La Fundación por la Educación Multidimensional (FEM), cofundada por la secretaria del Interior de Cartagena Ana María González, anunció este viernes su renuncia al Consorcio Raíces de Cartagena, en el marco del proceso Cartagena construyendo con el agua.
Aunque la salida de FEM busca mitigar los cuestionamientos que su participación generó en un programa vital para esta capital de cara al cambio climático, la imagen de la secretaria González y el discurso pro transparencia del gobierno de William Dau quedaron golpeados.
La salida para calmar los cuestionamientos
A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, FEM reconoce la “importancia de la implementación” del programa Cartagena construyendo con el agua y, por eso, da “un paso al lado” para que este “necesario proceso no sea empañado por cuestionamientos” debido a su presencia en él.
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Esta renuncia ocurre tras dos meses de críticas públicas, desde distintos sectores en Cartagena, al gobierno de Dau y de una fallida moción de censura de los concejales a González, por la participación de FEM en un programa que ella ayudó a impulsar como encargada de la Oficina de Cooperación Internacional del Distrito, entre enero de 2020 y junio de 2022.
Además de los cuestionamientos desde el Concejo, el pasado 30 de marzo el Consejo Gremial de Bolívar había pedido públicamente la salida de FEM del consorcio.
El @ConsejoGremialB acaba de pronunciarse por las denuncias recientes que involucran al programa @WaterasLeverage Cartagena y a una fundación creada por la secretaria @anamgonzalezf. “En aras de proteger el programa”, piden la salida de FEM 👇🏼 pic.twitter.com/8TQ3yyA5Mm
— La Contratopedia Caribe (@LaContratopedia) March 30, 2023
La presencia de FEM en ese consorcio, liderado por neerlandeses, podía sugerir una puerta giratoria, un conflicto de interés y amiguismos en el manejo de lo público, debido a los lazos de esa organización con González.
Y justo por esos vasos comunicantes entre González y FEM hubo malestar en Cartagena por el manto de dudas que la presencia de esa organización le puso a un proceso que, aunque comenzó con el gobierno de Dau, es de toda la ciudad e involucra al sector privado, a la academia y a las comunidades.
FEM llegó a Cartagena construyendo con el agua a inicios de este año, cuando el consorcio al que ahora renuncia se ganó una convocatoria con una bolsa de recursos de hasta 1.200.000 euros ($6.132 millones), para entregar proyectos que ayuden a mejorar la relación de la capital de Bolívar con sus cuerpos de agua.
También forman parte de ese consorcio la Universidad de Cartagena y las empresas neerlandesas Witteveen+Bos (organización líder), Felixx Landscape Architects & Planning, Aqua & Terra y CSC Strategy & Finance.
El proceso dejó a un segundo ganador: Cartagena con agua, integrado por las empresas neerlandesas Arcadis Netherlands, Deltares y P3 Nomads; la estadounidense ONE Architecture y las colombianas JESyCA, Fundación Herencia Ambiental Caribe, Taller Architects y Selfinver.
El golpe tras la salida
Con la salida de FEM de Raíces de Cartagena quedan, al menos, cinco mensajes claros.
El primero es que esa organización nunca debió ingresar al consorcio por sus lazos vigentes con la secretaria González, quien tiene un rol de fundadora vitalicia y ha vinculado por órdenes de prestación de servicios a varias personas de FEM en la Secretaría del Interior.
El segundo mensaje es que no era cierto —como lo dijo el alcalde Dau al salir en defensa de González—, que no había ninguna otra organización en Cartagena tan capacitada como FEM para encargarse del componente social del consorcio ganador.
Al salir FEM, Raíces de Cartagena deberá reemplazarla por otra organización local o el otro miembro cartagenero de ese consorcio (la Universidad de Cartagena) deberá asumir la labor social en la estructuración de los proyectos.
El tercer mensaje evidencia que para recurrir a la defensa de funcionarios de su círculo de confianza, como lo es González, el alcalde Dau no solo apela a datos erróneos y contradictorios sino que termina justificando conductas que como veedor cuestionaba. Por ejemplo, el uso de un cargo público para privilegiar intereses privados.
Cuatro. González, además, no fue transparente al comunicar su relación con FEM, pues ante la avalancha de críticas dijo que ella ya no tenía injerencia alguna en las decisiones de esa organización desde 2019.
Un acta de FEM, presentada en el Concejo, contradice a la secretaria. En ese documento de 2022 se lee cómo participó en una asamblea, con voz y voto, en febrero de ese año, gestionando recursos.
“Hay tres convocatorias activas y sería pertinente que haya un equipo para trabajar y así lograr tener los gastos administrativos de FEM asegurados”, dijo González en esa asamblea.
Y el quinto mensaje es de opacidad: el Distrito nunca aclaró cómo un consorcio que tenía entre sus miembros a la fundación de una de sus secretarias resultó ganador de un proceso en cuya evaluación participaron funcionarios locales.
La duda aumentó, después del debate de control político del Concejo, en abril pasado, porque la Alcaldía no entregó información precisa sobre los funcionarios que participaron en un comité evaluador, liderado por los neerlandeses, para escoger a los ganadores.
Todo el capítulo FEM pone su cuota en la desconfianza ciudadana en la lucha contra la corrupción, que según la reciente encuesta de Cartagena Cómo Vamos es alta, incluso en un gobierno que se autoproclama transparente y anticorrupción: el 75% de los ciudadanos cree que la corrupción, durante el último año, sigue igual o aumentó en esta capital.