Con relevo en Triple A, SAE deja al charismo sin aliados en nueva Junta Directiva

Con la suspensión de la Procuraduría y el anuncio de investigación al director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) Daniel Rojas, el pulso entre la Alcaldía de Barranquilla y esa entidad nacional por el paquete accionario de la empresa de saneamiento básico Triple A llegó a su punto más álgido. 

La suspensión de Rojas, por tres meses, ocurrió el 10 de febrero, tres días después de que la SAE escogió a los miembros de la nueva Junta Directiva de la Triple A, una movida que dejó sin posibilidades a la Alcaldía de Barranquilla de proponer a miembros aliados.

Por eso, la decisión de la Procuraduría ha sido interpretada por el Gobierno Nacional como una represalia política porque la jefa de esa entidad Margarita Cabello tiene vasos comunicantes con la administración distrital de Barranquilla, en manos de la familia Char desde 2008.

Incluso, en su editorial del 14 de febrero El Espectador dijo que era “incómodo que el contrato en cuestión (venta de acciones de la Triple A) favorezca a aliados del clan Char en Barranquilla y que la procuradora tenga cercanía con ese grupo político”. 

Ese vínculo también lo resaltó un día antes, el 13 de febrero, en el Reporte Coronell, el periodista Daniel Coronell al preguntarle al viceprocurador general Silvano Gómez Strauch si no existe un conflicto de interés por este caso en la Procuraduría.

Con el relevo en la Junta Directiva de la Triple A deben salir cuatro de los actuales directivos, escogidos en agosto pasado, con sus respectivos suplentes. Dos de ellos trabajan con empresas de megacontratistas y concesiones de la Alcaldía de Barranquilla.

Por lo pronto, la Alcaldía de Barranquilla anunció que espera “encontrar una salida consensuada con la SAE” sobre el futuro de la empresa de saneamiento básico de la que dependen la capital del Atlántico y 14 municipios de ese mismo departamento.

Los que entran por decisión de la SAE

En la asamblea extraordinaria celebrada el pasado 7 de febrero, la SAE —en su condición de accionista mayoritario y al no haberle entregado las acciones a la empresa K-Yena SAS— presentó una plancha con ocho miembros: cuatro titulares y cuatro suplentes.

La SAE llegó a esa asamblea como accionista mayoritario porque no le entregó el 82.16% de las acciones a K-Yena SAS, según el acuerdo celebrado bajo enajenación temprana durante el gobierno de Iván Duque.  La entrega total de ese paquete accionario debía concretarse en diciembre pasado, so pena de activarse una cláusula de incumplimiento por $59.000 millones.

Sin embargo, el 2 de enero pasado, la SAE (ahora bajo el gobierno de Gustavo Petro) anunció que se abstendría de hacerlo hasta que no haya un pronunciamiento de fondo de los organismos de control sobre esa venta y, por tanto, seguiría administrando las acciones como lo ha venido haciendo desde 2018 por orden de la Fiscalía.

Con esa decisión, la SAE dejó sin poder a la Alcaldía de Barranquilla y a la empresa K-Yena SAS (antes Alumbrado Público de Barranquilla SAS). Y actuando como accionista mayoritario, logró dos cosas la semana pasada:

1. Que la asamblea extraordinaria no se suspendiera, como lo pidió el representante de la Procuraduría General para evitar “futuras acciones judiciales, procesos disciplinarios y posibles acciones penales”. 
2. Los votos suficientes para que su plancha directiva quedara aprobada. Con esa aprobación, la nueva Junta de la Triple A la integran, además del alcalde Jaime Pumarejo, cuatro miembros cercanos al partido de Gobierno y sin vasos comunicantes con el charismo, que había logrado poner a los directivos en juntas recientes.

La movida fue señalada por la Alcaldía de Barranquilla como ilegal. “SAE se apropia irregularmente de la empresa”, señaló esa entidad.

Y el alcalde Jaime Pumarejo aseguró que la SAE “ha tomado la decisión de cambiar todos los miembros de junta directiva, desconociendo de tajo su obligación contractual y, además, generando una inestabilidad en la empresa y en la prestación de los servicios públicos del departamento del Atlántico”.

La nueva Junta Directiva de la Triple A aún no está inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla. La Contratopedia Caribe se comunicó con la SAE para obtener información sobre dicho trámite y en esa entidad le aseguraron que la inscripción depende de la actual gerencia de la empresa de servicios públicos, en manos de Jairo De Castro Peña desde marzo de 2021.

Inscripciones de ese tipo pueden tomar semanas. La Junta Directiva que sigue en funciones, por ejemplo, fue elegida en asamblea extraordinaria el 3 de agosto de 2022 e inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 15 de septiembre pasado. 

