El manto de dudas sobre la accidentada Protección Costera de Cartagena

La segunda fase de la esperada Protección Costera de Cartagena fue adjudicada hace menos de un mes por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y ya hay dudas sobre ese proceso porque el departamento jurídico de esa entidad recibió, la semana pasada, una denuncia en la que se acusa al Consorcio Protección Fase II de haber presentado documentación falsa.

Sin embargo, la persona a cuyo nombre aparece dicho señalamiento se retractó este fin de semana.

Gestión del Riesgo se pronunció este jueves 18 de noviembre, a través de su sitio web. Esa entidad dijo que necesita aclarar este episodio para darle “continuidad” a los trámites contractuales, necesarios para la ejecución de esta segunda fase. Es decir, esta etapa del macroproyecto no avanzará hasta tanto no finalice la investigación.

Esa entidad explicó que, el 16 de noviembre, le pidió al Grupo Obinco SAS (privado que denunció y luego se retractó) detalles del cuestionado contrato de arrendamiento entre ese grupo y el Consorcio Protección Costera Fase II, documento señalado como falso.

Gestión del Riesgo también le envió un oficio al consorcio para que este, a su vez, “aclare todo lo relacionado con los documentos aportados en su cotización”, específicamente, el contrato de arrendamiento que entregó como requisito para ganarse el contrato.

Esta denuncia le suma más dudas a la Protección Costera, que hasta ahora tiene a dos consorcios (uno por la primera fase y otro por la segunda) para mitigar la erosión en parte del litoral cartagenero y que desde sus inicios ha despertado inquietudes de carácter técnico. 

Entre ellas, la viabilidad de los diseños elaborados por la Universidad de Cartagena y la movilización del material rocoso desde las canteras hacia las zonas de intervención entre El Laguito y el Centro.

Justo porque el transporte de la roca sigue en revisión, la fecha de obras del primer tramo no está clara porque para ello la Alcaldía de Cartagena debe aprobar, a través del Departamento Administrativo de Tránsito (Datt), el Plan de Manejo de Tráfico.

La denuncia 

El departamento jurídico de Gestión del Riesgo recibió, el viernes pasado, una denuncia en la que se acusa al Consorcio Protección Fase II de haber presentado una carta de compromiso y un contrato de arrendamiento de 13 volquetas a nombre del Grupo Obinco SAS, pese a ser documentos jamás suscritos.

Ese último documento fue clave para que el consorcio se ganara la licitación para intervenir el litoral en el sector de El Cabrero, pues garantiza que contará con parte de la maquinaria necesaria para transportar el material rocoso y ejecutar las obras, en las que el Gobierno Nacional y el Distrito de Cartagena invertirán $20.306 millones.

La denuncia llegó a nombre de José David Meza Olmos, representante de Obinco, y los correos fueron enviados desde la cuenta institucional de esa empresa.

Obinco es una empresa, registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena desde 2016, que se dedica a la extracción de piedra, al comercio al por mayor de materiales de construcción y a las obras de ingeniería civil.

Meza Olmos fue representante legal de Dicon Ingeniería e Inversiones SAS, empresa guajira que tiene el 10% de participación en el Consorcio Proplaya, contratista de la primera fase de la Protección Costera.

De ser cierta esa denuncia, el contratista se expone a la pérdida del contrato pues la presentación de documentos falsos es una de las causas de revocatoria tras la adjudicación.

El asunto se enredó aún más el domingo, con la retractación de Meza Olmos. 

La retractación 

A las 3:22 de la tarde, del domingo, Meza Olmos le dijo, vía correo electrónico, a Gestión del Riesgo, que su empresa sí acreditó la disponibilidad de las volquetas necesarias para la ejecución de la segunda fase del macroproyecto y que detrás de la denuncia estuvo una “colaboradora”, quien no se tomó “bien su despedido” de esa empresa.

“Lamentablemente, en días pasados se ha retirado de la compañía a una colaboradora de mucha confianza, que al no tomar bien su despido ha procedido a enviar a esta entidad, y otras tantas de otros proyectos, comunicaciones falsas que buscaban afectar a la compañía”, se lee del comunicado difundido.

Ese compromiso —dijo Meza Olmos— lo hizo a través de un contrato de arrendamiento, firmado el 9 de agosto de 2021. “Todos los documentos que lo evidencian y que han sido parte de la propuesta del Consorcio han sido de mi conocimiento”, le dijo a Gestión del Riesgo en el mismo correo.

En esa carta, Meza Olmos también aseguró que tan pronto se enteró de la denuncia —confirmada por Gestión del Riesgo a La Contratopedia—  investigó su origen y encontró que había sido enviada desde el correo corporativo.

También el domingo se pronunció el Consorcio Protección Costera Fase II, señalado de presentar la documentación falsa. Este privado le presentó excusas a Gestión del Riesgo “por las afectaciones que esta, ya demostrado, falsa denuncia, pudo haber generado” (sic).

Mientras Gestión del Riesgo investiga esta situación y determina quién tiene la razón, este episodio le suma más dudas a un proyecto que aún no arranca y sobre el que la transparencia y la correcta ejecución son vitales debido a lo que representará para Cartagena.

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[Nota de la editora] Esta historia se actualizó después de publicada para incluir el pronunciamiento de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.