Figura que les permite a entidades, como la Procuraduría o la Contraloría, verificar si hay una conducta, de un servidor público o de un privado, que constituye una falta disciplinaria, según lo establece el artículo 150 de la Ley 734 de 2002.

Ésta tendrá una duración de seis meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. Cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término de indagación preliminar podrá extenderse a otros seis meses.