Bailes a hija de Vargas Lleras y contratos a Daes: así se usó el recaudo en Atlántico que se cobra con el recibo de luz

“Lo estoy anunciando públicamente, no esperen notificaciones”, anunció el nuevo interventor de Aire-e, Carlos Diago, sentando el tono desafiante que la toma de control de la compañía de luz más grande del Caribe ha tenido hacia los poderes locales. “Por instrucción del presidente Gustavo Petro no vamos a gravar el recibo con cobros de terceros”, agregó.

Diago se refiere a dos cobros que se hacen en las ya impagables facturas de luz del Atlántico, y que desde hace años van a la Gobernación y a empresas privadas de poderosos de la región: la tasa de seguridad y el impuesto de alumbrado público. 

Suspender esos cobros ha sido, hasta ahora, una promesa vacía para bajar la factura y la Superintendencia de Servicios Públicos le bajó el tono al anuncio del interventor. Además, tiene riesgos legales, disminuiría el recaudo de esos tributos y no solucionaría el problema de fondo al no tocar aún el precio del kilovatio. 

Pero aún si no funciona, la movida del gobierno Petro, con Diago a la cabeza, desnuda el uso cuestionable que han hecho mandatarios locales, como Elsa Noguera, con rubros que encarecen la factura de la luz en inversiones con altos réditos políticos, pero no resultados garantizados en seguridad. 

Esta investigación de La Contratopedia Caribe y La Silla Vacía* muestra cómo se han usado $56.911 millones de la tasa de seguridad para pagar desde un contrato a una empresa que perteneció a los Daes hasta clases de baile a la fundación de la hija de Germán Vargas Lleras, aliado de los Char.

Bailes, parques y publicidad con la tasa de seguridad

La tasa de seguridad y convivencia es un impuesto que existe en el Atlántico desde 1958 y se cobra en la factura de energía. Desde el primer gobierno de Verano (2008—2011) se ha utilizado para construir obras de infraestructura con el argumento de que recuperar los entornos físicos mejora la seguridad. 

El cobro de esa tasa tiene piso en una ley nacional y una ordenanza departamental. En 2017, la Asamblea le dio facultades al entonces gobernador Verano para seguir cobrándola en la factura de energía con unos montos fijos para los usuarios residenciales, que varían según su estrato: los del uno pagan en promedio $3.336 y los del seis $91.684. Para los comerciales e industriales dependerá de su consumo de energía.

Pero además de la normativa local, desde 2022, una ley refrendada por la Corte Constitucional señala que la tasa de seguridad “se cobrará conexo al servicio público domiciliario que defina la correspondiente Asamblea”. 

El anuncio de Diago de no cobrar ese impuesto en la factura de Air-e causó polémica en el establecimiento barranquillero, especialmente en el gobernador Verano. Diago es un veterano ingeniero eléctrico, que trabajó durante 21 años en la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca), de la que fue gerente entre 1996 y 1998. Antes de llegar a Air-e, ya había sido crítico del uso de la tasa de seguridad como miembro del Comité Atlántico, iniciativa de académicos y activistas que promueve una tarifa de energía justa. 

La preocupación del gobierno de Verano se da porque Air-e recauda más del 80% de la tasa con la que la Gobernación financia sus políticas de seguridad y convivencia. En agosto el recaudo de la tasa que Air-e le reportó a la Gobernación fue de $10.229 millones. De hecho, es tan importante ese recaudo para los proyectos del Atlántico, que ya hay tres ordenanzas que comprometen esos recursos por 10 años por $1,7 billones.

En los últimos cuatro años, periodo de la charista Elsa Noguera, alrededor del 60% de esa plata se invirtió en el programa Entornos Seguros, que permitió la construcción de canchas, parques y malecones, así como la realización de actividades recreativas y deportivas. 

Para el secretario del Interior del Atlántico, José Luque, la tasa de seguridad “es la máxima expresión de cómo los recursos públicos retornan de forma equitativa a las comunidades”. Luque menciona que mejorar un entorno tiene un impacto positivo en la seguridad. Destaca las inversiones hechas para la construcción y recuperación de un millón de metros cuadrados de espacio público y también que con esos recursos se financian iniciativas como la Banda Departamental de Baranoa. Sin embargo, hay críticos por la manera como se invierte la tasa y su real impacto en los indicadores de seguridad.

