La telaraña de financiadores de los Blel que sale a flote con el Covid-19

Alertas recientes de la Procuraduría General señalan el posible pago de favores políticos de los mandatarios locales a los financiadores de sus campañas electorales, a través de contratos adjudicados para atender la emergencia sanitaria por Covid-19.

Uno de esos funcionarios al que el órgano de control le tiene la lupa puesta es al gobernador de Bolívar Vicente Blel, quien es investigado, junto a mandatarios de Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle y Bogotá, por entregar a 117 financiadores o personas cercanas a ellos contratos que suman más de $12.500 millones. Situación que detectó el colectivo Ciudadanía Activa, liderado por Transparencia Colombia.

Esa indagación hace parte de los 813 procesos disciplinarios que inició la Procuraduría para descartar posibles casos de corrupción en los contratos por el estado de emergencia nacional. 

Veinte de ellos son por contratación de la Gobernación de Bolívar, que se suman a las pesquisas iniciadas por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia contra Blel Scaff, por posibles anomalías en los contratos Covid entregados por su administración.

Desde el 17 de marzo, fecha en que la administración departamental decretó la calamidad pública por coronavirus, la Gobernación de Bolívar ha celebrado al menos 15 contratos para atender la pandemia, por $36.975 millones, bajo urgencia manifiesta. Esa modalidad les permite a los mandatarios locales contratar de manera directa para hacerle frente a la pandemia, sin acudir a las licitaciones.

Debido a ese anuncio de indagaciones por posibles conexiones entre financiadores y contratistas, revisamos los contratos celebrados por Vicente Blel desde su llegada a la principal silla de Bolívar. En los contratos, que hasta ahora ha firmado para atender la emergencia sanitaria, no aparece ningún aportante a su reciente campaña electoral.

Sin embargo, dos de los contratistas de la Gobernación tienen vínculos familiares con sus financiadores y tres de los funcionarios, recientemente nombrados en el gabinete, aportaron a su elección en octubre pasado o son parte de familias que lo hicieron.

Esa relación entre contratistas y financiadores fue posible establecerla a partir de los registros publicados en Cuentas Claras, un aplicativo web del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, en el que los candidatos declaran sus gastos e ingresos de campaña.

Aunque, como ha quedado demostrado con los escándalos recientes de financiación electoral de Colombia, no todos los aportantes a una campaña quedan registrados legalmente en esa plataforma.

Las relaciones de contratistas y funcionarios con los financiadores

Carlos Andrés Rodríguez Arana es uno de los contratistas de la Gobernación, que tiene lazos familiares con un financiador de los Blel: su primo, el representante a la Cámara conservador Yamilito Arana. Este último, además de financiar la campaña de Vicente a la Gobernación, fue fórmula de la senadora Nadia Blel, hermana del gobernador, en las elecciones legislativas de 2018.

Rodríguez Arana es el representante legal de la empresa Salud Segura R y L SAS, con la que la Gobernación de Bolívar celebró un contrato por $435.301.024 a finales de marzo para la compra de elementos de bioseguridad. 

Ese proceso fue cuestionado por el abogado Johan Patiño, quien  denunció ante los organismos de control que Rodríguez Arana es sobrino del presidente de la Asamblea de Bolívar Jorge Rodríguez Sosa, parentesco que inhabilitaba esa contratación.

Por eso, un mes después de su firma, la Gobernación canceló ese proceso. Pese a esa liquidación, el contratista alcanzó a ejecutar el 80% de los recursos contratados. 

Otra conexión entre los financiadores de Blel y los actuales contratistas de la Gobernación es Claudia Margarita Falquez Ahumada. Ella es hija de Pedro Falquez y Dilia Ahumada de Falquez, aportantes a las candidaturas al Senado en 2018 y a la Gobernación en 2019. 

Claudia Falquez es asesora legal del sector salud en el departamento, desde el pasado 18 de junio. Ese día firmó su orden de prestación de servicios por $21.600.000, dinero que recibirá en mensualidades de $3.600.000 durante seis meses. 

