Los contratos (y el lío) de la Alcaldía de Cartagena para la disposición de muertos por Covid-19

Desde marzo, cuando empezó la pandemia por Covid-19 en Colombia, Cartagena concentró sus esfuerzos en comprar mercados, insumos sanitarios y pruebas rápidas, con contratos por $25.247 millones. Ahora, la disposición final de cadáveres es una de las prioridades en esta nueva fase de la emergencia.

La Alcaldía debe garantizar el manejo de cuerpos con Covid-19, según unos protocolos establecidos por el Ministerio de Salud para evitar la propagación de un virus que en Cartagena ha dejado 17.847 contagios (2.586 de ellos activos) y 492 muertos. Pese a que el comportamiento de la pandemia, las últimas semanas, ha sido de tipo meseta, a mediano plazo es impredecible su impacto en la ciudad ante el reto de la apertura económica. 

Como parte de la disposición final de los cadáveres, el Distrito firmó tres contratos por $380 millones para el transporte, cremación y almacenamiento transitorio en un contenedor. Este último proceso, indicó la misma Alcaldía el pasado 4 de agosto, ha tenido problemas. Unos líos que evidencian falencias en los procesos de contratación del gobierno Dau.

El lío para ubicar el contenedor

El pasado 2 de julio, la Alcaldía contrató con la firma cartagenera Dager Estructuras SAS la compraventa, instalación y funcionamiento de un contenedor para el almacenamiento transitorio de cadáveres, por $68.446.574.

Se trata de un albergue de 40 pies, con capacidad de peso de 20 toneladas, conectado a la red eléctrica, que debe garantizar la preservación de los cuerpos con un sistema de refrigeración de hasta -20 grados centígrados. Aunque está listo para su instalación, el Distrito no tiene dónde ubicarlo porque todavía no tiene un sitio definido.

Como parte del proceso de contratación del contenedor, dos de los seis proveedores que enviaron cotizaciones al Dadis (Departamento Administrativo Distrital de Salud) para su fabricación visitaron los dos posibles destinos de ubicación: los cementerios Jardines de Cartagena, de Parques y Cementerios SAS – Grupo Recordar, y Jardines de Paz, del Grupo Los Olivos. Los cementerios son los sitios que el Ministerio de Salud les recomienda a las alcaldías y gobernaciones para tal fin.

Ambos proveedores, Dager Estructuras SAS y AP Logistic Service, coincidieron en que Jardines de Cartagena tenía mejores condiciones para ubicar el contenedor por lo que, basados en las medidas de ese sitio, enviaron sus cotizaciones finales. El Dadis seleccionó la propuesta de Dager Estructuras por ser la más económica y no solicitar anticipo.

Matriculada en la Cámara de Comercio de Cartagena desde 2014, esta empresa se dedica al mantenimiento y reparación de productos elaborados en metal y se estrena en la contratación local con este proceso que le entregó la Alcaldía de Cartagena.

Aunque el Grupo Recordar había dado luz verde para la instalación del contenedor en su cementerio Jardines de Cartagena,  “impidió su instalación y manifestó a última hora, sin aviso previo” que no continuaría en el proceso, dijo el Distrito en un comunicado de prensa del 4 de agosto. No respondió llamadas ni correos posteriores –se lee en ese documento– para conocer por qué cambió de opinión. 

Lo que el Distrito no dijo en esa comunicación pública fue que el proceso se cayó por falencias en los trámites jurídicos para oficializar el arriendo del espacio con el Grupo Recordar. Trámites que son responsabilidad del equipo jurídico de la Alcaldía y del Dadis.

A través de su agencia de comunicaciones, el Grupo Recordar le manifestó a La Contratopedia que en tres oportunidades le enviaron oficios al Distrito (el 16 de junio y el 14 y 24 de julio) manifestándole la necesidad de dejar por escrito las condiciones en que se daría el arriendo del espacio.

Eso incluía un borrador del contrato de arriendo, un protocolo de manejo de entrada y salida de cadáveres y un plan claro con las obligaciones que asumiría el Distrito como responsable del contenedor. Esos documentos el Grupo Recordar nunca los recibió.

Ante esa negociación fallida, el tiempo de ejecución del contrato del contenedor cambió. Johana Bueno, directora encargada del Dadis, y Álex Dager, representante legal de Dager Estructuras, firmaron el negocio inicial por 20 días, contados a partir del 16 de julio. Fecha en la que el Distrito completó unos trámites de presupuesto, necesarios para  que el contratista comenzara a cumplir con sus obligaciones. A más tardar, el 5 de agosto el contenedor debía estar instalado y listo para funcionar. 

Como esa fecha no se cumpliría, Bueno y Dager firmaron el 3 de agosto un primer otrosí —como se le conoce en lenguaje jurídico a los cambios de condiciones de los contratos— para extender  hasta el 18 de agosto la instalación del contenedor.

Como esa fecha tampoco se cumpliría, Bueno y Dager firmaron un segundo otrosí para agregarle 15 días al contrato. Con este nuevo plazo, el contenedor debe estar instalado y listo para funcionar antes del 31 de agosto, en el nuevo sitio escogido por el Distrito, que podría ser el cementerio Jardines de Paz – Los Olivos, le dijo Bueno a La Contratopedia.

El Distrito ya evalúa una propuesta enviada por esa empresa.

Además de demoras en la instalación, el cambio inesperado de ubicación podría generarle al Distrito valores adicionales, pues pagó por un contenedor con unas especificaciones técnicas de acuerdo al espacio que el Grupo Recordar había dispuesto para su instalación en el cementerio Jardines de Cartagena. Ahora, Dager Estructuras deberá hacer los ajustes correspondientes que demande el nuevo lugar.