En Atlántico, aún con tasa, las cifras de seguridad se están deteriorando. En 2023 el departamento alcanzó el segundo peor indicador de homicidios de la última década: 25,9 homicidios por cien mil habitantes. Es un incremento del 40% en relación con el 2019, cuando la tasa fue de 19,6. Este año va peor: hay 106 homicidios más que el mismo periodo de 2023.

La Contratopedia y La Silla Vacía revisaron una lista de contratos financiados con la tasa de seguridad y convivencia y encontraron que con esa plata se han ejecutado parte de las obras de infraestructura con las que Atlántico busca posicionarse como destino turístico. También hubo contratos entregados a aliados políticos y a una agencia publicitaria para realizar funciones en las que no son especialistas.

Tres de los contratos financiados con la tasa de seguridad fueron adjudicados, entre 2021 y 2023, a la Fundación Vive Bailando y Soñando de Clemencia Vargas Umaña, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical y aliado de los Char. Esos procesos sumaron $1.311 millones para mejorar la convivencia en los municipios a través del baile. Fue una denuncia inicial del portal Corrupción al Día.

Entre 2020 y 2021 la Asamblea del Atlántico aprobó dos ordenanzas que comprometieron $68.000 millones en vigencias futuras de la tasa, por cuatro años, destinadas para el programa Espacios Seguros para la Gente. $38.000 millones de estos recursos financiaron parte del contrato más millonario del gobierno de Noguera (de $180.000 millones), para la construcción de plazas, parques y malecones. Esa bolsa se dividió entre la interventoría y la construcción. 

El constructor seleccionado fue un consorcio, cuya participación mayoritaria la tuvo A Construir. En aquel momento, la familia Daes, megacontratistas consentidos de la casa Char, eran los accionistas mayoritarios de esa empresa. Ese contrato fue polémico porque tuvo un solo proponente y el interventor había trabajado con los Daes en la construcción de la Ventana al Mundo.

El gobierno de Noguera también destinó $7.800 millones en tres contratos de pauta con Casa Creativa SAS, con nexos con el Grupo Campbell del empresario Iván Reátiga, aliado de Verano. Con esa plata, Atlántico pagó por la divulgación de los planes ejecutados para mejorar la convivencia y seguridad. Esa impronta del modelo charista ha sido cuestionada por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), porque los recursos de publicidad fomentan “los aplausos y siembran temor ante la crítica”.

El gobierno de Noguera también destinó $9.800 millones de la tasa en cuatro contratos entregados a Sin Filtro SAS para fortalecer las comisarías de familia y promover la ciberconvivencia. Sin embargo, es una agencia publicitaria que no se especializa en eso. De hecho, durante la administración de Jaime Pumarejo, en Barranquilla, esa firma obtuvo contratos publicitarios por $16.149 millones.

Los ruidos del alumbrado público

El alumbrado público en Barranquilla lo maneja la empresa mixta K-Yena, cuyo 65% le pertenece al Distrito de Barranquilla y el 35% a privados. Entre ellos, hay tres empresas del zar de las basuras William Vélez y una de los hermanos Daes. En 12 municipios del Atlántico el alumbrado público lo manejan empresas con vínculos con el clan Torres de Puerto Colombia.

En el caso de Barranquilla, esa concesión es polémica porque cinco meses antes de que el gobierno de Alejandro Char la adjudicara, los Daes ya sabían que se la iban a ganar. “En noviembre me va a dar (Char) la concesión de luminarias”, le dijo “Yuyo” Daes a Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, en una conversación grabada por una orden judicial en España. 

Según información de K-yena, obtenida a través de derechos de petición del Comité Atlántico, el recaudo mensual de la empresa hasta 2023 estuvo alrededor de los siete mil millones de pesos, de los cuales Air-e recaudaba más del 80% aproximadamente. 

Ese cobro, en el caso de Barranquilla, exonera a los estratos 1 y 2; mientras que los demás estratos están entre $13.000 y $84.000. Para los comerciales e industriales varía según el consumo de energía.

