacidad para mil personas, en 8.137 metros cuadrados. Sin embargo, aún no tiene una fecha clara de inicio de obras.

Otra de las inversiones ampliamente divulgadas del gobierno Noguera es la Gran Vía, que consiste en la ampliación de 3,55 kilómetros del Corredor Universitario, en doble calzada, con dos deprimidos: uno a la altura de la Universidad del Norte y otro, del Centro Comercial Le Champ. 

Esa ejecución se ha dado en dos fases. 

La primera, entre la bajada del puente de la 51B con Circunvalar y la Universidad del Norte, la contrató la Gobernación del Atlántico por $62.402 millones y en noviembre pasado tuvo una adición de $9.716 millones, que elevó su costo a $72.118 millones.

Ese tramo estaba proyectado a ejecutarse durante 18 meses, contados desde septiembre de 2022. Aunque la ejecución debía terminar el 15 de marzo de este año, el gobierno Noguera le pidió al contratista que la obra estuviera lista antes del 31 de diciembre de 2023, es decir, dos meses y medio antes del plazo del contrato. 

De hecho, Noguera le anunció a la prensa local que el primer tramo de la Gran Vía estaría listo en diciembre pasado, pese a las “salvedades” del Consorcio Vial (Equipos Construcciones y Obras SAS, con 48% de participación; Constructora Global Ingeniería SAS, con 47%, y Gravas y Concretos SAS, con el 5% restante).

La obra no estuvo lista en diciembre ni en marzo. Por el contrario, el contratista solicitó seis meses de prórroga, entre otras razones, por:

• El cambio de gobierno departamental.
• Retrasos en los trámites prediales. Entre esas gestiones hay diferencias con el Colegio Sagrado Corazón por la adquisición de un predio donde se construirá un puente peatonal. 
• Atrasos generados por los operadores de servicios públicos domiciliarios, como Aire y Triple A, con obras en las tuberías que pasan por el área intervenida. 
• Ajustes a los diseños que terminaron en diciembre de 2022, tres meses después de iniciados los trabajos, y retrasaron las obras en el deprimido de Uninorte. 
• Las lluvias afectaron los rendimientos de las primeras actividades ejecutadas en 2022.
• Y la temporada de fin de año, que impactó el transporte y la instalación de materiales por restricciones viales de ese periodo.

El gobierno de Eduardo Verano aceptó la prórroga el 22 de enero pasado y la nueva fecha de entrega quedó para septiembre próximo.

La segunda fase de la obra, entre el Club Campestre y la Universidad del Atlántico, está a cargo de Edubar, entidad mixta con la que el Órgano Colegiado para la inversión regional (OCAD) firmó convenio para su ejecución, por tratarse de recursos que la Gobernación del Atlántico gestionó con Regalías. 

Edubar adjudicó la obra, por  $94.720 millones, al Consorcio Corredor Vial Unidad Funcional Dos, el 28 de noviembre de 2022 por 18 meses. 

Angelly Criales, en representación de Edubar, y César Caro, representante legal del consorcio (Compañía de Trabajos de Ingeniería SAS, con el 50% de participación; Planeta, Proyectos y Obras, con el 45%, y Mavicón Construcción e Ingeniería SAS, con el 5% restante), firmaron el acta de inicio el 13 de marzo de 2023. 

La finalización de este tramo está proyectada para septiembre de 2024. Aunque faltan cinco meses para que venza el plazo, las obras del deprimido a la altura del Centro Comercial Le Champs aún no inician.

Por eso, es posible que este contratista también necesite una prórroga, pues el deprimido de Uninorte se construye desde mayo de 2023 y casi un año después sigue en obras.

Dos de los proyectos bandera del gobierno Noguera, como parte del Malecón del Mar en Puerto Colombia, fueron el Mercado de la Sazón y Artesanías del Atlántico y el Centro Gastronómico Internacional. Ambos se construyen a pocos metros del emblemático Muelle.

El Mercado de la Sazón es un proyecto que formuló la Secretaría de Desarrollo Económico y al que el gobierno Noguera le consiguió financiación con recursos de Regalías.

Se trata de un espacio para incentivar el turismo, que busca ofrecer todo el año la gastronomía del Atlántico y del Caribe, así como artesanías, en 36 locales comerciales distribuidos en tres pisos con vista al mar.