Ese arriendo será asumido por las EPS, que tienen como vocero en este proceso a Mutual Ser, le explicó Bueno a La Contratopedia.  Ese pago lo harán directamente al arrendador del espacio, según el número de cadáveres almacenados en el contenedor. Por ley, los hospitales deben contar con suficientes neveras en sus morgues para garantizar la preservación de los cuerpos, mientras son recogidos y transportados por las empresas funerarias. Si la demanda aumenta y se llenan sus neveras, pueden acudir al contenedor.

Esa situación puede presentarse ante posibles rebrotes las próximas semanas, por tratarse de un virus impredecible mientras no haya vacuna.

En mayo pasado –uno de los periodos más críticos de lo que va de pandemia para esta capital–  hubo un antecedente de elevada demanda. Al 25 de mayo, Cartagena era la ciudad colombiana con el mayor número de muertes por 100 mil habitantes del país, según cálculos de Alzak Foundation, y a mediados de junio llegó a registrar 17 muertes diarias por Covid-19. 

Incluso, la autoridad ambiental de Cartagena (EPA) dijo en junio que se cremaban hasta 10 cadáveres por día, cuando antes de la pandemia la cifra no superaba los cuatro cuerpos.

Un aumento considerable para una capital que solo cuenta con dos hornos crematorios, ubicados en los cementerios Jardines de Cartagena y Jardines de Paz, con capacidad para cremar hasta 16 cadáveres diarios, y que con la pandemia han llegado a trabajar a toda capacidad porque, además de los fallecidos por Covid, atienden las muertes violentas, naturales y relacionadas con enfermedades.

Solo entre abril y junio Cartagena registró 41 muertes violentas, según cifras preliminares de la Policía, y 961 decesos por hechos fortuitos o enfermedades, el primer trimestre del año, según el Dane.

Durante esas semanas críticas hubo denuncias de acumulación de cuerpos en viviendas y en algunos centros médicos por demoras en la recolección. En aquel momento la directora del Dadis dijo que esas demoras se dieron por falta de comunicación y de aplicación de protocolos entre las IPS (hospitales y clínicas) y las funerarias. 

Los otros dos contratos

Los otros dos contratos firmados por la Alcaldía de Cartagena para el transporte, embalaje y destino final de cadáveres con Covid-19 tienen de contratistas a las empresas Parques y Funerarias SAS (Grupo Recordar) y Enrique Carlos Nadad Mejía Ltda. 

El contrato con la empresa bogotana Parques y Funerarias SAS la administración Dau lo suscribió, el pasado 9 de junio, por $200.000.000, hasta el 15 de septiembre o agotar ese presupuesto.

El alcalde Dau y Juan Carlos Corena García, representante legal de la empresa, firmaron los servicios de cremación e inhumación (sepultura) de cadáveres Covid-19 para quienes no tienen dolientes o, en vida, no contaban con afiliación a planes funerarios.  

Por orden del Ministerio de Salud, las alcaldías y gobernaciones deben asumir esos costos de los fallecidos pobres para garantizar la correcta disposición final de sus cuerpos y evitar la propagación del virus a través de sus cadáveres.

El Distrito le pagará al contratista $1.400.000 por cada cremación y $1.900.000 por cada inhumación (sepultura). Esos recursos los desembolsará por servicio prestado y supervisado por un funcionario del Dadis.

Matriculada en la Cámara de Comercio de Bogotá desde 1972, esta empresa se dedica a la construcción, instalación y operación de cementerios, al igual que a los servicios funerarios. Su presidente y representante nacional es Francisco Javier de Arostegui Latorre. Tiene sedes en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Valledupar, Cali y Cartagena.

Según el Secop, esta empresa ha firmado cinco contratos con entidades públicas que suman $530 millones, con las alcaldías de Cartagena, Valledupar y Amagá (Antioquia), la Gobernación del Atlántico y la Fiscalía General. Tres de ellos por la pandemia por Covid-19. 

El segundo contrato lo firmaron el alcalde William Dau y Fabian Nadad, representante legal de la empresa magangueleña Enrique Carlos Nadad Mejía Ltda, el 8 de junio, por $112.500.000, para el transporte y embalaje de los cuerpos. Ese proceso vence el 15 de septiembre.

La empresa le presta al Distrito tres tipos de servicios: la recolección y traslado de los cuerpos a su lugar de cremación o sepultura, por $300.000; la desinfección, embalaje en doble bolsa y traslado al sitio final, por $500.000, y la tercera opción, que es la más completa, por $750.000: desinfección, embalaje, ubicación en ataúd y traslado al destino de cremación o sepultura. 

Al igual que en el contrato para cremación y sepultura, los pagos del embalaje y transporte de cadáveres el Distrito los realizará luego de que el contratista presente las facturas y certificados de supervisión por servicio prestado.

Matriculada en la Cámara de Comercio de Magangué, Bolívar, desde 2004, esta empresa tiene dentro de sus actividades principales la construcción de obras de ingeniería civil, la instalación de redes eléctricas y el transporte mixto y de cargas. También se dedica a los servicios fúnebres y al suministro de ataúdes e implementos de velación.

Esa empresa ha firmado 29 contratos con entidades públicas, que suman $1.553 millones, según registros del Secop. El único contrato suscrito para el manejo de cadáveres Covid-19 es este que le adjudicó la Alcaldía de Cartagena.