Esta autoridad ambiental es ampliamente reconocida en Bolívar por sus ruidos de corrupción y manejo burocrático. /Foto: Tomada del sitio web de Cardique.
Cinco hechos que evidencian el mal funcionamiento de Cardique
Contratos ficticios, malos manejos de la sobretasa ambiental y un carrusel de contratación forman parte de las irregularidades de la principal autoridad ambiental de Bolívar, durante la última década.
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El pasado 21 de septiembre, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multó a funcionarios, exfuncionarios y contratistas de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) por un carrusel de contratos. Entre los sancionados está el actual director de esa entidad, Angelo Bacci.
Pese a ser la autoridad ambiental de Bolívar, Cardique es más reconocida por las denuncias de corrupción que por su praxis técnica. También por los vasos comunicantes de varios de sus cargos clave con el investigado empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca.
En La Contratopedia recordamos cinco hechos recientes que evidencian la profunda crisis que vive la entidad encargada de preservar los ecosistemas en 20 de los 46 municipios de Bolívar y con injerencia en Cartagena.
Un rol clave en momentos de cambio climático, cada vez más eclipsado por los ruidos de corrupción y de fortín burocrático.
1. Sanciones de la Súper por cartelización
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció, el 21 de septiembre, una sanción por $3.106 millones a 51 agentes de mercado y 19 personas naturales, que violaron la libre competencia en 259 procesos de selección adelantados por Cardique, autoridad ambiental de Bolívar.
La @sicsuper anunció hoy una sanción por $3.106 millones a 51 agentes de mercado y 19 personas naturales, que violaron la libre competencia en 259 procesos de selección adelantados por @cardique, autoridad ambiental de Bolívar.
Va 🧵 pic.twitter.com/IxEj27wcgw
— La Contratopedia Caribe (@LaContratopedia) September 21, 2022
La SIC encontró colusión en esos contratos, que buscaban la relimpia y el mantenimiento de canales, arroyos y otras cuencas hidrográficas de Bolívar. También el mantenimiento y reforzamiento de los jarillones en 21 municipios.
La colusión es una práctica en la que empresas acuerdan ciertos precios para incrementar sus beneficios y asegurarse los contratos en detrimento de otras firmas y de la libre competencia.
Por eso, la SIC sancionó a seis funcionarios y exfuncionarios de Cardique, quienes “habrían facilitado y tolerado las conductas anticompetitivas” a favor de quienes participaban como proponentes. Entre esos sancionados está Ángelo Bacci Hernández, actual director de la entidad.
Estos son los agentes de mercado y las personas naturales sancionados por la @sicsuper 👇🏼 pic.twitter.com/zspkIOJA9c
— La Contratopedia Caribe (@LaContratopedia) September 21, 2022
La sanción de la SIC partió de los resultados de una auditoría de la Contraloría General en 2017, que resaltó “la ausencia de planeación y de selección objetiva” en los procesos convocados por Cardique en 2016, “situación que presuntamente habría generado una indebida ejecución de los contratos y, por tanto, una posible malversación de los recursos públicos”.
Por esos contratos, la Fiscalía les imputó cargos en 2018 a los funcionarios Olaff Puello, Katherine Martelo, Saray Hernández y Dalis Esther Herrera, y a los contratistas Freddy Rodgers y Bernabé Maldonado.
2. Hallazgos de la Contraloría
La auditoría que la Contraloría General le hizo en 2017 a Cardique arrojó que no había fundamentos jurídicos ni técnicos para que esa entidad ambiental hubiese celebrado en 2007 un contrato con el Consorcio Ciénaga de la Virgen, por $33.259 millones.
Según los hallazgos de esa auditoría, ese contrato terminó siendo fallido porque el ente señaló una desconexión entre los trabajos supuestamente hechos en el cuerpo de agua y los diseños contemplados en los pliegos de licitación, aunado al nulo monitoreo de Cardique.
Por parte de esos hallazgos, el ente de control inició un proceso de responsabilidad fiscal por $7.548 millones que involucró a funcionarios de Cardique y al consorcio contratista. En diciembre de 2021, la Contraloría archivó el proceso, decisión que ratificó en febrero pasado.