Y, además, en 2023, el Concejo de Barranquilla reformó varios artículos del Estatuto Tributario Distrital, entre ellos uno que aumentó el impuesto de alumbrado público. Por eso, subió entre el 20% y el 29% para los usuarios residenciales y entre un 25% y un  42% para los sectores industrial y comercial. La decisión provocó las críticas del empresariado local que calificó el incremento como “desproporcionado”, algo poco usual, pues suelen estar alineados con las decisiones de los gobiernos de Barranquilla.

Se avecina una compleja disputa jurídica, que es desde ya un nuevo choque entre el gobierno Petro y el establecimiento barranquillero.

El golpe y riesgo jurídico del interventor de Petro

Desde su llegada, Diago ha tenido un tono combativo. Llamó “bandido” al principal accionista de Air-e, Alberto Ríos Velilla, en medio de una pelea con el abogado Jaime Lombana, y anunció la desvinculación de los cobros de terceros de las facturas. Ese anuncio desató una polvareda en el establecimiento local. Verano lo calificó como apresurado y aseguró que sin alumbrado público ni tasa de seguridad se les entregaría la “sociedad a las bandas de gente delincuencial”.

En línea con Verano, se pronunció la Asociación Nacional de Alumbrado Público, la contralora del Atlántico, el personero municipal, diputados y concejales. Medios de comunicación locales se pronunciaron con fuerza, como El Heraldo que publicó el editorial “La salida en falso de Air-e es una improvisación en su máxima expresión”. La Alcaldía de Barranquilla emitió un comunicado respaldando la preocupación del gobernador.

Teniendo en cuenta las normativas nacional y local, para que no se cobre más la tasa de seguridad en la factura de energía, la Asamblea debe revertir el Estatuto Tributario de 2017 o que haya una demanda a ese Estatuto. Asimismo, si eso se da, la tasa sólo podrá recaudarse a través de las facturas de gas o agua, según una ley de 2010.

El 2 de octubre, Verano le envió una carta a Diago con la argumentación jurídica del cobro, y solicitándole hacerlo efectivo. De lo contrario, tomará acciones legales. Según informó la Gobernación a La Contratopedia y La Silla, Diago no ha respondido la carta.

Por el lado del alumbrado público, el anuncio de Diago va en contravía de la Ley 1819 de 2016 que dice que “el recaudo del impuesto de alumbrado público lo hará el Municipio o Distrito o Comercializador de energía y podrá realizarse mediante las facturas de servicios públicos domiciliarios”. 

En su respuesta, el gobierno ha bajado el ímpetu de la decisión. El superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga (quien ya renunció) dijo que la posible eliminación se realizará de manera concertada. En ese mismo sentido, al ser consultado a través de un vocero, el agente interventor dijo que “la intención es que en la factura de energía sólo se cobre este servicio, sin incluir otros conceptos”. Pero, mencionó unas mesas para concertar que se cobre en la factura, pero por separado. Diago no respondió preguntas específicas, ni detalló el procedimiento jurídico de su anuncio.

Desde el Ministerio de Minas y Energía avanzan en una resolución, que está en etapa de comentarios, para desvincular los cobros y permitirles a los usuarios pagar exclusivamente la energía si así lo quieren.

Para Lucy Romero, asesora jurídica de la Gobernación, el anuncio de Diago genera pánico: “En el Atlántico y Barranquilla se están llevando a cabo unas inversiones importantísimas en materia de seguridad, y estamos en plena negociación de créditos. Cuando un banco escucha esto (…) el pánico que genera acaba con la estabilidad económica y emocional de inversiones del sector”. Eso en una entidad que ya tiene altos niveles de endeudamiento como parte del modelo de gobierno de los Char.

Y aunque el nuevo decreto que prepara el gobierno es menos radical que el anuncio inicial de Diago, sigue preocupando a la Gobernación del Atlántico, pues el recaudo disminuiría. El secretario del Interior, José Luque, dice que: “La consecuencia va a ser el gasto en cobranza. Vamos a tener que montar equipos especializados en el cobro de esta disminución de recaudo. Finalmente, hay una obligatoriedad de pagar la tasa, aunque esté separada en el recibo. El afectado final va a ser la inversión”.

*Esta historia se hizo en alianza con La Silla Vacía.