El complot criminal y lo que revela el caso de la concejal Estrada

Los testimonios de tres miembros de la Policía fueron las pruebas más sólidas que la defensa de Gloria Estrada presentó. A medida que los uniformados detallaron el complot, dejaron un manto de dudas sobre la Policía de Cartagena.

Especialmente, si esas prácticas irregulares son recurrentes en esa institución o solo son fruto de unas cuantas manzanas podridas, como suele responder la Policía ante cada crisis.

El juez Guevara lamentó que una institución como la Policía pueda permearse con prácticas contrarias a la ley, hasta el punto de instrumentalizar la administración de Justicia.

En uno de los testimonios se escucha al capitán Iván Darío Cadena (hasta el año pasado de servicio en Cartagena y ahora en Arauca) relatar cómo fue abordado por el edil Pedro Aponte, enemigo político de Estrada, para que lo ayudara a identificar a “dos pelaos en la Sijin que sean firmes” para un montaje.

“Hay $40.000.000. Hay 40 tablas para ponerle en el carro una pistola y una vaina de coca”, le dijo Cadena a Martín Barreto, pareja de Estrada y capturado con ella en enero. 

Barreto grabó la conversación mientras tuvo casa por cárcel. Después fue trasladado a la Cárcel de Ternera de donde debe salir tras la reciente decisión del Juez. 

El capitán Cadena, cuya cercanía con el edil Aponte comenzó en octubre pasado, por el robo de un reloj Rolex, le recomendó no involucrar a la Sijin porque sus miembros no pueden detener un vehículo y requisarlo si no tienen motivos sólidos. “No se van a quemar por un kilo de cocaína”, dijo.

A Cadena también se le escucha decir que averiguaría con quiénes podría materializarse el complot. “No lo hice. A los dos días (Aponte) me dijo: ‘Ya no te preocupes que ya conseguimos a unos chinos (..)’ Yo le pregunté qué a quién consiguieron y me dijo que el mayor Bueno aceptó”. 

El mayor Bueno —explicó la defensa— es el mayor de la Policía de Cartagena, Gustavo Bueno Aguilar, encargado del Distrito 1 de esta capital. Fue él el señalado de conseguir a los dos uniformados para que hiciera la requisa de la camioneta en Manga.

La defensa también leyó los testimonios de los patrulleros  Sergio Martínez y Miguel Navarro, quienes detallaron cómo fueron abordados por un compañero suyo, el patrullero Alexander Salas, para sembrar droga en la camioneta de la concejal y sus acompañantes.

Esos patrulleros dijeron que les estaban ofreciendo hasta $15.000.000, a cada uno, por participar en esa irregularidad y que detrás estaba el alcalde menor de la localidad dos, Andy Reales.

A través de un video, el general Nicolás Zapata, comandante de la Policía de Cartagena, rechazó estos actos que empañan el “honor policial” e informó que los patrulleros Salas y Martínez fueron destituidos e inhabilitados por 10 años. 

La Policía, además, abrió tres investigaciones disciplinarias y hay un proceso en curso en la Justicia Penal Militar.

Los testimonios presentados por la defensa de la concejal muestran que el complot en su contra se desencadenó después de su elección como presidenta del Concejo y de la suspensión del alcalde local Andy Reales, por orden del contralor distrital. Este último es aliado de la concejal.

Según el capitán Iván Darío Cadena, esos hechos molestaron a tres políticos, aliados entre sí, pero enfrentados al grupo de la concejal. Son ellos: Andy Reales, alcalde de la localidad dos; el edil de esa misma localidad Pedro Aponte, y el concejal Luis Cassiani, de Cambio Radical.

“Comenzó todo porque tu señora quedó de presidenta del Concejo. Que ustedes se le fueron en contra a Andy, el alcalde local. Que por eso a Andy lo suspendieron”, se le escucha decir al capitán Cadena en su conversación con Barreto.

Aponte dijo —parafraseado por el capitán—: ‘Yo no me voy a quedar con esa porque están jodiendo al amigo mío, al parcero mío (…) No me quedo con esa y voy hasta las últimas’”.

