Los rostros del mantenimiento del Parque de Bolívar (y los líos de dos de esas empresas)

Son $1.796 millones los que invierte la Gobernación de Bolívar en la adecuación del Parque de Bolívar, en el corazón del Centro Histórico de Cartagena. Una de las dos empresas del consorcio, a cargo de la reparación, llega a esta ejecución con señalamientos por obras anteriores que presentaron deterioro desde antes de entrar en funcionamiento. 

La firma interventora, que deberá ponerle lupa a la ejecución de este contrato, está inmersa en un proceso de responsabilidad fiscal de la Contraloría por unas obras en las que también estuvo al frente de la interventoría.

De esos recursos, $1.679 millones fueron destinados por el gobierno de Vicente Blel Scaff a la adecuación, adjudicada en marzo pasado. A esa licitación se presentaron 12 proponentes: seis consorcios, cuatro empresas a nombre propio y dos uniones temporales. El ganador fue el Consorcio Parque Bolívar.

La Gobernación destinó los $117.563.464 restantes a la interventoría, que quedó en manos de la empresa bogotana Covilco SAS, seleccionada en abril y en un proceso en el que fue único proponente.

Las obras de adecuación del Parque de Bolívar son clave para la revitalización de esa zona del Centro Histórico en la que confluyen el Palacio de La Inquisición, el Museo Histórico de La Heroica; el Museo del Oro Zenú, la Catedral Santa Catalina de Alejandría y el Palacio de La Proclamación, antigua sede de la Gobernación. 

Por décadas el mantenimiento de este parque estuvo a cargo de la organización Concurso Nacional de Belleza, en cabeza del empresario Raimundo Angúlo. Sin embargo, después de la pandemia ese lugar, que es un pulmón verde en el Centro, visitado por propios y turistas, se empezó a deteriorar.

En medio de las alertas por el evidente deterioro y tras la firma de un convenio entre el Comité de Parques y Zonas Verdes y la Gobernación de Bolívar, la administración Blel anunció, a mediados de 2021, una millonaria inversión: $7.000 millones con recursos del Sistema General de Regalías, según informó el gobernador en ese momento. 

Ese proyecto inicial fue cuestionado por la organización Colectivo Somos Centro Histórico porque, más que una restauración —dijeron sus miembros—, la propuesta de intervención del gobierno Blel es más bien una remodelación, dado el millonario presupuesto y los trabajos proyectados.

Y según esa organización, esa intervención no cumplía “con las recomendaciones de la Unesco”, sobre los usos que debe mantener el Centro cartagenero, declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad en 1984. 

Los cambios hechos al proyecto, que son los contratados para la ejecución actual, se ajustan a las reglas patrimoniales y dejaron más tranquilos a los miembros del Colectivo Somos Centro Histórico.

Dos años después de ese anuncio y con una notable reducción en el presupuesto inicialmente anunciado, el 12 de mayo, Blel hizo oficial el inicio de las obras que deberán estar listas en septiembre, según el plazo de ejecución de cuatro meses establecido en el contrato.

Desde hace más de un año este parque tiene sus bancas dañadas, fuentes removidas y parte de su alumbrado apagado.

Los líos de uno de los constructores

El Consorcio Parque Bolívar, encargado de las obras de mantenimiento del Parque, está integrado por dos empresas:

• RYD Construcciones SAS, con una participación del 90%.
• Y Proyectos de Ingeniería Civil SAS Proicivil, con el 10% restante.

El representante legal de ese consorcio es Reinaldo Yalí Díaz, quien también es el representante de RYD Construcciones, la empresa con la mayor participación en el consorcio. Se trata de una firma cartagenera, creada en 2011 y dedicada a la construcción de obras civiles.

Justamente, esa empresa llega a estos trabajos de reparación con líos a cuestas por obras anteriores, que organismos de control calificaron como ejecuciones de mala calidad, durante el gobierno interino del exalcalde Dionisio Vélez en Cartagena.

Como parte de dos de los tres consorcios seleccionados por la administración de Vélez, RYD Construcciones SAS fue la encargada de adecuar 53 sedes educativas, que presentaron deterioro incluso antes de ser entregadas a la comunidad educativa.

Los dos consorcios en los que tuvo participación RYD fueron Mejoramiento Educativo, al que le correspondió la reparación de 40 instituciones por $15.588 millones, y Mantenimiento IE, que reparó 13 colegios, por $7.677 millones. 

Rectores y comunidad educativa de varias de esas sedes intervenidas denunciaron, primero, los retrasos de los trabajos y, posteriormente, el deterioro de las obras.

