Cinco años, dos adiciones y 19 prórrogas después, alcantarillado de El Carmen aún no está listo

El alcantarillado de El Carmen de Bolívar, contratado por el gobierno de Dumek Turbay en 2017 y heredado a la administración de Vicente Blel Scaff, tiene desde hace dos semanas una nueva prórroga (la número 19) y otra adición presupuestal por $4.890 millones. La obra debe estar lista el próximo 31 de agosto.

Tanto la prórroga como la adición presupuestal son los capítulos más recientes de una megainversión que, desde sus inicios, ha tenido problemas y una sombra de corrupción: la Fiscalía cree que parte de esos recursos terminaron financiando la campaña al Senado de Lidio García en 2018.

La ejecución de este proyecto es uno de los líos con los que el exgobernador Turbay enfrenta las Elecciones Regionales 2023, en las que compite por la Alcaldía de Cartagena. 

También son su sambenito unos audios divulgados por W Radio sobre posibles coimas y repartija burocrática durante su Gobernación: cada tanto sus contendores por La Aduana y detractores le recuerdan ambos episodios, que involucran a la familia Blel. 

La nueva prórroga y $4.890 millones adicionales

El pasado 30 de mayo, Arnaldo Barreto, gerente de Aguas de Bolívar, firmó la prórroga 19 del alcantarillado de El Carmen. Esa entidad, que depende de la Gobernación, es la responsable de la obra con la que deben beneficiarse 13.000 hogares (100.000 habitantes).

El Consorcio Virgen del Carmen, encargado de los trabajos, pidió tres meses más de plazo, hasta el 31 de agosto próximo, porque aún tiene pendientes obras en el casco urbano del municipio montemariano para garantizarles a los lugareños cobertura total.

Según el interventor, Consorcio Interventoría El Carmen 2017, al pasado 28 de abril la ejecución iba en un 99.65%. Para ejecutar el 0.35% restante, el contratista necesitará $4.564 millones adicionales. Suma que Aguas de Bolívar incorporó el 30 de mayo.

En diciembre, el interventor advirtió la necesidad de adicionar esa plata, cuando realizaba el inventario de obras faltantes para proyectar la liquidación. 

En una reunión de evaluación —celebrada virtualmente el 23 de abril—, el contratista presentó los soportes para justificar la suma. 

Fue así como el Gerente de Aguas de Bolívar, la Gerencia Nacional para los Pactos Territoriales y el Fondo Regional para los Pactos Territoriales (miembros del Comité Operativo y de Seguimiento del contrato) le dieron luz verde al trámite para iniciar la incorporación de $4.890 millones: 

• $4.564 millones para las obras faltantes en el casco urbano 
• Y $326.329.706 para la interventoría.

Además de necesitar la inyección de recursos para su terminación, el alcantarillado ha tenido una serie de retrasos desde sus inicios.

Resulta que este proyecto comenzó trabajos en terreno el 3 de enero de 2018, con una ejecución proyectada a 17 meses. Por tanto, el Consorcio Virgen del Carmen debía entregar el alcantarillado en agosto de 2019. Pero ese plazo no se cumplió por una sumatoria de factores, que ya había contado La Contratopedia hace un año: 

• La inclusión de barrios periféricos, después de contratada la obra y cuya instalación de redes demandó recursos adicionales por casi $20.000 millones.
• Viviendas que han comenzado a utilizar las redes de manera prematura, tras conectarse de forma artesanal. Por eso, la Alcaldía de El Carmen ha tenido que contratar la limpieza de las mismas.
• La pandemia por Covid-19.
• La escasez de materiales.
• El paro nacional de 2021.
• El alza de precios. 
• Y más recientemente, la temporada invernal. 

Según la prórroga 18, las fuertes lluvias de abril afectaron el rendimiento del contratista porque El Carmen de Bolívar registró precipitaciones por encima de la media histórica.

Hasta diciembre de 2019, cuando Dumek Turbay salió de la Gobernación, ese contrato sumaba tres prórrogas. Las otras 16 las ha autorizado el gobierno de Vicente Blel, desde el 4 de mayo de 2020.

(Consulte aquí todas las prórrogas del contrato).

Justo por todos sus líos, el alcantarillado forma parte del programa ‘Compromiso Colombia’, iniciativa de la Contraloría General para intentar terminar la mayor cantidad posible de contratos inconclusos —lo que aquí se conoce como elefantes blancos— o en riesgo de quedar a medias.

Pese a su demorada ejecución, el proyecto está casi listo y debe comenzar a funcionar en todo El Carmen de Bolívar en cuestión de meses. La construcción se dividió en dos fases: 

• La planta de tratamiento de las aguas residuales, que ya está lista.
• Las redes que conectan a los hogares con ocho colectores. Estos convergen en un colector principal, empalmado con el emisario final, para su descarga en la planta de tratamiento.

Una parte de los colectores secundarios ya está conectada con el colector principal y hay hogares de El Carmen drenando sus aguas residuales. Es decir, ya cuentan con alcantarillado. 

Hasta que todos los colectores secundarios no estén conectados con el principal ni las conexiones domiciliarias estén activadas, la ejecución del contrato no será del 100% ni El Carmen podrá decir que tiene cobertura total de alcantarillado. 

Esta esperada obra forma parte de Contrato Paz, un millonario paquete de inversiones anunciado por el Gobierno Nacional desde 2017 en los territorios más golpeados por el conflicto armado, consecuencia del Acuerdo de Paz con las desaparecidas Farc. 

Con plata para vías, acueductos o alcantarillados, Contrato Paz busca mejorar la calidad de vida de casi 600.000 víctimas que viven en los Montes de María y el sur de Bolívar.

Además del rosario de obstáculos, sobre parte de los dineros del alcantarillado de El Carmen hay una investigación en curso por posible corrupción.

Las pistas de la Fiscalía 

La Fiscalía General tiene sólidos indicios de que, en 2018, el senador liberal Lidio García financió su campaña al Congreso con parte de los $56.506 millones iniciales destinados por la Gobernación de Bolívar para la construcción del alcantarillado. 

Según la Fiscalía, siete cheques por cerca de $3.500 millones se descontaron de la obra, adjudicada por el entonces gobernador Turbay, primo y por aquella época aliado político de García.

Esos cheques fueron cobrados —según el ente acusador— por tres personas que obtuvieron contratos de prestación de servicios en la Gobernación de Bolívar, quienes tan pronto recibían la plata debían transferirla a Vanessa Rojas Olmos, esposa de Luis ‘Tuto’ Majana Pupo, cuñado de Turbay y poder a la sombra durante su gobernación.

Rojas Olmos ha sido representante legal de Luxury Service Carzone SAS, serviteca ubicada en el barrio Manga de Cartagena que tuvo como accionistas iniciales a Olmos y a Liliana Majana, esposa del exgobernador Turbay.

El presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Marco Antonio Rueda, recibió una petición de investigación por estos hechos el 22 de febrero del año pasado, firmada por Juan David Huepe, fiscal de la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos, informó Revista Cambio.