Reales fue suspendido por el alcalde William Dau, el 31 de diciembre, por orden del contralor distrital Rafael Fortich. Éste ordenó la suspensión para que Reales no interfiriera en la investigación que afronta por un posible detrimento patrimonial de $6.785 millones, por un contrato de aguas residuales en las poblaciones de Tierrabaja y Puerto Rey.

Estrada tiene además vasos comunicantes con el contralor distrital Rafael Castillo, cercano a Lidio García y a quien en el Concejo ven como parte del grupo político de Estrada. Ella fue una de las seis concejales que apoyó su elección, el 18 de noviembre pasado, en reemplazo de Fredy Quintero Morales. 

El complot contra Estrada sacó a flote que en esta capital hay políticos que incurren en prácticas criminales, pese a estar llamados a dar ejemplo ciudadano y a no defraudar la confianza de sus electores.

El edil Aponte ya había sido señalado, en 2015, por un hecho irregular. Una familia del barrio El Socorro denunció que, hacia las 11:30 de la noche, llegó a su vivienda acompañado por hombres armados para cobrar el pago de una deuda por $15.000.000.

La familia denunció que hubo disparos contra su propiedad y un intento de ingreso a la fuerza para asesinar a uno de los suyos, según reportó RCN Radio.

Mientras que el concejal Cassiani —otro de los señalados de formar parte del complot contra Estrada— fue uno de los concejales involucrados en la trama irregular para elegir a la contralora Nubia Fontalvo, en 2016, cuando era alcalde Manolo Duque. Por ese hecho, tuvo casa por cárcel más de un semestre.

Además, la Procuraduría lo sancionó por haber comprometido de manera irregular vigencias futuras por 15 años, recordó El Universal.

Al señalarlo de estar detrás del complot de Gloria Estrada, la defensa de la concejal aumentó los cuestionamientos sobre este político cartagenero, cuyas actuaciones en la Alcaldía Local Dos ya generaban muchas dudas por el manejo de la contratación.

Funcicar alertó por varios contratos firmados por Reales.

• Uno de ellos lo firmó, durante la cuarentena de 2020, con la Cooperativa Multiactiva de la Renovación sin que existieran estudios previos, estudios de mercado, ni estudios de sector. “Se desconocen los criterios para escoger al contratista y verificar que los precios estuvieran acordes al mercado”, indicó Funcicar. Ese contrato, además, tuvo cambios injustificados: el número de ayudas humanitarias pasaron de 12.000 a 21.696 y luego a 23.000. Funcicar también advirtió que el contratista elegido podría no ser idóneo porque su objeto económico es amplio, es decir, es una organización ‘de todito’.

• Funcicar también advirtió que, en 2021, la Localidad 2 compró nueve computadores portátiles por $6.361.300 cada uno, pese a que en distintos sitios web de almacenes de cadena, estos aparatos no superan los cinco millones de pesos.

• También fue controvertido un contrato por $1.500 millones para la compra de 32.332 libros para promover la cultura de paz a $43.800 cada uno. Funcicar advirtió que habían opciones de autores reconocidos a precios más económicos que representarían un ahorro de hasta un 68%. 

Con las revelaciones recientes que la defensa de Estrada presentó, se maltrata aún más la ya frágil imagen del Concejo de Cartagena porque se señala al concejal Luis Cassiani, miembro de esa entidad, de ser capaz de participar en un complot criminal.

Cassiani tiene aval de Cambio Radical y debe sus orígenes políticos a la congresista Daira Galvis (quien no tendrá curul desde el 20 de julio próximo).

La imagen del Concejo de Cartagena, degradada desde hace años, ya había tenido dos grandes golpes mediáticos este 2022: en enero, la captura y casa por cárcel a Gloria Estrada, por narcotráfico, y en febrero, una condena por prevaricato a un concejal activo y a un exconcejal.

Que un concejal sea capaz de fraguar un complot con droga le da más combustión a la narrativa de que a esa institución cartagenera no siempre llegan los políticos más íntegros.