Este miércoles la Procuraduría General de la Nación informó que formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Cartagena William Dau y tres funcionarias de su gobierno, involucradas en la firma de dos contratos para la construcción del Colegio de Tierra Baja, zona norte de la ciudad.
Las tres exfuncionarias son:
- Myrna Martínez, jefa de la Oficina Jurídica del Distrito.
- Nanee Valenzuela, a cargo de la Unidad Asesora de Contratación.
- Y Dorys Arrieta, secretaria de Educación encargada.
Las tres tenían entre sus competencias la revisión de los contratos de construcción del megacolegio para la vereda de Tierra Baja y la interventoría de esos trabajos, aún en ejecución.
Según el Ministerio Público, tanto el exmandatario como las exfuncionarias habrían “vulnerado los principios de contratación estatal”, al haber firmado ambos contratos con certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) vencidos.
Los argumentos de la Procuraduría
Lo que encontró la Procuraduría es que, con CDP vencidos, el Distrito firmó dos contratos en enero de 2023:
- Uno con el Consorcio JM Cartagena para la construcción y dotación del colegio de Tierra Baja, por $14.229 millones
- Y otro con el Consorcio Edificaciones LAM, por $989.799.90, para la interventoría a esa obra.
Ambos contratistas fueron seleccionados a finales de diciembre de 2022 por licitaciones convocadas por la Alcaldía de Cartagena. Es decir, en enero de 2023, cuando el gobierno de Dau firmó los dos contratos, los certificados ya estaban vencidos, pues estuvieron vigentes hasta diciembre de 2022.
Por eso, la Procuraduría considera ahora que los exfuncionarios “vulneraron los principios que regulan la contratación estatal”.
El órgano de control detalló, en el auto del pliego de cargos, que “los certificados de disponibilidad presupuestal debían expedirse nuevamente para ser ingresados al presupuesto antes de realizarse la contratación”.
La Contratopedia Caribe conoció que la Dirección de Contratación de la Secretaría de Educación le consultó a la Secretaría de Planeación Distrital, encargada de expedir los CDP, si era viable firmar los contratos en enero de 2023 con un certificado de disponibilidad de 2022.
Desde Planeación les dieron el visto bueno, debido a que era un proyecto de Regalías cuyos recursos se ejecutan por bianualidad (2021-2022). Es decir, como las entidades sólo pueden disponer de ellos durante ese tiempo, el Distrito los adjudicó en diciembre de 2022, mes en que terminó el ciclo 2021-2022. En enero comenzó la bianualidad 2023-2024.
De la luz verde que Planeación le entregó a la Secretaría de Educación no quedó evidencia formal (un concepto escrito a través de canales institucionales), porque la consulta fue hecha de manera informal por chat.
Con las evidencias que hasta ahora ha encontrado, la Procuraduría dice que no bastaba con que los recursos se adjudicaran dentro de la bianualidad 2021-2022 sino que, además, su ejecución debía iniciar dentro del periodo contemplado por el CDP o con uno expedido con vigencia de 2023.
Dos nuevos CDP
Las actas de inicio del contrato de obras y de la interventoría las firmó en abril de 2023 el supervisor de infraestructura educativa Ramón Antonino Zabaleta Ortega, funcionario de la Secretaría de Educación Distrital.
Antes de autorizar esas firmas, la secretaria de Educación titular Olga Acosta (jefe de Zabaleta y responsable de los procesos de contratación de esa cartera en ese momento) le pidió a Planeación Distrital que le expidiera dos nuevos CDP, con vigencia de 2023: uno para el contrato de obras y otro para la interventoría.
La Contratopedia supo que Acosta pidió los nuevos CDP porque una nueva consulta con abogados arrojó que la Secretaría debía firmar las actas de inicio con certificaciones de 2023. Es decir, ambos contratos tuvieron corrección de CDP dos meses después de su firma.
Acosta no estuvo involucrada en la aprobación de los contratos, en enero de ese año, porque se encontraba en comisión académica en Japón. Asistió a la ciudad de Okinawa a un encuentro de capacitación de docentes en educación para la paz, ofrecido por el gobierno de Japón a través de su Agencia de Cooperación Internacional (JICA).
Debido al viaje académico de Acosta, Dorys Arrieta, en su condición de secretaria encargada, fue una de las funcionarias encargadas de darles el visto bueno a los contratos en enero de 2022.
Lo que sigue ahora, para ella, el exalcalde Dau y las otras dos exfuncionarias, es el juicio disciplinario en el que tendrán un espacio para defenderse de los cargos que les formuló el Ministerio Público.
La ejecución tras el viacrucis
La construcción del colegio para Tierra Baja empezó en abril de 2023, después de un viacrucis de esa población del norte cartagenero en el que, incluso, un Juez le ordenó a la Alcaldía construir el nuevo plantel.
Esa obra estaba proyectada desde 2016, pero solo hasta el año pasado logró concretarse y el Distrito la adjudicó con recursos del Sistema General de Regalías.
Aunque tendría que estar lista en abril de este 2024, porque el plazo para ejecutarla es de un año, hasta enero de este año el avance era de apenas un 51% que corresponde a la construcción de pilotes y columnas.