Mientras la inscripción se da, en el sitio web de la Triple A ya no aparece información sobre los directivos elegidos hace seis meses y quienes deben salir pronto, porque —como le respondió la SAE a La Contratopedia— la nueva junta está “totalmente en firme”, pues la “asamblea fue legal”.

La Junta que sale

Con la elección del pasado 7 de febrero, deben salir de la Junta cuatro directivos, ratificados el 3 de agosto de 2022, con sus respectivos suplentes. Es decir, quienes siguen fungiendo como directivos hasta tanto la nueva Junta no quede inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla fueron elegidos cuatro días antes de la llegada del gobierno de Gustavo Petro.

Dos de los miembros ratificados el año pasado trabajan con empresas de William Vélez y los hermanos Christian y José Manuel Daes, megacontratistas de la Alcaldía de Barranquilla y quienes tienen participación en K-Yena SAS, antes Alumbrado Público de Barranquilla SAS y con la que la Alcaldía de Barranquilla celebró el negocio, en diciembre de 2021, que ahora la enfrenta con la SAE del gobierno de Gustavo Petro.

Esos miembros son:

• Jorge Gómez Mejía, quien se desempeña como vicepresidente ejecutivo del Grupo Ethuss, propiedad de William Vélez. Antes era miembro suplente de esta Junta. 

Vélez tuvo participación en la millonaria canalización de un arroyo barranquillero y es dueño de la mayor parte de Barranquilla Capital de Luz SA, dueña del 35% de la empresa de alumbrado público. 

• Y Carlos Escudero Hasselbrinck, director jurídico y suplente de la gerencia en Construseñales, concesión que maneja el mobiliario urbano de Barranquilla desde 1999, incluida la señalización, semaforización y fiscalización electrónica.

Entre los accionistas de Construseñales están los hermanos Daes, a través de Swetsys Trading Corp: empresa registrada en Panamá que maneja el 54.11% de esa firma. 

El origen de esa concesión se remonta al 23 de abril de 1999, cuando era alcalde Bernardo ‘el cura’ Hoyos, condenado después por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por la remodelación y adecuación de un edificio donde se ubicaría la Alcaldía de Barranquilla.

En el marco de ese contrato, el gobierno de Guillermo Hoenisgberg (aliado de Hoyos y también condenado por peculado) suscribió, el 6 de noviembre de 2007, un convenio con Construseñales para la instalación, operación y mantenimiento del Sistema Integral para la Fiscalización de Tránsito en Barranquilla, más conocido como fotomultas.

Entre 2009 y 2010, durante la primera administración de Alejandro Char, ese convenio tuvo modificaciones para establecer los porcentajes que por las infracciones viales recibirían el Distrito (65%) y el concesionario (35%).

La ratificación de Escudero Hasselbrinck se dio en agosto pasado, pese a que para la fecha de la asamblea ya los hermanos Daes habían anunciado que desde el 1 de septiembre de 2022 no tendrían vinculación con la Triple A, porque “donarían” sus acciones a la Alcaldía de Barranquilla, adquiridas a través de K-Yena SAS (antes Alumbrado Público de Barranquilla SAS).

Es decir, los Daes anunciaron que no tendrían derechos económicos ni políticos en la composición accionaria de la Triple A, pero seguirían siendo socios de Alumbrado Público de Barranquilla SAS.

Los representantes de las empresas de Vélez y Daes llegaron a la Triple A en marzo de 2022, después de haber sido escogidos en una asamblea extraordinaria de accionistas celebrada el 7 de marzo.

A partir de entonces, la Alcaldía de Barranquilla y K-Yena SAS comenzaron a elegir a los directivos. Eso fue posible tras la negociación del paquete accionario, celebrada por la SAE en 2021, bajo enajenación temprana.

Hasta 2018 la española Inassa manejó la Triple A. Sus acciones (82.17%) pasaron a manos de la SAE por petición de la Fiscalía colombiana, que investiga unos pagos fraudulentos, ocurridos entre 2000 y 2017 e involucran a altos directivos colombianos y extranjeros de esa empresa.

Fue así como, entre 2018 y marzo de 2022, el Gobierno Nacional, en cabeza de Iván Duque, designó a los miembros de la Junta Directiva. Ahora, en manos petristas, la SAE no solo congeló la entrega de acciones, sino que les quitó poder de decisión en la Triple A al grupo político Char y a sus contratistas aliados.

Por todos esos cambios recientes, el poderoso grupo Char pierde, por ahora, el pulso con el petrismo, por primera vez en el Gobierno y no en la oposición.