Por la alerta sobre la mala calidad, la Contraloría empezó a auditarlas en 2016 y determinó que las construcciones y adecuaciones tenían deterioro prematuro, y que se habían presentado cambios en los usos proyectados para determinados espacios, por lo que le sugirió a la Alcaldía de Cartagena, como medida correctiva, un “mantenimiento recurrente”, contó La Contratopedia en un especial sobre la fallida locomotora de transformación educativa del gobierno de Vélez en Cartagena. 

Además, el exsenador Antonio Navarro Wolf, mencionó a RYD Construcciones como una de las empresas acaparadoras, justo en el gobierno de Vélez en Cartagena. 

“En Cartagena también hay una repetición inquietante de contratistas: Martínez Caballero SAS ganó dos contratos con un solo oferente; Movicon SAS, dos contratos con un solo oferente; Reynaldo Yali Díaz, dos contratos con un solo oferente; y Proyecto y Gestión del Desarrollo SAS, ganó dos contratos con un solo oferente”, le contó el entonces senador a El Universal en 2016. 

Los accionistas de RYD Construcciones son:

– Reinaldo Yali Díaz, con el 58% de participación accionaria.

– Rodrigo Yali Díaz, con el 21% de participación accionaria.

– Y Eucaris Díaz Salas, con el 21% restante de participación.

La otra empresa encargada de ejecutar las obras de mantenimiento del Parque de Bolívar es Proyectos de Ingeniería Civil. Esa firma cartagenera se dedica a la construcción de obras de ingeniería, al alquiler de maquinarias y al comercio al por mayor de materiales de construcción y artículos de ferretería.

Empezó a funcionar en 2012 y es propietaria de dos firmas: Equipar Ing y Estamp_ Arte, ambas creadas en 2013, pero que ya hoy tienen canceladas sus matrículas en la Cámara de Comercio.

Su representante legal es Iván José Lora Lora.

Desde 2018, esta empresa está inscrita en el Registro Único de Proponentes, lo que le permite, desde entonces, ser contratista del Estado. 

Según el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), ha sido contratista de la Alcaldía de Turbaco (por $140.000.000), para adecuar unas sedes educativas en el corregimiento de Cañaveral, y de la Alcaldía de San Jacinto (por $328.323.624), para construir un muro de contención.

La investigación contra Covilco

La interventora de la obra se llama Covilco SAS y también tiene un lío a cuestas, que le viene de un contrato en el que participó como parte del Consorcio Interpuentes 2019. Ahí, Covilco tenía el 50% de participación junto al contratista José Javier Pereira, que tenía el otro 50%.

Ese consorcio era el encargado de la interventoría del contrato de construcción de un puente militar en la vereda La Solera, sobre el río San Jorge en el municipio de Caimito, Sucre. La obra era ejecutada por el Consorcio Puente San Jorge 2019 y según la Contraloría en su ejecución hubo un detrimento patrimonial de $1.337 millones. 

En la investigación, que se originó por un rosario de irregularidades en ese contrato, la Contraloría estableció que el consorcio interventor, del que formó parte Covilco, “desatendió sus obligaciones contractuales y legales, al abstenerse de verificar que el contrato de obra cumpliera con todos los requisitos y condiciones necesarias para su ejecución, además de pasar inadvertidas las deficiencias en las garantías constituidas por el Consorcio Puente San Jorge 2019″. 

A eso se suma que el ente de control fiscal se encontró con que el contrato de la interventoría tenía “deficiencias en las pólizas de seguro para los riesgos de cumplimiento”, y también “de buen manejo y correcta inversión del anticipo”. 

Por esos cuestionamientos, la Contraloría vinculó a Covilco, a su socio José Javier Pereira, a las empresas encargadas de la obra y a varios funcionarios públicos de Caimito, Sucre, como presuntos responsables fiscales, en un caso que aún sigue abierto.

Covilco fue constituida en 2001 en Bogotá y desde entonces está registrada en la Cámara de Comercio de la capital del país como una empresa dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil. 

Sus dueños son los hermanos Rogelio Carlos y Víctor José López Galván. La representante legal es Adoración de Dios Galván de López, madre de los dueños de la firma.

Además de su sede en Bogotá, esta empresa tiene sucursales en Montería, Valledupar y Barranquilla.

Según el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), esta empresa ha firmado 29 contratos con alcaldías y gobernaciones en diferentes regiones del país, que suman $4.080 millones. La mayoría de ellos han sido para realizar las interventorías de obras públicas.

Que uno de los constructores y el interventor de la esperada reparación del Parque de Bolívar, en la capital turística de Colombia, tengan líos por dudas en su desempeño como contratistas aumenta los reflectores sobre un proceso que desde sus anuncios generó dudas.