El tercer nexo identificado entre financiadores y contratistas es el secretario jurídico de la Gobernación, Juan Mauricio González Negrete. Él es miembro de la familia González Negrete, aportantes, durante los últimos seis años, a las campañas electorales de los hermanos Blel. 

Juan Mauricio González se desempeña como secretario jurídico desde enero de 2020. Un puesto clave porque es quien lidera un equipo que debe velar por el correcto andamiaje legal de los contratos y decisiones que tome la administración Blel. Antes, había trabajado en el sector público, durante los gobiernos de Dumek Turbay y Judith Pinedo en Cartagena.

La última conexión entre financiadores y contratistas la constituyen Rubén Miranda Stummo y Emmanuel Vergara, cuyos nombramientos de carácter ordinario se encuentran en el Decreto No. 1 del 2 de enero de 2020 de la Gobernación de Bolívar.

Rubén Miranda Stummo, director de Tesorería de la Gobernación, viene de desempeñarse como contador financiero de la campaña de Vicente a la Gobernación. Además, aportó $20.000.000. En 2012, fue revisor fiscal de la  Organización de Apoyo Turístico SAS, empresa cuya representante legal es Angelina Blel Scaff, hermana de Nadia y Vicente. También ha sido financiador su hermano Andrés Miranda Stummo. 

Emmanuel Vergara, quien aportó $2.484.348 a la campaña a la Gobernación, es el actual director de Función Pública de la administración departamental. Antes prestó servicios de apoyo a la gestión y brindó asesoría en el Concejo de Cartagena, la Asamblea y la Gobernación.

Los Falquez Ahumada, los González Negrete y los hermanos Miranda Stummo son parte de una telaraña de personas naturales que se repiten en los registros de financiación de las distintas campañas políticas que han protagonizado, durante la última década, los Blel Scaff, miembros de una poderosa casa electoral de Bolívar, liderada por su padre, el exsenador condenado por parapolítica, Vicente Blel Saad.

Los hermanos Blel han ocupado cargos de elección popular desde antes que la Corte Suprema condenara a su padre en 2010 por sus nexos con grupos paramilitares. ‘Vicentico’, como es popularmente conocido el actual gobernador de Bolívar, comenzó su carrera política como diputado de ese departamento en 2004. En 2008 llegó al Concejo de Cartagena, donde estuvo hasta 2018, año en que renunció a su curul para lanzarse a la Gobernación.  

Su hermana Nadia Blel fue concejala de Cartagena entre 2001 y 2003, y desde 2014 es senadora con aval del partido Conservador.

Las familias y amigos que financian a los Blel

Un mismo grupo de personas se repite en los registros de financiación de las campañas de Vicente al Concejo de Cartagena (2012-2015), de Nadia al Senado (2014-2018 y 2018-2022) y de Vicente a la Gobernación de Bolívar (2019-2023).  Así quedó registrado en el portal Cuentas Claras, que solo tiene información disponible en línea de las campañas celebradas desde 2011.

Esos registros de financiación se componen de siete formularios, con información sobre los ingresos y gastos de los candidatos. Como ingresos, el aplicativo cuenta los aportes entregados por familiares y personas naturales o jurídicas. También los préstamos celebrados con bancos.

Detrás de cuatro de las campañas de los hermanos Blel hay 102 financiadores registrados, 26 de ellos se repiten. La mayoría de esos 26 son personas que tienen vínculos familiares o de amistad entre sí o con la familia Blel.

(En algunos móviles debe deslizar hacia la derecha para visualizar el cuadro de financiadores completo)

Uno de esos familiares financistas es Manuel Berrío Torres, médico gastroenterólogo que ha ocupado varios cargos públicos en Bolívar. Manuel Berrío está casado con Linda Scaff, tía de los hermanos Blel. Berrío fue la fórmula a la Cámara de Representantes de Blel padre cuando éste fue senador en 1998. 

Dos de sus hijos, Manuel y Samir Berrío Scaff, primos de Nadia y del Gobernador, también han ocupado cargos en el sector público. El primero fue diputado y el segundo asesor, en el Senado de la República y en la Unidad Nacional de Protección. Este último fue, además, financiador de la campaña de su primo a la Gobernación.