En 2018 la Procuraduría General pidió la suspensión del contrato de la Ciénaga de la Virgen debido al posible daño patrimonial. El acto de liquidación del contrato, en efecto, se firmó el 23 de noviembre de 2018, tres años antes de su vencimiento y sin mayores transformaciones ambientales para ese cuerpo de agua cartagenero, en estado terminal por su alta contaminación.
La empresa AGM Desarrollos SAS (antes Hilsaca Construcciones) tuvo participación mayoritaria en el consorcio. Se trata de una firma que pertenece a la familia del empresario Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca, a quien en Cartagena desde hace más de 20 años lo consideran el poder determinante de lo que pasa en Cardique.
Hilsaca fundó esa compañía en 1993 en Magangué y la ayudó a consolidar como una megacontratista estatal. Fungió como su representante legal. Posteriormente, cedió su participación accionaria y hoy los accionistas son sus cuatro hijos Alfonso Hilsaca Acosta, Gabriel Elías Hilsaca Acosta, Melissa Andrea Hilsaca Acosta y Nicolás de Jesús Hilsaca Acosta; Clara Acosta Hernández y Henta Inversiones Ltda.
La representación legal actualmente está en manos de Haroldo José Rivero Santoya.
Los vasos comunicantes de Hilsaca con quienes han ocupado puestos clave en Cardique han sido una constante durante las últimas dos décadas.
De hecho, pese a ser la autoridad ambiental en 20 de los 46 municipios de Bolívar y tener incidencia en Cartagena, Cardique es más reconocida por el influjo de la corrupción casi desde su fundación que por su proceder técnico.
3. Manejo irregular de la sobretasa ambiental
La Contraloría encontró otra irregularidad en el contrato de recuperación de la Ciénaga de la Virgen. Aunque inicialmente fue firmado por $22.173 millones, ese proyecto terminó costándole al erario $33.259 millones, después de cuatro adiciones presupuestales y tres modificaciones al manejo administrativo de esos recursos.
Eso pasó porque a los cuatro meses de que Cardique adjudicó las obras, el Consorcio Ciénaga de la Virgen (Hilsaca Construcciones ⎼hoy AGM Desarrollos SAS⎼, 75 % de participación; Servicios de Dragados y Construcciones SAS, 25% restante) logró el control total sobre el encargo fiduciario al que eran transferidos los recaudos por la sobretasa ambiental, cobrada en el impuesto predial de los cartageneros y en los peajes Marahuaco y Puerto Colombia, en la vía Barranquilla–Cartagena.
Con esa plata fue que Cardique proyectó la financiación de los trabajos en la Ciénaga de la Virgen por 14 años.
Fue así como, después de una primera modificación firmada el 9 de octubre de 2007, ese privado comenzó a administrar unos dineros que por Ley debieron estar siempre bajo la batuta de Cardique, contó la organización periodística Consejo de Redacción en la investigación ‘El factor Hilsaca en la contratación de Cardique’.
El equipo auditor se encontró con la ausencia de fundamentos jurídicos y técnicos para la celebración de este contrato, especialmente por las condiciones en que se firmó: año a año Cardique y el contratista iban definiendo las obras a intervenir, según los millonarios recaudos por sobretasa ambiental.
En un año ese tributo por Impuesto Predial genera hasta $55.606 millones, como ocurrió en 2018, mientras que por peajes unos $1.641 millones, divulgó la Contraloría en una auditoría financiera que le hizo a Cardique en 2018 y publicó en noviembre de 2019.
La Contraloría de Bolívar además encontró un posible detrimento patrimonial en ese contrato por $54.817.503 y les abrió, en 2018, un proceso de responsabilidad fiscal al entonces director de Cardique Olaff Puello, al Consorcio y a los interventores Tecnogestiones Ltda y Consig Ltda.
El ente de control no encontró evidencias de que el Consorcio Ciénaga de la Virgen hubiese pagado todas las comisiones que le correspondían por ser el administrador de la fiducia. Por el contrario, los casi $55.000.000 salieron de dineros que le pertenecían a Cardique y no de los recursos propios del privado, como lo establecía el contrato.
