Los contratistas (uno de ellos con ruidos) que entregan mercados a los adultos mayores

Tras una puja en la Bolsa Mercantil de Colombia, la Alcaldía de Cartagena le compró, el pasado 1 de septiembre, $1.948 millones en mercados a una Unión Temporal de la que hace parte un peso pesado de los contratos de alimentación escolar del país. Ese privado tiene entre sus accionistas a una firma señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio de integrar un cartel de contratación.

La Bolsa escogió a la Unión Temporal Adulto Mayor Cartagena 2020, que esta semana comenzó a entregar —y deberá hacerlo durante dos meses— 15.584 mercados a 7.792 adultos mayores en 30 centros de vida y nueve puntos adicionales de la ciudad. 

Tanto los centros de vida, ubicados en distintos barrios y zonas insulares de Cartagena, como los grupos organizados en otros nueve puntos de la ciudad son una política de la Alcaldía para atender a ciudadanos de escasos recursos de más de 60 años, quienes por la pandemia por coronavirus no habían recibido auxilios de alimentación.

Este tercer contrato de la Alcaldía con la Bolsa Mercantil en lo que va del año hace parte de una estrategia del gobierno Dau para blindar la plata pública de empresas cuestionadas.

Sin embargo, esos tres procesos demuestran que acudir a la Bolsa no evita ruidos: tanto el recién seleccionado operador de los mercados para los adultos mayores como los dos anteriores —vigilancia para colegios públicos y Programa de Alimentación Escolar (PAE)— tienen detrás a privados con líos pasados de contratación.

Los contratistas 

De la Unión Temporal Adulto Mayor Cartagena 2020 hacen parte la empresa Alimentar Capital SAS y la Fundación Amovida. 

La primera es una sociedad bogotana que se dedica al expendio de comidas preparadas. La constituyeron, el 31 de mayo de 2018, Mónica Jiménez Barajas, accionista mayoritaria, y María Camila Sánchez Zamora, accionista minoritaria. 

Jiménez Barajas es la representante legal de Ecoalimentos SAS, una de las 28 empresas señaladas en 2018 por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de integrar un cartel que acomodó licitaciones de alimentación escolar en Bogotá por $1.5 billones, durante al menos una década.

La hipótesis de la SIC, publicó El Tiempo, es que esas empresas se pusieron de acuerdo para repartirse los contratos y eliminar a otras que les hicieran competencia, presionando e interponiendo tutelas.

María Camila Sánchez, la accionista minoritaria de Alimentar Capital, es la representante legal de Inversiones Ramfor Ltda, una firma bogotana  que se dedica al expendio de comidas  y entre 2011 y 2015 firmó contratos con el Inpec y el Sena por $3.918 millones. 

Con solo dos años de creada, Alimentar Capital es ya un megacontratista de la alimentación nacional.

Esta empresa ha firmado contratos por $3.469 millones, a nombre propio, con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y con la regional Magdalena del Sena.

También ha hecho parte de varias uniones temporales, una de ellas es Alimentación Escolar Cartagena, operador del PAE en esta capital, desde abril pasado, tras una negociación en la Bolsa por $19.990 millones. De esa unión temporal hace parte también Inversiones Ramfor Ltda.

Alimentar Capital tiene el 10% de participación en la Unión Temporal Cundisocial, que ganó la operación del PAE 2020 de Cundinamarca, por $21.735 millones, y es dueña del 60% de la Unión Temporal Alimentar Valledupar que, como único proponente, obtuvo el contrato, por $20.097 millones, para operar la alimentación escolar en esa ciudad este año.

En 2018, como miembro de la Unión Temporal Alimentar Cesar 2019 con el 50% de participación, Alimentar Capital enfrentó quejas por posibles entregas de productos vencidos a los estudiantes del municipio de Aguachica, tal como lo expusieron ellos y sus padres con fotografías en redes sociales. 

También hubo denuncias por la calidad de las raciones entregadas: a los niños les daban platos con leche, pan y mango verde, por lo que la Personería en Aguachica alertó sobre el poco valor nutricional que estos alimentos aportaban a los niños y adolescentes. 

Esa unión temporal se ganó el contrato para darles alimentos a los niños en las escuelas del sur del Cesar por $21.871 millones. 

La otra empresa miembro del operador de los mercados para los adultos mayores de Cartagena es la Fundación Amovida, una entidad sin ánimo de lucro matriculada en la Cámara de Comercio de Valledupar desde 2016 y creada para realizar actividades en comunidades indígenas. Dentro de sus actividades principales tiene las de servicios de comida y asistencia social sin alojamiento. Su representante legal es Ana Milena Romero Morales.

Esta fundación firmó en julio de este año un contrato por $400.000.000 con la Alcaldía de Valledupar, para suministrar alimentos, kits de aseo y alojamiento a población desplazada y vulnerable de esa ciudad. 

En 2019, esa firma tuvo el 40% de participación en la Unión Temporal PAE Valledupar que, como único proponente, ganó y operó el PAE de esa capital por $13.359. Además, tuvo el 35% de participación en la Unión Temporal Un PAE para Chiriguaná, cuyo contrato fue por $1.301 millones. 

La contratación con la Bolsa

El 21 de julio, la Alcaldía le comunicó a la Bolsa su interés de contratar a través del Mercado Público de esa entidad el operador de la alimentación para la tercera edad. Publicada la manifestación de interés, la Bolsa Mercantil convocó a las firmas comisionistas a una rueda de selección, que se celebró el 3 de agosto.

La seleccionada fue la bogotana Miguel Quijano y Cía, que luego actuó como representante del Distrito en la negociación del 1 de septiembre. El Distrito pagó $13.418.549 por la representación del comisionista y el registro a la Bolsa Mercantil.

Esos costos asociados han sido criticados en varias ocasiones por los concejales de Cartagena. Según ellos, no se generarían si la contratación la realizara el Distrito a través de licitación pública, diseñada desde su oficina jurídica.

Funcicar también ha advertido que las contrataciones a través de la Bolsa Mercantil fallan en la transparencia de la información, porque esa entidad no publica todos los documentos de los procesos.