Lo que hay detrás del evidente deterioro del Centro Histórico de Cartagena

La ausencia de una entidad que administre el Centro

Aunque desde 2017, el alcalde nombra a un funcionario como Gerente del Centro Histórico de Cartagena, se trata de una designación que carece de dientes y presupuesto. Sin sólidas herramientas, el designado ve limitada su injerencia en la zona. 

Quienes han asumido ese cargo lo han hecho en realidad como asesores de despacho del mandatario de turno y sus acciones para “gerenciar” deben ir de la mano de la Secretaría del Interior, la Policía y la Oficina de Espacio Público, entre otras dependencias distritales. 

Para que esa gerencia tenga dientes tendrá que ser incluida en la prometida reestructuración administrativa del Distrito como una entidad con autonomía para influir en la regulación del espacio público o el tránsito vehicular por las callejuelas concurridas. 

Además, deberá contar con un presupuesto que le permita, por ejemplo, contratar el mantenimiento y limpieza de plazas, parques y andenes.

Ese tipo de competencias para la Gerencia del Centro las han solicitado, reiteradamente, organizaciones que trabajan por ese sector. Una de ellas es la Fundación Somos Centro Histórico, que le hace seguimiento estricto a lo que allí ocurre. Su directora Isabella Restrepo insiste en que uno de los retos de la Alcaldía de Cartagena es “consolidar un presupuesto que permita pasar de un asesor de despacho a una oficina para el Centro Histórico”. 

Además de la falta de presupuesto y de autonomía, otro aspecto que ha jugado en contra de la administración del Centro ha sido la falta de continuidad y de designados con poca capacidad de gestión.

Desde 2017, cuando esa figura comenzó a existir, Cartagena ha tenido cinco alcaldes (Sergio Londoño, Yolanda Wong, Antonio Quinto Guerra, Pedrito Pereira y William Dau). Esa alta rotación de mandatarios, que ha roto los períodos constitucionales de cuatro años, comenzó tras la muerte de Campo Elías en 2013, y pareciera haber terminado con la elección de Dau (quien lleva tres años en La Aduana).

En 2018, por ejemplo, el entonces alcalde encargado Sergio Londoño nombró para ese cargo a la diseñadora Ximena Avilán y luego, a finales de ese año, llegó Natalia Echeverri, quien ejerció hasta 2019.   

Ahora, en la actual administración de William Dau, el Centro estuvo sin un responsable directo desde su arranque, en enero de 2020. Solo hasta agosto de 2021, Dau le encargó un “plan de choque” a la comunicadora Paola Pianeta, quien ejercía como jefa de prensa del Distrito.  

Tras su renuncia, en julio de 2022, el Centro quedó otra vez sin doliente, hasta la designación, en octubre de 2022, de la abogada Diana Martínez Berrocal, quien tras su llegada ha tratado de mejorar las condiciones de infraestructura que llevaban meses sin reparaciones y ha demostrado alta capacidad de gestión. 

Fue así como a finales de noviembre, Martínez lanzó un llamado a las empresas de servicios públicos para que repararan las tapas de registro de cableado y tuberías, que se han convertido en trampas para quienes transitan por las calles del Centro. 

En ese entonces, Martínez alertó sobre 50 puntos críticos que requerían intervención urgente de las empresas Afinia y Movistar. El 80% de esas obras ya fueron ejecutadas, informó la Alcaldía. 

El gobierno Dau, además, respondió a las recientes críticas a través de un comunicado de prensa. Allí dijo que “lograr el equilibrio en un Centro Histórico que lleva más de 20 años de uso, sin enfoque de sostenibilidad, tomará un tiempo”.

🗣️Desde la Gerencia del Centro Histórico, frente a la situación denunciada por la turista Lina Posada, se aclara que desde el día 0 no se han escatimado esfuerzos para trabajar frente a estas problemáticas que diariamente se presentan.

➡️Desliza y lee el comunicado completo. pic.twitter.com/1JcF2Q8Iot

— Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) January 12, 2023

Infraestructura pública, cambio de vocación y cultura ciudadana

Otras de las razones que explican el deterioro del Centro Histórico son la falta de inversión en infraestructura pública, que se haya convertido en epicentro de rumbas y prostitución —sobre todo en las noches de las últimas dos décadas— y la falta de cultura ciudadana de propios y turistas. 

Esa falta de inversión en infraestructura pública, tanto en el Centro como en el resto de la ciudad, ha sido recurrente durante los últimos gobiernos distritales, en parte por la mencionada inestabilidad administrativa y la elección de mandatarios con poco conocimiento en gestión pública.