Los otros dos hijos de Manuel Berrío son Iván y Yamil Berrío Scaff, quienes han sido miembros de la junta directiva de Organización de Apoyo Turístico SAS. 

Otra familia recurrente entre los financiadores de los Blel son los González Negrete. Ellos figuran como financiadores, a través de las hermanas Myrna Negrete yJenny del Rosario Negrete, médico del Hospital Local de Cartagena.

También aparece el esposo de esta última, Antonio González, quien ha trabajado en Cardique como Coordinador del Departamento de Laboratorio. Y desde 2018, tres de los hijos del matrimonio González Negrete (Jennifer, Javier y María) figuran como aportantes de las candidaturas al Senado y a la Gobernación.

Otras financiadoras recurrentes son Odalis Bitar y Juliana Aray Franco.  La primera es dueña de un establecimiento comercial en el municipio de Turbaco y miembro del círculo social de los Blel, como lo evidencian publicaciones en redes sociales.

La segunda es coordinadora de admisiones y promoción institucional del Colegio Británico de Cartagena y fue accionista, gerente y miembro de la junta directiva de la Organización de Apoyo Turístico SAS. Es además cercana a los Blel, como lo evidencian fotos sociales recientes.

También son financiadores recurrentes los Morad, familia de la que hacen parte Nemesio Morad Amin, gerente comercial de Bancolombia en Cartagena, y su padre, Nemesio Morad Haydar, propietario de la empresa Nemesio Morad SAS, encargada de explotación agrícola y pecuaria.

Entre otros financiadores que se repiten están Salin Chams Núñez y Yamil Chams Martínez, miembros de una casa política del municipio de Arjona y dedicados a la cría de ganado vacuno, y Antonio Eljach, suegro del gobernador Blel y quien se ha desempeñado como abogado de la Gobernación en anteriores administraciones. Eljach es el padre de la primera gestora de Bolívar Natalia Eljach.

Lo que hay detrás de la telaraña

Esa repetición reiterada de nombres puede obedecer a una red de financiación con dinámicas clientelistas, en las que la contribución resulta un favor político que debe ser pagado, casi siempre, con contratos o puestos en entidades administrativas, explica Orlando Higuera Torres, politólogo e investigador de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

“Al existir topes máximos a los que una persona natural puede donar a una campaña, la estrategia a la que recurren estas personas para no infringir la ley es fraccionar el donativo real entre varias personas, que pueden ser del círculo cercano de los mismos”, agrega Higuera.

Esa telaraña, además, es una práctica común en las campañas electorales de Colombia para cumplir el requisito de legalización de gastos ante el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. Por tanto, quienes allí aparecen no siempre son los verdaderos o únicos financiadores. 

Muchas veces son conocidos o familiares que prestan sus nombres para aparecer en los registros y de esta manera disfrazar el origen real de los recursos, como lo denunció la Misión de Observación Electoral (MOE) en su libro Entre reglas e Incertidumbres: financiación de las campañas políticas y redención de cuentas en Colombia.

Unas dinámicas que no son desconocidas para los Blel, pues en 2019, en medio de la campaña electoral de Vicente a la Gobernación, la W Radio reveló unos audios en los que se escucha a Vicente padre —jefe de esa casa política— hablar de una repartición de porcentajes por unos contratos entregados durante la administración del exgobernador Dumek Turbay. 

En ese gobierno, esa casa política tuvo representación burocrática con Miguel Torres Scaff, primo del actual mandatario, quien fue director de la empresa estatal Aguas de Bolívar hasta que los audios salieron al aire.

Por esos audios, además, la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron la apertura de investigaciones para establecer presuntas irregularidades en los contratos hechos por esa entidad para construir acueductos en los Montes de María y en los municipios del sur del departamento.

En los mismos audios, Blel padre explica cómo se pagan los favores políticos y los compromisos que se adquieren con la financiación de campañas políticas.