4. Contratos ficticios para caños y arroyos
La Fiscalía dijo en 2018 que en Cardique hubo un entramado de contratos fantasmas, porque esa entidad adjudicó en 2016 unas 220 obras que nunca se hicieron, para la supuesta limpieza y mantenimiento de arroyos y caños con problemas de sedimentación. Contratos que causaron un detrimento patrimonial de al menos $27.900 millones.
Por esa contratación ficticia, soportada con facturas, planos topográficos y registros fotográficos falsos, la Fiscalía les imputó cargos en 2018 al exdirector de Cardique Olaff Puello Castillo, a tres de sus subalternos (Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación de Cardique; Saray Cecilia Hernández Durán y Dalis Esther Herrera Vargas, supervisoras de contratos en la CAR) y a dos contratistas (Bernabé Maldonado Maldonado, contador, y Fredy Rodgers, topógrafo).
#ATENCIÓN Por solicitud de la #Fiscalía, juez envió a la cárcel al director de #Cardique, Olaf Puello Castillo, y a la subdirectora, Katherine Martelo Fernández. Los otros imputados en el caso #Cardique fueron asegurados #HayJusticia
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 1, 2018
A los pocos meses, en 2019, la Fiscalía ocupó 104 bienes de funcionarios y contratistas señalados de prestarse para la trama de corrupción.
Durante la toma de bienes, la fiscal Catalina Noguera anunció que, después de Puello, la segunda funcionaria más importante en ese desangre de recursos era Luz Dary Benavides Piza. “Era la que desde Cardique se encargaba de este tipo de obras”, informó la fiscal.
Benavides Piza es una ingeniera civil que trabajó en la Subdirección de Planeación de esa CAR hasta 2019, cuando la Fiscalía le perdió la pista. En su paso por Cardique (al menos 15 años) era reconocida por su cercanía con Hilsaca. Fue ella quien en 2007 recomendó la adjudicación de las millonarias obras para el saneamiento de la Ciénaga de la Virgen, como se lee en la evaluación del proceso licitatorio.
5. Últimos lugares en Índice de Evaluación de Desempeño Institucional
En las evaluaciones de desempeño institucional, realizadas por el Ministerio de Ambiente, Cardique ha ocupado el último lugar o ha estado entre el pelotón de las 33 corporaciones ambientales de Colombia.
El Índice de Evaluación de Desempeño Institucional (IEDI) muestra, año tras año, cómo funcionan los procesos administrativos, financieros y técnicos en esas entidades.
El Ministerio mide el Índice en una escala de 0 a 100 puntos posibles: cuando el resultado está entre el 40% y el 60%, el desempeño de la corporación es bajo. Menos del 40% es un desempeño crítico.
En la medición de 2021, la más reciente, Cardique quedó entre las tres corporaciones con evaluaciones más bajas: sacó 42,03%. En las mediciones de 2019 y 2020, la realidad no fue muy distinta: Cardique marcó 34,56 (crítico) y 46,27 puntos (bajo), respectivamente.
Al ser indagado por El Universal, el director de Cardique Angelo Bacci atribuyó el mal desempeño de la evaluación de 2019 a información incompleta de la que el Ministerio partió para medir a la institución a su cargo.
Aunque esa es la respuesta de Bacci, el indicador en rojo ha sido una constante los últimos años en esa corporación.
Nota de la editora: Esta historia fue actualizada después de su publicación, por una petición que envió Alfonso Hilsaca Eljaude, el 18 de octubre de 2022, para aclarar que no tenía relación alguna con AGM Desarrollo SAS. Hilsaca fundó esa empresa en 1993, en Magangué, pero las acciones hoy le pertenecen a personas de su familia y él ya no figura como su representante legal, accionista ni miembro de la junta directiva.
También se actualizó este reportaje con datos de un auto de la Contraloría, enviado por la empresa AGM Desarrollo SAS, el 21 de octubre de 2022, y cuya consulta no es pública. En dicho documento, el ente de control resuelve archivarle a esta empresa un proceso de responsabilidad fiscal que la involucró por el contrato de recuperación de la Ciénaga de la Virgen tras los hallazgos de una auditoría de 2017.