En la actual administración de Dau, por ejemplo, la ausencia de megaobras quedó evidenciada en una revisión que La Contratopedia Caribe les hizo a los contratos más millonarios firmados por la Alcaldía, entre enero de 2020 y marzo de 2022. 

En toda esa megacontratación analizada (contratos superiores a los mil millones de pesos), que sumó más de $620.000 millones, el sector infraestructura, reclamado a diario por los cartageneros ante un mobiliario público débil, sólo representó el 5%.  

Para el Centro, por ejemplo, es clave la ejecución del esperado Plan Maestro de Drenajes Pluviales, una megaobra que podría ayudar a disminuir las inundaciones de sus calles coloniales con cada lluvia, así como la fetidez que genera el estancamiento de aguas servidas en varias de sus pintorescas calles. 

Ese proyecto lleva más de una década aplazado y requiere del respaldo del Gobierno Nacional para arrancar porque, según cálculos de la Alcaldía, demanda una inversión superior a los $1.5 billones, recursos que el Distrito no puede financiar por cuenta propia. 

Además, el Centro requiere con urgencia el mantenimiento de sus parques y plazas cuyo abandono salta a la vista. 

 

 

 

 

 

 

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El sitio con más notorio deterioro es el Parque de Bolívar, espacio con zonas verdes y fuentes de agua en pleno corazón del casco antiguo que hasta hace poco servía para el esparcimiento de niños o tertuliadero de adultos. Ahora está destruido, con sus bancas dañadas, fuentes removidas y parte de su alumbrado apagado.

A todo ese largo listado de problemas de infraestructura se suma la vocación del Centro, que necesita convertirse en un escenario de aprovechamiento cultural y comunitario, y no en la zona caliente (como muchos lo llaman) que es hoy por un turismo desenfrenado de rumba, prostitución y droga.  

En 2020, cuando la Alcaldía anunció la reapertura del Centro tras seis meses cerrado por la pandemia por coronavirus, el gobierno de Dau planteó la vocación más cultural como una de sus principales metas. Sin embargo, hasta ahora no se evidencian mayores avances hacia esa dirección.  

Según le explicó a La Contratopedia la entonces gerente de reactivación, María Claudia Peñas, entre las prioridades de la Alcaldía estaban la peatonalización de algunas vías y la creación de corredores culturales, “migrando a un turismo mucho más comunitario, mucho menos extractivo y mucho más sostenible”. 

Parte de esas medidas, según detalló Peñas, tendrían que ser presentadas por la Alcaldía al Concejo Distrital para su aprobación, mientras que otras podían hacerse mediante decretos.    

Además de ese cuestionado uso nocturno del Centro para rumba y prostitución, hay otro comportamiento ciudadano que incide en su deterioro: el poco cuidado con el mobiliario y las zonas peatonales que sí funcionan en esa zona. 

Por ejemplo, la Alcaldía reportó que un hueco ubicado en la esquina del Museo Naval fue ocasionado por un camión que se montó sobre una zona prohibida, partió una tapa de registro recientemente instalada y destruyó parte del bordillo.

Administración unificada del patrimonio

En la administración del patrimonio de La Heroica, ubicado principalmente en su Centro Histórico, intervienen por lo menos 10 instituciones entre públicas y privadas, lo que impide que esta zona tan visitada tenga un control más organizado. 

Ese listado de actores clave en la administración de los bienes patrimoniales que encierra el cordón amurallado incluye al Ministerio de Cultura, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la Escuela Taller, la Secretaría del Interior y la Gerencia de Espacio Público, entre otras entidades que cumplen funciones distintas que a veces chocan entre sí: algunas están llamadas a reglamentar y preservar, otras a administrar y un tercer grupo a vigilar y controlar. 

Que sean tantas las entidades que decidan sobre el principal atractivo de Cartagena es un factor que ha impedido que haya una política tarifaria unificada para los espacios que son explotados económicamente y un control más estricto sobre esa explotación. 

Por ejemplo, mientras que algunos arrendatarios de escenarios patrimoniales de obligatoria visita como Las Bóvedas, ubicada en el sector de San Diego y que funcionan como tiendas de joyas y artesanías, pagan menos de un salario mínimo, el alquiler de una plaza para un evento con 200 personas puede llegar a costar unos $5.000.000. 

Además, que tantas entidades tengan influencia en el patrimonio ubicado en el Centro ralentiza la toma de decisiones sobre aspectos que garanticen el orden en esa zona. 

Por ejemplo, para regular a los establecimientos nocturnos que, sin permiso, pretenden usar parte del espacio público, deben intervenir la Secretaría del Interior y la Gerencia de Espacio Público, ambas con competencias distintas y equipos de trabajo que no siempre parten de la misma página en los procesos administrativos.