Los problemas de contratación que sacaron a Armando Córdoba del gabinete de Dau en Cartagena

A diferencia del anterior anuncio de moción de censura contra el secretario de Participación de Cartagena, Armando Córdoba, este segundo intento que terminó removiéndolo de su cargo parece haber tenido más razones técnicas que el habitual argumento de “persecución política”, esgrimido en el pasado por el alcalde William Dau y varios de sus funcionarios ante el milimétrico control político del Concejo.

La lentitud en los contratos de alimentos para los adultos mayores y la falta de inversión en los centros de vida sacaron a Córdoba del gabinete de Dau. Esa lentitud contrasta, en cambio, con las 327 órdenes de prestación de servicios que firmó este primer semestre del año y por las que los concejales —e incluso desde adentro de la administración— le señalan intenciones electorales.

Quince concejales votaron su salida, dos lo respaldaron (Luder Ariza y Sergio Mendoza, miembros de la Alianza Verde, mismo partido en el que milita Córdoba) y dos no votaron (Fernando Niño, del Partido Conservador, y Claudia Arboleda, del Partido Mira).

El Concejo ahora debe notificar su decisión al alcalde para busque una nueva cabeza para la Secretaría  de Participación Ciudadana.

La votación de la moción de censura estuvo marcada por protestas a las afueras del Concejo, en la Calle del Arsenal, donde el removido secretario Córdoba dijo que detrás de su salida había una alianza corrupta entre concejales y casas electorales cuestionadas de Bolívar.

Particularmente, Córdoba señaló a la casa Blel, liderada por el condenado por parapolítica Vicente Blel Saad, padre del actual gobernador de Bolívar Vicente Blel Scaff. Señaló a los Blel porque tienen participación en el Concejo de Cartagena y por sus intenciones —dijo— de llegar a la Alcaldía de Cartagena.

Más allá de eso, esta moción de censura sacó a flote problemas en la estructuración de contratos en la Secretaría de Participación Ciudadana y cortocircuitos de esa dependencia con la Unidad Administrativa de Contratación (UAC), adscrita a la Secretaría General del Distrito.

Los problemas de ejecución y contratación

La principal razón por la que los concejales votaron la moción de censura contra Armando Córdoba fue la falta de gestión de su cartera para contratar uno de los programas bandera de su dependencia: la alimentación para los adultos mayores. Una de las acciones misionales de la Secretaría de Participación Ciudadana, que debe velar por la población vulnerable, como adultos mayores, jóvenes en riesgo y habitantes de calle.

Con ese proceso de contratación, la Alcaldía subsidia alimentos para casi 15.000 adultos mayores, adscritos a los centros de vida y a otros nueve puntos de atención del Distrito. Esos espacios, ubicados en distintos barrios y zonas insulares de Cartagena, forman parte de la política de la Alcaldía para atender a ciudadanos de escasos recursos de más de 60 años, quienes necesitan mayor auxilio desde que comenzó la pandemia por coronavirus.

Los concejales cuestionaron, en un debate de control político celebrado el pasado 8 de junio, que hasta ahora Córdoba sólo haya ejecutado los recursos para los hogares geriátricos, por $1.547 millones, pero no haya ejecutado parte de los $6.650 millones presupuestados para alimentación ni parte o la totalidad de los $123.750.000 para el pago de arriendos a los inmuebles donde funcionan algunos centros de vida. 

También le cuestionaron los pocos avances en la adecuación y reconstrucción de esos espacios, que tienen recursos disponibles por $1.800 millones. Estos procesos de infraestructura están en etapa de elaboración de pliegos y son obras clave porque en ellos los adultos mayores reciben servicios de medicina general, nutrición, psicología y fisioterapia. 

La concejal Gloria Estrada, del Partido Liberal, cuestionó que la Secretaría de Participación dedicara todo 2020 a la elaboración de los estudios técnicos para las obras en los centros de vida y todavía hoy ese proceso esté en etapa de planeación. Los concejales Carlos Barrios, de Cambio Radical, y Óscar Marín, del Partido Conservador, dudaron que los tiempos le alcancen a la administración local para licitar, adjudicar e iniciar obras antes de que acabe el año.

