Cartagena no tiene control total ni organizado sobre su patrimonio

El 31 de diciembre pasado, en una zona verde contigua al Baluarte Santo Domingo y a pocos metros del Mar Caribe, debía celebrarse una fiesta privada de Año Nuevo. Sus organizadores le habían pagado a la Gerencia de Espacio Público Distrital $1.514.000 por el alquiler de mil metros cuadrados, en uno de los Centros Históricos más apetecidos de Colombia: el de Cartagena de Indias.

Medios locales y nacionales denunciaron la suma de ese alquiler por ser muy baja e ir en contravía de los valores aprobados por el Concejo, mientras que los organizadores ofertaban 10 palcos a $1.800.000 cada uno y sillas a $150.000. A ese espacio le cabían, al menos, 300 personas.

“Estoy furibundo”, dijo el alcalde cartagenero William Dau. La fiesta no se celebró después del escándalo mediático y de que la Secretaría del Interior negó el permiso.

A pocos metros del escenario de la fallida fiesta, sobre 1.180 metros cuadrados de muralla, entre los baluartes Santo Domingo y Santa Cruz, el alquiler para una fiesta de Año Nuevo no cuesta menos de $30.000.000. En temporada de baja afluencia turística, el valor de ese mismo espacio es de $10.000.000. 

Ese contraste es parte de la explotación económica del patrimonio de Cartagena, que en 2019 facturó $13.766 millones en arriendos de inmuebles administrados por el gobierno local y en boletas de ingreso al Castillo de San Felipe. 

Una cifra aún mayor si se le suma lo que mueven los baluartes en poder de los clubes Naval y de Pesca; el alquiler de plazas y parques, a cargo de la Gerencia de Espacio Público, y las propiedades de origen privado, cuyo valor es casi imposible de calcular justamente por su naturaleza.

Esa fotografía evidencia que Cartagena no controla toda la explotación económica de su patrimonio, conformado, entre otros espacios, por calles angostas, plazas coloridas, baluartes centenarios y casas coloniales en el Centro, Getsemaní y Manga, pese a que su apuesta por el turismo masivo comenzó en la década de los 60 del siglo pasado.

Detrás de esa explotación fragmentada y difusa hay varias razones: la falta de autonomía, pues las decisiones medulares dependen por ley del Ministerio de Cultura; la diversidad de instituciones públicas y privadas que confluyen en el manejo de los bienes, la inestabilidad administrativa de esta capital durante la última década, la ausencia de una política unificada y ordenada de aprovechamiento económico, denuncias de corrupción y el desconocimiento de lo que implica vivir en medio del patrimonio.

Todo este largo listado de desafíos muestra cuán pedregoso es el camino que Cartagena debe recorrer para lograr una administración patrimonial más  organizada y con real autonomía sobre sus baluartes y fortalezas.

Tantos retos como riesgos tiene hoy el patrimonio cartagenero.