Su ejecutor es Edubar. Esa empresa mixta firmó, el 21 de febrero de 2022, contrato para la construcción del Mercado, por $15.974 millones,  con la Unión Temporal Mercado de la Sazón Puerto Colombia, después de un concurso que tuvo cuatro proponentes.

Ese privado lo integran BF Construye SAS, con el 65% de participación; Constructora ATV SAS, con el 25%, y Dinacol SAS, con el 10% restante.

La ejecución comenzó el 8 de agosto de ese año y debía estar lista en nueve meses (mayo de 2023). Sin embargo, por problemas de planeación, la obra ha tenido dos suspensiones y prórrogas.

La primera suspensión se dio por mes y medio, entre el 14 de abril y el 29 de mayo de 2023, porque los diseños requerían ajustes. Por ejemplo: 

• El contratista encontró que el nivel freático (agua subterránea) era más alto al contemplado en los estudios geotécnicos, asunto que demandó cambios en los procedimientos, costos y protecciones.
• Uno de los muros de contención tenía un diseño estructural distinto al del estudio geotécnico.
• La estructura metálica proyectada para la obra no garantizaba una adecuada protección para estar cerca al mar.
• Las características de la cubierta inicial no estaban acorde con las corrientes de brisas de Puerto Colombia.  
• La mampostería del proyecto no presentaba los refuerzos necesarios para una obra cercana al mar.
• Y en la formulación de los costos faltaron ítems que sí aparecían en los diseños.

Por todos esos hechos, la unión temporal solicitó la adición de $5.348 millones y una prórroga de siete meses para entregar la obra en enero de 2024. Petición aprobada por Edubar el 31 de mayo de 2023. Por tanto, la obra pasó de costar $15.974 millones a $21.322 millones.

En enero pasado, el contratista volvió a pedir cinco meses de prórroga por cuenta de los retrasos que le generaron las actividades de cimentación que describió en su primera solicitud de prórroga. Esto —explicó— desencadenó un efecto dominó en los posteriores trabajos de estructuras, mampostería y acabados.

Edubar volvió a darle luz verde y la nueva fecha de entrega quedó programada para junio de 2024, un año y un mes después del plazo inicialmente previsto por el gobierno de Noguera. Sin embargo, La Contratopedia visitó la obra y encontró que aún le falta un buen tramo de trabajo.

La Gobernación informó que la ejecución va en 70%.

El Centro Gastronómico Internacional es otra obra de la Secretaría de Planeación del Atlántico, financiada con recursos de Regalías y cuya ejecución está a cargo de Edubar. Son dos niveles y un mezzanine, con zonas para locales e islas comerciales, terrazas, áreas administrativas y de servicios, frente al mar.

Para la construcción del Centro, esa empresa mixta convocó un proceso abierto que tuvo cuatro proponentes y se lo ganó el Consorcio Vive Puerto Colombia, integrado por:

• Ingeniería y Proyectos de Construcción SAS, con el 55% de participación; 
• Gallardo’s & Asociados SAS, con el 40%. 
• Y AMGO Construcciones SAS, con el 5% restante.

Edubar y el consorcio firmaron, el 19 de agosto de 2022, el acta de inicio de los trabajos, pactados en $23.063 millones y en una ejecución de nueve meses. Es decir, la obra debía estar lista en mayo de 2023.

Un mes antes de que finalizara ese plazo, el 25 de abril de 2023, Edubar aprobó una adición de $6.655 millones por actividades no previstas, que elevaron la construcción del Centro Gastronómico a $29.791 millones.

Esa adición —explicó el contratista— se dio por tres razones:

• Condiciones cambiantes del entorno, que no eran previsibles.
• Mejoras que garantizarán una mayor calidad y estabilidad de la obra y minimizarán sus mantenimientos preventivos y correctivos.
• Y por errores de transcripción durante la fase de elaboración del presupuesto aprobado.

Edubar también le aprobó al contratista una prórroga de tres meses, para que entregara la obra en agosto de 2023. Sin embargo, en mayo de 2023, en una visita de inspección, la entonces gobernadora Noguera dijo que la ejecución iba en un 44% y anunció la entrega para noviembre.

Esa fecha tampoco se cumplió y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) no existe información sobre los incumplimientos ni tampoco La Contratopedia encontró detalles al consultar a Angelly Criales, gerente de Edubar.