El secretario Córdoba respondió, este martes en una audiencia pública de descargos ante la plenaria del Concejo —requisito previo a la votación de la moción, celebrada este miércoles 16 de junio—, que la contratación de alimentos se ha demorado porque, a diferencia de otros años, en lo corrido de 2021 ha sido poco el recaudo por Estampilla Años Dorados. 

Ese impuesto equivale al 2% de los contratos firmados por personas naturales y jurídicas con dependencias centralizadas o descentralizadas del Distrito, la Contraloría Distrital y la Personería Distrital. Con esos recursos se financian los programas de asistencia social para la tercera edad, incluida la alimentación.

Antes de los descargos, Córdoba le había dicho a los concejales (el 8 de junio) que los procesos de contratación para alimentos e infraestructura estaban radicados en la UAC, pero que los tiempos de contratación dependían de esa unidad y no de su cartera. “Dejamos claro que en la Secretaría de Participación hacemos la etapa precontractual”, precisó.

Sin embargo, La Contratopedia conoció el reporte detallado de la unidad de contratación sobre los procesos que Córdoba radicó en esa dependencia. El 19 de mayo, Participación envió un proceso para contratar, por subasta inversa electrónica, paquetes de alimentos por dos meses por $2.491 millones. 

La UAC lo devolvió a Participación, el 27 de mayo, con recomendaciones jurídicas y financieras y, según confirmó Nanee Valenzuela Plaza, directora de la UAC, el documento no regresó a su equipo con los ajustes sugeridos. 

Tras el debate de control político del pasado 8 de junio, el secretario Córdoba radicó, el 9 de junio, un nuevo proceso de contratación en la UAC para adquirir los paquetes de alimentación, ya no por dos meses, sino por un semestre y por $5.038 millones, a través de una selección abreviada por Bolsa Mercantil. Es decir, que Córdoba presentó un proceso completamente nuevo, cuando ya el Concejo había aprobado iniciar la moción de censura en su contra. 

A ese nuevo documento —dijo Valenzuela— el equipo de la UAC también le hizo observaciones y se lo envió de vuelta a Participación Ciudadana, el domingo pasado. Esas subsanaciones debían llegar este martes a primera hora a la UAC, sin embargo, hasta el mediodía no habían llegado.

Y sobre la contratación de adecuaciones para los centros de vida de Chiquinquirá, La Candelaria, San Francisco, Bellavista y Nuevo Paraíso —otro proceso sobre el que Córdoba no mostró avances—, la UAC confirmó que ese proyecto fue radicado apenas el pasado 9 de junio para su revisión, por lo que a la fecha sigue en estudio.

Ese proceso de selección abreviada está presupuestado en $898.497.223 y proyecta un plazo de ejecución de cuatro meses.

Todas estas demoras en la ejecución de inversiones sociales para atender a los adultos mayores contrastan con la ejecución del presupuesto de funcionamiento de ese programa, a través del cual la Secretaría de Participación ha contratado 189 órdenes de prestación de servicios (OPS) por $2.646 millones, mientras que durante el primer semestre de 2020 el número de OPS no sobrepasó las 150 ni los $1.189 millones. 

La Secretaría de Participación está por cerrar este primer semestre de 2021 con 327 OPS firmadas, por $4.401 millones, para reforzar todos sus programas. Una cifra que concejales, como el conservador Marín, cuestionaron porque parecen formar parte de “una estrategia para captar electorado”.

Junto a la Secretaría del Interior —liderada por el exconcejal David Múnera—, la dependencia de Participación ha estado bajo especial escrutinio del Concejo desde hace meses porque algunos concejales han dicho que sus contratos por OPS tienen fines clientelistas por estar, una parte de ellos, en manos de militantes del Moir, Alianza Verde y Colombia Humana, fuerzas que apoyaron a Dau en las urnas. En las dos primeras colectividades militan los titulares de esas carteras, respectivamente.

Esos señalamientos persiguen a Córdoba desde el año pasado porque, además de haber sido candidato a la Alcaldía de Cartagena, es cercano a la psicóloga y exgerente de la candidatura de Gustavo Petro en Cartagena para las presidenciales de 2018 Lidys Ramírez. Juntos le hicieron campaña al líder de la Colombia Humana.

