Las adiciones en tiempo y plata al retrasado Sena de Magangué 

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció a finales de septiembre que la construcción de una sede del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que contrató la Gobernación de Bolívar en 2021, iba en un 85% de ejecución. Esa obra debió estar lista hace un año y ahora tiene como fecha de entrega el 25 de diciembre próximo. 

Además de un nuevo plazo de entrega, el contrato tuvo cerca de $600.000.000 en adición presupuestal y terminará costando $23.338 millones.

Tanto el aumento en el monto como la retrasada ejecución siguen un patrón recurrente en la Gobernación de Bolívar durante la administración de la cuestionada casa política Blel, que lidera el exsenador Vicente Blel Saad, condenado por parapolítica.

Ese grupo ostenta el poder departamental desde 2020: primero, con la llegada a la silla de gobernador de Vicente Blel Scaff (hijo de Blel Saad) y ahora, con la elección de Arana.

El rostro detrás de la empresa constructora de la sede del Sena es un contratista de la administración Blel, que también obtuvo millonarios contratos del retrasado plan de infraestructura educativa con el que la Gobernación prometió, en 2021, construir 11 megacolegios en un año. Hasta ahora sólo van cinco entregados.

Los incumplimientos y la adición

En octubre de 2021 la Gobernación de Bolívar seleccionó, a través de una licitación pública que tuvo seis proponentes, a la empresa bogotana GRP Construcciones SAS para que construyera la sede multisectorial del Sena en Magangué.

Esa empresa, propiedad de Ángel Rincón Linaje, también es miembro de dos de los consorcios que construyen los retrasados megacolegios en el norte y centro de Bolívar.

El contrato del Sena lo firmaron el entonces gobernador Blel Scaff y la representante legal de GRP, Dailing Karina Mosquera Muñoz, por $22.739 millones. Sin embargo, las obras sólo iniciaron en febrero de 2022, cuatro meses después de la selección del contratista.

Blel prometió en aquel momento que la edificación de 5.254 metros cuadrados  estaría lista en 18 meses para ofrecer laboratorios y aulas convencionales para el desarrollo de programas en biotecnología, electricidad, soldadura, agroindustria, cocina, sistemas y logística.

De acuerdo con el contrato, esa obra debió estar lista en agosto de 2023. Sin embargo, en abril de ese año, es decir, faltando cuatro meses para la entrega, GRP le solicitó a Gisella Román, secretaria de Infraestructura de la época, suspender el contrato.

La razón que la empresa dio en ese momento fue que el personal del Sena a cargo de supervisar los trabajos solicitó cambios en los diseños de desagües para las aguas servidas. Esos cambios generaron “una serie de situaciones que no han sido totalmente concluidas”.

Para que esas “situaciones” —que no están detalladas en los documentos del contrato colgados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública— terminaran, GRP solicitó una suspensión de 30 días.

Ese plazo no fue suficiente y en mayo de 2023 hubo una prórroga de un mes, por lo que los trabajos sólo reiniciaron en junio.

En septiembre de 2023, cuando la obra tendría que haber estado lista, el contratista le pidió la Gobernación 45 días “calendario” adicionales para entregarla, alegando que las lluvias, problemas de orden público, presencia de grupos al margen de la ley y falta de materiales le habían generado “un bajo rendimiento” en la construcción.

Esa petición también fue avalada por la secretaria Román. 

Con ese otrosí (modificación del contrato), la Gobernación y el contratista acordaron que la sede del Sena tendría que ser entregada el 18 de noviembre de 2023. Sin embargo, un día antes, el 17, Román y la representante legal de GRP acordaron ampliar el plazo de entrega 40 días y aumentar en $599.623.400 el presupuesto del contrato.

El contratista pidió más dinero a la Gobernación para instalar unos postes y cimentar unas torres, que los aprendices del Sena usarán para trabajos en altura. También alegó obras adicionales para garantizar unas conexiones eléctricas y la compra de un transformador.

A pesar de la adición de recursos, los trabajos no fluyeron con normalidad. En diciembre de 2023, GRP los volvió a suspender alegando problemas de orden público que, sin entrar en detalles, le impidieron continuar sus labores en terreno.

Esa suspensión se extendió hasta abril pasado, cuando reiniciaron los trabajos, y en lo que va de la administración Arana, el contrato ha tenido dos nuevas modificaciones. La última es de junio y con ella la nueva fecha de entrega es el 25 de diciembre de 2024.

El poder detrás de GRP y la buena hora con Blel

GRP Constructores SAS es una empresa inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá desde 2010, propiedad de Ángel Alberto Rincón Linaje. Él también es propietario de Promotora AR SAS, registrada en Cartagena desde 1993. 

Promotora AR SAS nació como Ángel Rincón Barón y Cia Ltda. Con ese nombre enfrentó varias investigaciones, una de ellas por su participación en el inconcluso proyecto del parque H.L Román en Manga. Por ese proyecto, la Contraloría y la Personería de Cartagena la investigaron en 2012 por posibles irregularidades en su adjudicación y ejecución.

Esa empresa también tuvo un llamado de atención de la Contraloría General en 2015, como miembro del Consorcio Pueblo Bello, por irregularidades en la rehabilitación de la vía El Zanjón – Pueblo Bello, que la Gobernación del Cesar entregó por $39.913 millones.

En 2018, Ángel Rincón Barón y Cia Ltda pasó a ser Ángel Rincón Constructores SAS y en 2019 cambió su nombre al actual: Constructora y Promotora AR SAS. 

Con sus dos empresas GRP y Constructora y Promotora AR, Rincón Linaje fue uno de los megacontratistas del gobierno Blel. 

Esa buena hora empezó en 2020, cuando GRP Constructores SAS integró el Consorcio Magangué 2020 y se ganó la construcción de la vía Magangué – Achí, por $31.699 millones. Esa fue la segunda obra más millonaria del paquete de inversión vial ejecutado por Blel durante su primer año de gobierno.

En octubre de 2021, GRP y Constructora y Promotora AR volvieron a ser escogidas por la administración Blel, como miembros de los Consorcios Infranorte 004 y Educentral 005, para construir ocho colegios en igual número de municipios, por $120.227 millones.

De esas ocho escuelas, que debieron estar listas en 2022, las empresas de Rincón sólo han entregado tres.

Con la nueva modificación autorizada por el gobierno de Arana, está por verse si GRP Construcciones, con su largo historial de incumplimientos,  entregará en diciembre próximo la esperada sede del Sena de Magangué, otra de las retrasadas obras que Arana heredó de su aliado Blel.