Lo que Noguera sí hizo, dos días antes de dejar la Gobernación, fue pre-inaugurar el Centro Gastronómico y prometer que las cocinas se prenderían en abril, mientras que el gobernador Verano habló de marzo en una primera visita que hizo en febrero pasado y en una segunda inspección, el lunes 8 de abril, cambió la promesa de apertura para agosto.

Lo único cierto es que tres meses y medio después de la pre-inauguración de Noguera aún no hay una fecha concreta de inauguración.

La diputada liberal del Atlántico Lourdes López denunció la primera semana de abril que las obras de mejoramiento del Hospital de Repelón, contratadas por la administración Noguera, ya están en mal estado.

Con una serie de fotografías y videos, López mostró puertas, paredes y techos deteriorados, pese a una reciente inyección de recursos del departamento, como parte de un paquete de obras que la Gobernación contrató en 2020.

¡Atención! La inversión que se hace en el sector de la salud en el Atlántico merece resultados de calidad, ¡no obras mediocres! 😡 ¿Qué está pasando con la remodelación del Hospital de Repelón? Techos caídos, paredes rajadas… ¡Un hospital nuevo no puede estar así! @edubar_baq… pic.twitter.com/Ct4WamNuV6

— Lourdes López (@lourdeslopezfl) April 12, 2024

El gobierno Noguera adjudicó la intervención de 16 hospitales y 45 puestos de salud del Atlántico —incluido el Hospital de Repelón—, después de convocar a una licitación pública que se ganó el Consorcio Salud Milenio, integrado por las empresas Gallardo’s & Asociados, de Frank Gallardo Hernández, y Convias, Terrapin y Mavig. Cada una con el 25% de participación.

Estas tres últimas tienen como accionistas en común a Manuel Vives González y Manuel Vives De Andreis, padre e hijo; y a Luis Francisco Ovalle Llinás.

La interventoría está a cargo de Edubar.

La Gobernación entregó esas obras bajo la figura de crédito al proveedor, que terminó limitando la pluralidad de oferentes, pues el proceso solo tuvo dos ofertas. 

Esa figura, como contó La Silla Vacía en su investigación ‘El entramado de contratación de Álex Char’, es una modalidad de financiación para obras públicas poco común en otras regiones de Colombia.

Es una figura inusual porque los contratistas no suelen contar con tanto músculo económico para asumir riesgos al prestarle al Estado pudiendo invertir “su capital de forma más productiva”. Además, ese esquema de financiación “crea un riesgo de que plata de cualquier procedencia termine siendo lavada por el mismo Estado”.

El gobierno Noguera firmó el acta de inicio con el Consorcio Salud Milenio el 4 de noviembre de 2020 para una ejecución de 38 meses. Es decir, el plazo vencía en enero de 2024, pero el contratista pidió prórroga y la nueva fecha de finalización es 28 de julio de 2024. 

La Contratopedia consultó a la nueva administración departamental por más detalles sobre esa prórroga de seis meses, pero no obtuvo respuesta. En el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) tampoco hay información reciente sobre el proceso. Desde diciembre pasado no hay documentos publicados.

La millonaria intervención de los hospitales del departamento ha tenido dos adiciones. La primera fue en febrero de 2022, por $67.579 millones, y la segunda, en octubre de 2023, por $5.996 millones.

Ambas adiciones se dieron por obras que surgieron después de la firma del contrato. Entre ellas:

• Ajustes a los diseños de un grupo de puestos de salud para incluir la construcción de salas de procedimientos menores.
• Cambios en el material de relleno de algunas excavaciones, muros de contención y filtros que no estaban incluidos en el presupuesto y aumentaron los costos de cimentación.
• Aumento en las áreas de construcción de los hospitales Juan Domínguez Romero, de Soledad; Suan, Piojó, Palmar de Varela, Galapa y Campo de la Cruz, y de los puestos de salud Villa Olímpica y Mundo Feliz, en Galapa.

Todas estas ejecuciones lentas o con líos del gobierno Noguera, cuya contratación pública en la Gobernación del Atlántico repitió los patrones charistas de la Alcaldía de Barranquilla, golpean la imagen del charismo, un grupo político que saca pecho por hacer rendir la plata y ejecutar con eficiencia.