Ramírez no solo es un poder a la sombra en la administración Dau sino una ciudadana con aspiraciones electorales. No descarta, como le dijo a La Contratopedia, lanzarse al Congreso. Una aspiración que Dau ve “con buenos ojos” para convertirla en uno de los ases de su movimiento, de cara a las legislativas de 2022.

Ese interés electoral y el hecho de que personas del círculo de Ramírez tengan contratos de OPS en la Secretaría de Participación han aumentando las dudas entre los concejales sobre el posible uso electoral que Córdoba pueda estarle dando a esa dependencia.

Mientras la audiencia de descargos se celebraba en el Concejo este martes, Ramírez estuvo liderando a las afueras de ese recinto un plantón contra los concejales. “Corruptos” y “mentirosos” fueron algunos de los calificativos que ella y varias personas más incluyeron en sus arengas. 

“Un concejo corrupto, clientelista y revanchista pretende dar cátedra de moral”, publicó Ramírez en su Facebook junto a un video de 10 minutos con imágenes del plantón.

Con la moción de censura contra Córdoba en ciernes, Dau ha sido cauteloso y casi no ha hablado del tema en público. 

La poca defensa pública de Dau

La moción de censura celebrada este miércoles marca un hecho sin precedentes en esta capital: es la segunda vez, en menos de año y medio de gobierno local, que el Concejo apeló a ese mecanismo para sacar a una cabeza de cartera.

El cabildo sacó en diciembre pasado al secretario de Planeación Guillermo Ávila Barragán, quien en marzo se reincorporó al gabinete vía tutela, pero después renunció.

A diferencia de aquella moción de censura, hasta ahora, el alcalde no ha hecho una férrea defensa pública de su funcionario.  Solo manifestó, a través de un comunicado de prensa del 10 de junio, "su solidaridad y respaldo a la gestión" de Córdoba. Dijo que esperaba que esa gestión pesara "más que cualquier intención de revanchismo político" en los debates de esta moción de censura.

La Alcaldía envió ese comunicado dos días después del anuncio de moción de censura.

En esta ocasión, Dau tampoco ha señalado a los concejales de “malandrines”, como sí lo hizo cuando el Concejo intentó votar una moción de censura contra Córdoba, recién llegado al cargo. Sin haber cumplido su primer mes en esa dependencia, los concejales le cuestionaron su hoja de vida para desempeñarse como secretario.

Señalamientos a los que Córdoba respondió, a través de la prensa local, tildando de extorsionistas a los concejales. Dio a entender que le estaban pidiendo puestos —aunque después se retractó— y que la moción era parte de la persecución política contra Dau, quien ganó en las urnas sin el apoyo de las casas políticas electorales y con representación en el Concejo (García - Zuccardi, Blel, Lidio García).

Un discurso que Dau respaldó en aquel momento, pero ahora no usa en público.

Desde enero pasado, la relación entre Dau y el Concejo ha sido más cordial de lo que lo fue el año pasado: una fotografía del mandatario con el presidente del Concejo Wilson Toncel, el segundo vicepresidente del Cabildo Hernando Piña y el secretario del Interior David Múnera marcó el inicio de un nuevo periodo de sesiones ordinarias y de comunicaciones menos tensas entre el Distrito y la corporación.

La Contratopedia conoció que parte de ese avance en las relaciones entre el Concejo y Dau está en que ahora hay un diálogo fluido y directo entre la mesa directiva de la corporación y el mandatario.

De hecho, en este proceso de moción de censura contra Córdoba, al mandatario lo llamaron desde el cabildo y le explicaron en qué consiste ese mecanismo y le garantizaron que escucharían a su funcionario sin interrupciones, como ocurrió.

Con ese panorama de poca ejecución misional, con al menos 15 de los 19 cabildantes cuestionándolo y sin el alcalde defendiéndolo públicamente, Córdoba llegó a la votación de la moción de censura con el viento en contra.

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[Nota de la editora] Esta historia se actualizó tras la votación de moción de censura del Concejo de Cartagena.